"Sólo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte, como hombre individual, en ser genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales; sólo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, sólo entonces se lleva a cabo la emancipación humana".
Karl Marx, Acerca de la cuestión judía
Estamos cerrando un año convulsionado, marcado por la derrota del macrismo y el ascenso de un gobierno de cuño reformista, en el cual ciertos sectores de la izquierda popular han decidido participar, abonando al desalojo de la expresión más retardataria de la política institucional con capacidad de gobernar. Atentos a los desafíos que ello supone, intentamos aportar elementos para la muy necesaria reflexión acerca de la estatalidad capitalista. En esta última entrega abordaremos las enseñanzas que deja al respecto el proceso, quizás, más caro a esta tradición: la revolución bolivariana.
Como parte de su acervo identitario, la izquierda popular reivindica el proceso venezolano, sosteniendo la necesidad de defenderlo del asedio al que se encuentra sometido, recuperando la figura de Hugo Chávez, la reinstalación de un horizonte socialista, la redistribución de la renta petrolera, entre otros elementos de indudable progresividad. Sin embargo, el elemento más trascendente de la experiencia chavista es, quizás, el menos conocido: la experiencia de autoorganización popular en torno a Consejos Comunales y Comunas, entre otras formas organizativas.
Alguien supo preguntar una vez, lúcidamente, qué es lo revolucionario de la revolución bolivariana. Si hubiera que contestar tamaño interrogante en una sola frase, la respuesta sería, sin duda: las Comunas y los Consejos Comunales.
¿Cuál es el origen de estas formas organizativas? Tras ciertos antecedentes -como los Círculos Bolivarianos, los Comités de Tierra Urbana o las Mesas del Agua- los Consejos Comunales y las Comunas comenzaron a desarrollarse a partir del año 2006, habiéndose creado el Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social (antecedente del actual Ministerio de las Comunas) el año anterior. En 2007, derrotado por estrecho margen el referéndum para una reforma que pretendía darle rango constitucional a las Comunas y Consejos Comunales, el gobierno sancionó una batería de Leyes orgánicas que regularon su funcionamiento, entre las cuales destacan la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica de las Comunas (LOCC y LOC, respectivamente).
El Censo Comunal, realizado en septiembre de 2013, indicó la existencia de 40.035 consejos comunales, 1401 comunas y 28.791 movimientos sociales en el territorio venezolano, aunque su distribución en relación a la geografía y la concentración poblacional era muy despareja.
Si la existencia de formas asamblearias, como los soviets en Rusia y los consejos de fábrica en Italia, es una característica de las situaciones que Lenin y Trotsky definieron como de "dualidad de poderes", la existencia de un entramado organizativo de semejante desarrollo y, además, codificado en forma de leyes, supone una particularidad venezolana, como señala el sociólogo Martín Ogando al respecto. Ante un desarrollo débil de las organizaciones populares, ciertamente la iniciativa "desde arriba" jugó un papel fundamental, en el que la figura descollante de Chávez le imprimió al proceso una radicalidad difícil de sustituir.
Este rasgo supone, a la vez, una paradoja típica de los procesos revolucionarios: se trata de un Estado capitalista que impulsa organizaciones del poder popular, tendencialmente contradictorias con su propio carácter verticalista y centralizador de la toma de decisiones. No es una contradicción en el aire, su materialidad se patentiza en los fondos públicos –derivados de la renta petrolera– que el propio Estado distribuye a estos organismos. En este sentido, Ogando se pregunta: "Los fondos públicos canalizados por el Estado hacia los Consejos Comunales, cuya carencia podría socavar irremediablemente la posibilidad de efectiva autogestión comunal, constituyen en cierto sentido un arma de doble filo. ¿Producen mayor autonomía o mayor dependencia?".
Como señalan varias notas del sociólogo y cronista Marco Teruggi -el destinatario de la aguda pregunta mencionada anteriormente- las comunas actualmente cumplen un rol defensivo ante la guerra económica y la ofensiva político-militar de la derecha. En su concepción original, según la LOC, las mismas tienen como propósito "la edificación del Estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas". El desarrollo del autogobierno, financiado y regulado desde el propio Estado, tiene la potencialidad de viabilizar un camino que lleve "del gobierno de las personas a la administración de las cosas", como decía Marx, citando al sociólogo británico Herbert Spencer.
Claramente, la ofensiva conservadora que se descarga sin tregua sobre la hermana nación sudamericana ha limitado el desarrollo de las aristas más radicales contenidas, en potencia, en el proceso de las Comunas y Consejos Comunales. Sin embargo, ni el asedio imperialista, ni las contradicciones al interior del bloque popular-revolucionario han podido quebrar este entramado organizativo que resiste.
Un ejemplo del segundo caso, lo que Álvaro García Linera denomina "tensiones creativas", ocurrió en 2017, en el municipio Simón Planas del estado Lara: allí, un conjunto de organizaciones se propuso erigir en candidato a alcalde a Ángel Prado, referente de la Comuna el Maizal. Rechazado por el partido de gobierno, Prado se presentó con el aval de otra organización y ganó holgadamente los comicios. Su candidatura resultó anulada por el poder electoral, que proclamó ganador al candidato del PSUV, que había perdido. En estas mismas elecciones se consagró alcalde otro militante de base, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, en el municipio de Páez, en el estado Apure, señalando el carácter abierto de estas contradicciones al interior del proceso.
Los ejemplos anteriores dan cuenta de la potencialidad de las Comunas para erigirse en instancias de autoorganización y, eventualmente, autogobierno. Del mismo modo, señalan cómo el Estado y los aparatos partidarios tienden a rechazar este tipo de iniciativas, aun siendo conducidos por el proceso político que las impulsó.
Si el "semi-Estado proletario" de Lenin, descrito hace unas semanas, no sólo se resistió a extinguirse, sino que devino en un gigantesco aparato burocrático, el Estado venezolano –que nunca dejó de ser un Estado capitalista– no puede sino oponer resistencia.
De allí la necesidad de apoyar la construcción de poder popular, sabiendo que aquella estatalidad que resiste es -también- una condición de posibilidad, y que su desmonte será una tarea de años, sino décadas. Desde estas latitudes, el ejemplo del bravo pueblo venezolano recuerda que, incluso bajo conducciones progresistas y de izquierda, el Estado capitalista actuará, en última instancia, como freno a las transformaciones profundas que el país, la Patria Grande y el mundo necesitan desesperadamente.
La estrategia, tanto adentro como afuera del Estado, debe, entonces, orientarse en contra del mismo, con la mirada puesta en un horizonte en el que las personas libremente asociadas sean capaces de decidir sobre su propia vida sin más mediaciones que la organización popular.
Tomado de: Notasdelperiodismopopular.com.ar