6 de enero de 2018.- La emigración venezolana es un fenómeno nuevo para los habitantes de el país caribeño. Desplazados económicos han llegado a las fronteras y han hecho morada donde pueden. Huyen de una crisis económica, política y social sin precedentes en la historia contemporánea de la patria de Bolívar.
Es el caso de la comunidad de Boa Vista, una ciudad de 330 mil habitantes, y en la que los venezolanos han construido pequeñas "favelas" de venezolanos en la Amazonia brasileña, donde creció vertiginosamente el número de inmigrantes, parte de los cuales son víctimas de "xenofobia" y explotación sexual.
Una de las"favelas" se encuentra en un albergue de la periferia de Boa Vista, capital del estado de Roraima. En ese predio del barrio Tancreo Neves predomina el hacinamiento y la falta de sanitarios, ante lo cual se construyeron pequeños "barracos", viviendas precarias de madera y lata, donde viven las familias. Una de las viviendas, de dos cuartos, está ocupada por 31 personas, entre ellos varios niños.
También aumentó el número de jovencitas, en parte indígenas venezolanas, que son obligadas a prostituirse a cambio de comida en el barrio Caimbé, en las afueras de Boa Vista.
La alcaldesa de Boa Vista, Teresa Surita, afirmó que la ciudad se "encuentra en colapso", debido a la creciente demanda de habitación, salud y educación planteada por los extranjeros.
Una delegación de ministros visitará Roraima, informó la semana pasada el titular de Desarrollo Social, Osmar Terra. No se descarta que el gobierno federal monte un campamento para los inmigrantes.
Roraima fue visitada recientemente por miembros del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que informaron sobre los "conflictos entre la población local y los inmigrantes venezolanos".
Parte de la responsabilidad de la crisis recae sobre las autoridades federales y estaduales que se han desentendido del problema, y en algunos casos atizan la xenofobia, señaló el CNDH. "El discurso del odio se está difundiendo en las redes sociales y en programas policiales de televisión, y las autoridades locales refuerzan ese discurso", planteó Camila Asano, del CNDH.