15 julio 2017 - El Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela solicitó este viernes al presidente Danilo Medina y al ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, su intervención para impedir la realización del plebiscito ilegal que pretende efectuar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela en suelo dominicano.
Mediante un comunicado, el comité explicó que la finalidad del plebiscito es “boicotear el proceso de la Constituyente que convocara el presidente Nicolás Maduro Moro, para el día 30 del mes de julio del presente año, a realizarse en la República Bolivariana de Venezuela”.
Enfatizaron que la convocatoria de la oposición venezolana es de carácter ilegal, ilegítima y arbitraria, pues “se pretende realizar al margen de las leyes nacionales, y de la Constitución de la República, el próximo 16 del mes de julio, las cuales prohiben tajantemente las actividades políticas de los extranjeros y extranjeras residentes en el país”.
El comité sostuvo que la posible realización convocada por la MUD, estaría violando el orden constitucional de República Dominicana y las relaciones que se mantienen en ambos países, como lo establece el artículo 25, de la Carta Magna de 2010, en Dominicana.
Este artículo hace referencia a que “los extranjeros y extranjeras, no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, sólo podrán ejercer el derecho al sufragio de su país de origen”.
Por lo que la oposición venezolana estaría violando unos de los derechos del país dominicano, al convocar a un plebiscito ilegal, que no fue convocado por el Poder Electoral de Venezuela.
“Es inconstitucional, al pretender utilizar nuestro espacio territorial para su realización, y es al mismo tiempo ilegal porque no se trata de un oficial proceso eleccionario, sino de consulta a los residentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en el país, porque lo que se ha convocado es a una Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela”, detalló el organismo.
El ente instó al Gobierno Venezolano, al Canciller de la República y a las demás autoridades a impedir y desautorizar cualquier medida o gestión tendente a la celebración del plebiscito, "por ser ilegal, ilegítimo e inconstitucional, y violatorio a nuestro territorio y a nuestras relaciones de hermandad con el pueblo Bolivariano de Venezuela".
