Abogados frenan nuevo intento de Trinidad y Tobago de repatriar a los 16 niños y 10 adultos venezolanos

Credito: Web

26-11-20.-Los 26 venezolanos, 16 niños y diez adultos, no serán deportados mientras un juez de la Corte Suprema determine la impugnación de la legalidad de su deportación.

Los 26 serán trasladados a las instalaciones de cuarentena del Estado en el helipuerto de Chaguaramas y fueron puestos bajo órdenes de cuarentena por el médico jefe.

Las órdenes de cuarentena para los 26 se presentaron en la corte. Se les pedirá que permanezcan en el helipuerto durante los próximos 14 días hasta que el tribunal tome una determinación final sobre su estado en Trinidad y Tobago.

El tribunal ordenó que los llevaran allí antes de las 6 am del jueves.

El juez Avason Quinlan-Williams dio la orden justo antes de las 9.30 pm del miércoles.

El domingo ordenó al Estado llevar a los niños y nueve mujeres a los tribunales en respuesta a un recurso de hábeas corpus que aprobó.

Se entiende que también les dijo a los abogados del Estado que trabajaran en el establecimiento de una política para los solicitantes de asilo, ya que no podían acudir a los tribunales a diario.

El juez dijo que el problema no era asunto del tribunal, sino del ejecutivo. Dijo que se debe abordar el tema de los solicitantes de asilo, «como está aquí con nosotros».

Ella aconsejó a los abogados del Procurador General que fueran a ver a su cliente y le dijeran que debía elaborar una política para tratar con «todas estas personas». Dijo que la situación no podía continuar de esta manera, con niños detenidos en instalaciones similares a cárceles o comisarías de policía o separados de sus padres.

Quinlan-Williams también preguntó por qué no se podía poner en cuarentena a todos los niños en casa con sus padres. Para la mayoría de ellos, al menos uno de sus padres es titular de una tarjeta de solicitante de asilo del ACNUR o está registrado en el programa de amnistía del gobierno.

Uno de los menores, un niño de cuatro años con una afección cardíaca, su hermana y su madre, quienes regresaron en una piragua el martes, podrán quedarse con su padre en Marabella después de la cuarentena.

Los abogados de la Autoridad de los Niños dijeron al juez que la casa del padre había sido inspeccionada y se consideró adecuada. Es probable que se aplique lo mismo a los demás.

Se dieron garantías de que el grupo no será deportado mientras el asunto esté ante los tribunales. Regresarán a la corte a las 7 pm el jueves.

La audiencia de la solicitud de amparo, que fue presentada junto con un recurso constitucional y otra solicitud de hábeas corpus, comenzó a las 20.15 horas del miércoles.

Antes de que comenzara la audiencia, el juez preguntó sobre la presencia de quienes acceden a la audiencia virtual. Solo permitió representantes legales para las Autoridades de la Niñez, los de los venezolanos y las distintas ramas del Estado.

Incluso el presidente de la Law Association, Douglas Mendes, SC, quien dijo que la asociación fue servida como parte interesada, y otros representantes del consejo de la asociación, los medios de comunicación y varios otros abogados fueron retirados del enlace.

Más temprano el miércoles, los abogados del grupo, que incluye a 16 niños, entre ellos un bebé de cuatro meses, presentaron una acción en el Tribunal Superior con el objetivo de evitar que las autoridades locales los devuelvan nuevamente.

La acción cuestiona la legalidad de su deportación. Un certificado de urgencia presentado junto con él dice que es de extrema urgencia, ya que el Estado ha "demostrado la intención de buscar eludir la jurisdicción de la corte" al tomar medidas para la deportación de los venezolanos.

También piden una orden judicial que impida su expulsión de Trinidad y Tobago y órdenes provisionales para liberar a los menores bajo la custodia de sus padres.

El reclamo también solicitó una orden para que el Estado determine la condición de refugiado de los venezolanos y decida si tienen derecho a protección bajo el principio de unidad familiar, así como bajo las protecciones otorgadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la política nacional para abordar los asuntos de refugiados y asilo, y las leyes de TT.

El grupo de 16 niños, nueve mujeres y al menos dos hombres regresaron a Trinida y Tobago tres días después de que fueron puestos en dos piraguas y devueltos a aguas venezolanas por la Guardia Costera. 

Poco antes de la 1 de la tarde del martes, el grupo volvió a desembarcar en piragua en la playa de Los Iros.

Poco después, llegó la policía y los llevó a una casa de huéspedes cercana, tras lo cual los llevaron al centro de salud de Siparia. Ahora están en la comisaría de Erin.

El domingo por la noche, Quinlan-Williams ordenó a la Fuerza de Defensa que presentara al grupo de mujeres y niños el lunes en el auto de hábeas corpus presentado en su nombre.

Pero en el tribunal le dijeron al juez que no estaban bajo la custodia de la Fuerza de Defensa, ya que habían sido llevados a la frontera marítima entre TT y Venezuela poco antes del mediodía del domingo.

A Quinlan-Williams se le dijo que no podía emitir una orden para su regreso, ya que estaban fuera de TT y, por lo tanto, de la jurisdicción del tribunal.

*Con información de Newsday



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