27.03.20 - Washington ofreció 15 millones de dólares por el arresto del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, y 10 millones por otros integrantes del gobierno. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo dramáticamente que Maduro “utilizó deliberadamente la cocaína como arma”. ¿Evidencia de esto? Absolutamente ninguna.

Sanciones

Es surrealista que EE.UU., durante la pandemia global de COVID-19, elija poner sus esfuerzos en esta acusación ridícula y sin pruebas contra Maduro y otros líderes del gobierno. Se aprovecharía mucho mejor el dinero que se ofrece como recompensa, por ejemplo, en el hospital sobresaturado de Elmhurst en la ciudad de Nueva York. 

Ya existe presión sobre la Casa Blanca para que elimine las sanciones no sólo contra Venezuela sino también contra Irán (el New York Times lo solicitó el 25 de marzo). 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado en claro que este no es el momento para obstaculizar la capacidad de los países para obtener suministros valiosos para hacer frente a la pandemia. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llamado a poner un alto al fuego en los conflictos; se espera que en cuestión de días se acuerde allí una declaración sobre las sanciones. Ahora, por desesperación, EE.UU. ha tratado de cambiar el eje de atención desde el COVID-19 y las sanciones, hacia el narcoterrorismo.

Cuando se le preguntó acerca de las acusaciones sobre los funcionarios venezolanos, el fiscal general de EE.UU., William Barr, trató de decir que la culpa no estaba en Washington sino en Caracas. Afirmó, nuevamente sin ninguna evidencia, que Venezuela está bloqueando la entrada de ayuda al país. 

Nada podría estar más lejos de la verdad, ya que Venezuela ha recibido suministros sanitarios y personal médico de China, Cuba y Rusia, así como de la OMS. De hecho, esta última ha solicitado a los EE.UU. para que revea las sanciones para permitir un mayor flujo de bienes al país, una solicitud que las autoridades estadounidenses han rechazado, de la misma forma que lo hicieron con Irán. 

Cuando Venezuela acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) con una solicitud de cinco mil millones de dólares  para compras relacionadas con COVID-19, fue el gobierno de los EE.UU. quien presionó para que rechazara la solicitud.

El Fiscal Barr puede sostener todo lo contrario a estos hechos porque ninguno de los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa nunca lo desafiaría

Cambio de régimen

En 1989, EE.UU. utilizó la acusación de narcotráfico, específicamente el tráfico de cocaína, para atacar a su exagente, el presidente de Panamá, Manuel Noriega. Se basó en esta acusación, y en una denuncia en Florida, para invadir el país, apoderarse de Noriega, plantar un títere de Washington en la ciudad de Panamá y arrojar al ex presidente a una prisión en Florida.

La sombra de cómo EE.UU. operó en Panamá se cierne sobre Caracas: ¿lanzará una incursión expedicionaria basada en esta nueva acusación? Esta no es una pregunta teórica. Washington ha intentado desde al menos enero de 2019 desestabilizar y derrocar  al gobierno venezolano. Lo que hace esta acusación es simplemente tratar de darle otra vuelta a la tuerca.

La recompensa por las cabezas de Maduro y otros líderes sugiere que el gobierno de los estadounidense esencialmente ha puesto precio -al estilo de la mafia- a estos venezolanos. Este es un movimiento muy peligroso. Básicamente, da a los gangsters luz verde para intentar el asesinato dentro de Venezuela. 

La negativa a permitir que Maduro viaje fuera de su país es una violación de una serie de convenciones internacionales que promueven la diplomacia sobre la beligerancia. Pero, dada la forma ilegal en que la Casa Blanca ha formulado su estrategia de cambio de régimen contra Venezuela, es poco probable que alguien critique esta medida.

Unas horas antes del anuncio en Washington, comenzó a correr la voz de que EE.UU. iba a colocar al gobierno de Venezuela en la lista de “patrocinador estatal del terrorismo”, la más alta condena de un gobierno. Pero se detuvieron. Y la pausa en sí llegó por razones absurdas. 

Si acusaran al gobierno de Maduro de ser un “patrocinador estatal del terrorismo”, entonces estaría reconociendo tácitamente que el gobierno de Maduro es de hecho el gobierno de Venezuela. Desde el año pasado, uno de los intentos de desestabilización consiste en negar que sea el gobierno legítimo. De hecho, negar que fuese cualquier tipo de gobierno. Entonces, EE.UU. tuvo que abstenerse de hacer tal pronunciamiento, atrapado por su propia lógica.

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump no se atreve a tomar medidas contra sus aliados en los principales países productores y traficantes de drogas: Colombia y Honduras. El ex presidente colombiano y actual miembro del Senado, Álvaro Uribe Vélez, está implicado en más de 270 casos judiciales en Colombia con cargos que incluyen escuchas telefónicas ilegales, crimen organizado, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. Uribe y los miembros de su familia tienen vínculos probados con el grupo paramilitar Metro Block de Antioquia, responsable de miles de asesinatos de civiles colombianos y profundamente involucrado en el narcotráfico. Uribe y su protegido Iván Duque, presidente de Colombia, tienen una estrecha relación con el gobierno de los EE.UU. y han sido la piedra angular y aliada de diversos planes para atacar a Venezuela.

Por su parte el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, estuvo implicado en el caso presentado por un tribunal federal de Nueva York contra su hermano Antonio Hernández, y los fiscales alegaron que el mandatario había recibido 25.000 dólares en sobornos de narcotraficantes que se utilizaron para su campaña presidencial de 2013.

La declaración emitida por el Departamento de Justicia de los EE.UU. se lee entonces como un thriller, y la falta de evidencia lo compara con la ficción. Enumera nombres y acusaciones, hace referencias constantes al “narcotráfico” y afirma que el gobierno venezolano quiere “inundar” a territorio estadounidense con cocaína. 

Se necesitaría un esfuerzo sobrehumano de ceguera para creer estas acusaciones delirantes, escandalosas y sin fundamento. Pero el problema es que el pueblo de Venezuela debe tomar esto en serio, ya que significa una profundización de la beligerancia por parte de Washington. El pueblo de Venezuela advierte que se trata de una situación tipo Panamá, con toda razón.

En definitiva, el comentario del secretario general de la ONU referido  a que es hora de un llamado a un cese al fuego en todos los conflictos dada la pandemia global, debería aplicarse a la guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela. Esa guerra tiene que parar ahora. Es tiempo de la curación y la compasión, no de la masculinidad tóxica y la guerra.

Vijay Prashad, historiador y periodista indio, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social

Paola Estrada, integrante del Secretariado de la Asamblea Internacional de los Pueblos y del Capítulo brasileño del ALBA Movimientos

Ana Maldonado, integrante del Frente Francisco Miranda, Venezuela

Zoe PC, periodista de People Dispatch