No puede juramentarse quien no demostró su victoria electoral
Hoy 10 de enero de 2025 está previsto que asuma la presidencia el candidato ganador en las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, las irregularidades ejecutadas por las instituciones responsables de conducir los procesos comiciales en Venezuela, han generado una profunda crisis de legitimidad, y hasta el día de hoy, el candidato que a todas luces perdió por paliza esas elecciones, es el que pretende juramentarse como presidente por el período 2025-2031. Estas irregularidades pueden resumirse en:
1) El Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolas Maduro el lunes 29 de julio, a pesar de que el resultado parcial leído por Elvis Amoroso, presidente del CNE en la madrugada de ese mismo día 29, no representaba una “tendencia irreversible”, pues la diferencia entre los dos primeros candidatos era de apenas 700 mil votos, y de acuerdo al mismo CNE, faltaban por contarse casi 2.500.000 votos.
2) En segundo término, todos los resultados parciales que conoció el país al cerrar las votaciones el 28 de julio, daban como ganador a Edmundo González Urrutia por una amplia diferencia, que representaba más del doble de los votos obtenidos por Nicolás Maduro. Esa apreciación se ha podido corroborar con los miles de videos que se han recopilado en estos meses, de diferentes mesas y centros de votación en todo el país, donde los responsables de mesas y centros electorales leen los resultados obtenidos allí, ante decenas de personas de la comunidad, y en los cuales aparece como ganador por amplias diferencias de votos el candidato Edmundo González. De igual forma, sectores de oposición que apoyaron a González Urrutia, han presentado hasta un 85 por ciento de las actas de votación, recogidas por sus testigos electorales, en las cuales los porcentajes son de 67 % de votos para Edmundo González, y 30 % de votos para Nicolás Maduro.
3) Hasta hoy, 10 de enero de 2024, el Consejo Nacional Electoral no ha presentado los resultados totales de la votación del 28 de julio, violando el artículo 116 de la ley electoral que establece un lapso de 48 horas para presentar dicha totalización. Ni ha presentado los resultados por mesas de votación, por centros electorales, por parroquias, municipios ni estados de la República. Tampoco ha presentado resultados obtenidos por cada uno de los partidos que postularon candidatos. Esta irregularidad violenta lo establecido en el artículo 125 de la ley electoral, que establece un lapso de 30 días para publicar el resultado de la votación en la Gaceta Electoral.
4) El recurso contencioso electoral que introdujo Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de julio, para investigar, verificar y certificar los resultados de la votación del 28 de julio, define atribuciones que no competen a la Sala Electoral ni a ninguna otra sala del TSJ, pues son atribuciones exclusivas del CNE. Dicho recurso, que hasta hoy no se conoce de manera pública y permanece en el más absoluto secreto, pues el TSJ ha rechazado el acceso al mismo a quiénes lo han solicitado (como el caso del candidato opositor Enrique Márquez (actualmente detenido y desaparecido), es irregular pues al ser Maduro el candidato ganador, el mismo no tiene nada que demandar ante el TSJ, ni podía ser representado por el Procurador General de la República, pues no está en sus funciones representar a Maduro ni como presidente ni como candidato}; implica también ese recurso que se produjo una usurpación de funciones de parte de la Sala Electoral del TSJ, pues mientras el CNE no concluya las actas de totalización, el TSJ no tiene jurisdicción en ese campo.
5) La Sala Electoral, en respuesta al recurso introducido por Nicolás Maduro, dictó la sentencia n° 31, el 22 de agosto, certificando y convalidando el triunfo de Nicolás Maduro anteriormente anunciado por el CNE. Esta sentencia fue el resultado de una supuesta auditoría a las actas supuestamente presentadas por el CNE, actas que ningún testigo de la oposición pudo verificar, pues no hubo acceso a dicha auditoría, en la cual sólo participaron unos supuestos especialistas que nunca fueron identificados, y que aparecieron fotografiados usando gorras y tapabocas que impidieron visualizar sus rostros. Esta actuación de la Sala Electoral del TSJ, violentó toda la normativa legal del propio TSJ, y usurpó de manera abierta las funciones que la Constitución le establece al CNE.
6) Los candidatos Enrique Márquez y Antonio Ecarri introdujeron ante la Sala Constitucional del TSJ sendos recursos de revisión de la sentencia n° 31. Ambos recursos fueron rechazados por la Sala Constitucional, pero hasta el presente dichas sentencias no han sido publicadas, como tampoco ha sido publicada el fallo n° 31 de la sala electoral, ni tampoco se conoce el contenido del recurso de revisión que introdujo Maduro el 29 de julio ante dicha sala electoral. En otras palabras, opacidad absoluta, un sistema judicial que opera en un total secretismo, y ante el cual los ciudadanos no tenemos ninguna opción para actuar legalmente.
Ante todas estas irregularidades, es evidente que no puede considerarse a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones del 28 de julio. Todo indica que el ganador habría sido Edmundo González Urrutia. Y el único mecanismo legal que puede resolver esta situación es que el Consejo Electoral haga públicas las actas de totalización de la votación del 28J, y sus resultados disgregados por mesa, por centro, por parroquia, por municipio y por estado.
Estaría en pleno desarrollo un gigantesco fraude electoral, por parte del poder dominante en Venezuela, Nicolás Maduro y su partido PSUV, ante el cual la ciudadanía, como lo demostró los días subsiguientes al 28 de julio, sólo le queda como alternativa la resistencia pacífica, la protesta democrática que ha tenido como respuesta del gobierno una brutal represión, que ha generado la detención de más de dos mil ciudadanos, incluyendo centenares de mujeres y adolescentes, los cuales han sido muchos de ellos sometidos a torturas y tratos crueles e infamantes.
El pueblo votó por Edmundo González Urrutia para salir de Maduro y del PSUV. EGU era un absoluto desconocido un día antes de ser inscrito como candidato "tapa". Recuerdo que el gobierno le tenía terror a la posibilidad de que fuera Lorenzo Mendoza el candidato de la derecha. Pues resultó que un anónimo cualquiera le sacó más del doble de votos a Maduro.
Sin campaña electoral, sin afiches, sin volantes, sin murales ni pancartas, sin operación remolque ni ninguna otra operación para llevar a la gente a votar, sin refrigerios, sin apoyo logístico de ningún tipo, y casi superan el 70 % de votos. El 28 de julio hubo una rebelión popular electoral, para salir de Maduro, y los días siguientes, hubo un nuevo Caracazo protestando el fraude y el golpe de estado.
Ciertamente MCM y EGU son de derecha, pero el respaldo popular que tienen, ampliamente mayoritario, calculo que en un 90 %, es sólo para sacar a Maduro.
El programa neoliberal que ellos eventualmente aplicarían (nada diferente al de Maduro), sería enfrentado de la misma forma como en los últimos años los trabajadores hemos enfrentado al paquetazo neoliberal de Maduro.
La complejidad de esta crisis política obliga a la gran mayoría de la población, que votó de manera contundente por un cambio político en el país, a impulsar jornadas de protesta pacífica que incluyan estas propuestas centrales:
A) La juramentación de Nicolás Maduro como presidente es un acto que violenta la Constitución, y por tanto, es ilegal. El actual gobierno se constituye, a partir de hoy 10 de enero, en una dictadura, en un régimen de facto, que se sostiene exclusivamente en los fusiles de las fuerzas militares, policiales y paramilitares que lo respaldan.
B) Denunciar por todos los medios, dentro y fuera de Venezuela, el fraude electoral y el golpe de estado en desarrollo.
C) Exigir la liberación de todos los detenidos en las protestas posteriores al 28 J, y en general, la liberación de todos los presos políticos existentes hoy en Venezuela.
D) Exigir aumentos inmediatos de los salarios y las pensiones que reciben los trabajadores en Venezuela, pues la anulación salarial que ha implementado Maduro ha aumentado los niveles de pobreza extrema que sufren amplios sectores de nuestra población.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 10 de enero de 2025
