Ante impedimento de entrada del gobierno peruano

TSJ participó en la Cumbre Judicial Iberoamericana mediante videoconferencia

Magistrados exhortaron a reflexionar sobre la negativa de Perú a concederles el ingreso a su nación.

Magistrados exhortaron a reflexionar sobre la negativa de Perú a concederles el ingreso a su nación.

3 oct. 2019 - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejerció su derecho de palabra ante la Cumbre Judicial Iberoamericana mediante una videoconferencia en la que intervinieron la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, primera vicepresidenta del Máximo Juzgado venezolano y presidenta de la Sala Electoral, junto al magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional y coordinador nacional de la República Bolivariana Venezuela en la cumbre.

Los magistrados exhortaron a reflexionar sobre la negativa de la autoridad migratoria del Perú a concederles el ingreso a esa nación, donde fueron invitados a participar en la 2da Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana.

Luego de la intervención, los participantes en la videoconferencia agradecieron el mensaje de sus homólogos venezolanos y se mostraron receptivos al llamado de reflexión hecho para evitar que ocurra nuevamente una situación como la descrita, reseña nota de prensa del TSJ.

La Sala Plena del Máximo Juzgado de Venezuela emitió un comunicado en el cual señala que al no concedérsele su ingreso por parte de la autoridad migratoria del Perú a los integrantes del TSJ enviados, “se actuó al margen de los principios que enaltecen el derecho internacional, atentando contra los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, fundamentados en la Carta de las Naciones Unidas, dejando sin voz a la representación judicial de Venezuela en la 2da. Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana”.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela también emitió un comunicado, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual manifestó su rechazo ante la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano a sus magistrados ante la mencionada Cumbre.



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