Nos rehusamos analizar a Venezuela aislada de una región que se debe su independencia

Las líneas que siguen sobre Venezuela y América Latina, son reflexiones que, entre otras cosas, lleva adelante un programa de radio denominado "Nuestra América Bárbara", el cual se emite todos los martes a las 22 hs. por FM La Patriada. El mismo es producido por el Área de Estudios Nuestroamericanos y el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, de Buenos Aires, Argentina.

En los sucesivos programas hemos entrevistado a analistas como Atilio Borón, Stella Calloni, Telma Luzzani, Alfredo Serrano Mancilla, Juan Carlos Junio, Leandro Morgenfeld, Mario Volpe, Horacio López, Paula Klachko, Gerardo Szalkowicz, entre otros. Junto a ellos hemos analizado la situación de la región, poniendo especial foco en una Venezuela que aparece en boca de todos y que, por su excepcionalidad –como todo proceso de construcción de poder popular latinoamericano- incomoda a propios y extraños. Posicionarse en relación a la naturaleza del conflicto venezolano es poder dar cuenta de una larga tradición de procesos emancipatorios que han planteado programas de transformación sui géneris como consecuencia de una región que, previamente, había sido caracterizada como resultante de un proceso de independencia inconclusa.

Las constantes "noticias urgentes" de Venezuela promovidas por los grandes consorcios internacionales de información, nos obligan a considerar dos dimensiones fundamentales: la primera, el corrimiento del escenario regional tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina y el golpe de Estado en Brasil; la segunda, el asedio múltiple que recibe Venezuela desde 1999, intensificado desde 2013 con la muerte de Hugo Chávez y luego, con el triunfo legislativo de la oposición en 2015. Sin pasar por alto el golpe de Estado de 2002.

Resulta poco auspicioso analizar Venezuela perdiendo de vista el corrimiento regional. El ciclo de gobiernos progresistas iniciado con Hugo Chávez en 1999, encontró una decáda y media después, un intento sincronizado por parte de las derechas continentales por reagruparse. Estas derechas confeccionaron acciones tácticas más sofisticadas, que buscaron articular presión judicial, económica y mediática para desmontar, entre otras cosas, la centralidad del Estado en los asuntos económicos, los altos niveles de popularidad de algunos dirigentes, distintas políticas en materia de soberanía y, sobre todo, la inédita creación de instituciones de cooperación regional, a partir de una nueva geometría en materia de políticas de integración no neoliberales, que encontraron su punto más alto en la CELAC con la presidencia de Cuba.

Desde la VII Cumbre de las Américas en abril de 2015 en Panamá, el escenario regional empezaba a dar cuenta de algunas fisuras que marcarían el pulso de la etapa próxima y que el tiempo actual confirma. La presencia de Cuba hacía de la cumbre un encuentro histórico; sin embargo, la situación se jugaba en otro terreno: la calificación planteada por parte de Estados Unidos de Venezuela como "Amenaza a la Seguridad Norteamericana" era el hito central sobre el cual se organizaría un nuevo ciclo injerencista. Recordemos que, en ese mismo tono aparecía el conflicto de Argentina con los fondos especulativos y el golpe de mercado, y el iniciado proceso de impeachment en Brasil; dos temas que han sido determinantes a la hora de caracterizar el fin de los gobiernos de Crisitna Fernández y Dilma Rousseff.

Los mecanismos –en clave regional- han sido lo que en otrora fue el endeudamiento con los mercados financieros, desarticulación del entramado social, desregulación del comercio exterior y baja de impuestos al capital concentrado trasnacional y nativo. Bajo el manto de medios que solo construyen confusión y descreimiento en la herramienta política como instrumento de transformación social y económica.

Indicadores del corrimiento del escenario regional fueron, por ejemplo, la parálisis de organismos supranacionales como Unasur frente al golpe de Estado en Brasil, la crisis que presentó Mercosur en torno a la posición –fundamentalmente- por parte de Argentina, Brasil y Paraguay buscando expulsar a Venezuela, o el avance por parte del gobierno argentino en cuanto a "quitar obstáculos" que impidan la explotación británica en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, como se conoció en el acuerdo de septiembre pasado. El caso del golpe a Rousseff ilustra el modo en que las derechas continentales, en clara sintonía con el gobierno-sector privado estadounidense, buscaron ganar tiempo impidiendo a Venezuela asumir la presidencia pro tempore que le correspondía. Con Michel Temer como nuevo presidente, dejaron al organismo sin política, determinando en el corto plazo la expulsión definitiva de Venezuela y en el mediano plazo el retorno del Mercosur a su base librecambista, despojada de los avances en lo social y lo político alcanzados en la última década y media.

El golpe de Estado en Brasil, necesario para un proceso alienado a Estados Unidos y el triunfo de Macri en Argentina fueron objetivo de la Casa Blanca a través de sus embajadas y cámaras de comercio. Una vez cumplido el objetivo ante estos, principales países del Mercosur y Unasur, se inició un nuevo ciclo de injerencia sobre el principal obstáculo de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela.

En el caso de Venezuela, el escenario desde hace algunos meses, ha sido de una violencia organizada desenfrenada y una sincronía internacional de asedio vía comunicacional, política y económica, pocas veces vista. Durante las últimas dos décadas, Venezuela fue asediada de múltiples formas: golpe de Estado, sabotaje petrolero, guarimbas violentas combinadas con asesinatos, intento de juicio político, desabastecimiento y acaparamiento organizado; junto con las declaraciones permanentes de tono injerencista de organismos supranacionales como la OEA, los socios fundadores del Mercosur –convirtiendo al organismo en un órgano de persecución a Venezuela- y los principales dirigentes norteamericanos en una avanzada en materia de sanciones y amenazas injerencistas.

La Secretaría General de la OEA –o Ministerio de Colonias, como se ha dicho- demostró una pronunciada preocupación en promover una opinión pública internacional negativa sobre Venezuela que, junto a la creación de un clima mediático internacional desfavorable, permitió construir sincronías con la oposición local y continental. Por su parte, el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, aseguró en abril de este año al Comité de Servicios Militares del Senado de Estados Unidos, que la creciente "crisis humanitaria" venezolana "podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional". En esa dirección es imposible soslayar la designación de Liliana Ayalde, como Directora Adjunta para Asuntos de Política Exterior del Comando Sur, quien había ocupado la función de embajadora norteamericana tanto en Brasil como en Paraguay, en el momento de sus respectivos golpes de Estado.

Se develan así las diferentes dimensiones y estrategias que operan en conjunto o de modo separado según sea la conveniencia: presión política vía organismos internacionales y diplomacia; presión económica; acciones de sabotaje; montaje de escenario violento en las calles; intento de sedición en las FFAA; amenaza de intervención en caso de "mayor inestabilidad" (este sería el rol del Comando Sur). Todo sumado a la prensa internacional, en particular la estadounidense y la española, que trabajan arduamente para tejer consentimiento en torno a la "crisis humanitaria" que vive Venezuela y que entonces naturaliza los diversos tipos de intervención mencionados.

La explicación de este "estado de cosas" es, en buena medida, provista por los think-tanks (especialmente estadounidenses, pero no únicamente) y su opinión "experta" sobre diversos temas como: democracia, corrupción, narcotráfico, petróleo. Contribuyen a reforzar determinadas opiniones y posturas sobre Venezuela que son reconocidas como válidas y recogidas por funcionarios, por el sector empresarial y académico, a la vez que cuentan con un importante espacio en los medios hegemónicos.

En el último tramo de la escalada de asedio, desde hace cuatro meses hemos observado un nuevo tipo de asesinatos –selectivos- junto a una situación de terror permanente sobre la vida social del país. Mientras la violencia aumentaba y la guerra económica ahogaba a buena parte de la población, bandas organizadas expresaron incesantes situaciones de terror, buscando mostrar al mundo una situación ingobernable, susceptible de ayuda humanitaria y de intervención. La última semana de campaña hacia la ANC contó con el recrudecimiento de las amenazas (sanciones) por parte de Estados Unidos y el inmediato cumplimiento de países como México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Brasil y Costa Rica a los postulados del norte.

Si bien por el momento las sanciones implementadas son económicas y dirigidas puntualmente a funcionarios del gobierno bolivariano, existe la posibilidad de que se apliquen sanciones de "amplio espectro", que afecten al petróleo venezolano (aunque no hay unanimidad debido al daño potencial para la economía estadounidense). Más allá de los aspectos técnicos, las sanciones suelen ser presentadas como una "solución pacífica" (y barata) a los conflictos, lo cual no se condice con sus efectos en la realidad, pues se incluyen en una estrategia más amplia de "guerra económica" que a su vez podría ser enmarcada en una guerra psicológica de mediano-largo plazo (para nada exenta de violencia).

Las sanciones se suman al recorte/suspensión de préstamos o a la suspensión de exportaciones e importaciones de productos fundamentales para la economía, generando aislamiento, incertidumbre y desconfianza de la población frente a las medidas del gobierno. Para cobrar efectividad, son apuntaladas por una campaña mediática a nivel internacional que advierte sobre la inminente debacle económica, la corrupción inherente al Estado, lo político y lo público, la ineficiencia y el caos reinante. Por último, pero no menos importante, se trata de una demostración de poder: EEUU sí puede implementar sanciones contra otros países, a modo de "castigo" por no alinearse a sus intereses, esto es especialmente sugerente cuando se trata de sanciones de amplio espectro.

Ese escenario hacía realmente difícil un acompañamiento masivo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 30 de julio. Lo que estaba en juego era si el gobierno de Maduro recuperaría parte de los dos millones de chavistas que no fueron a votar en 2015. Sin embargo, tanto asedio y violencia, lograron cohesionar al chavismo -el madurista y el crítico- detrás de la ANC, cuando la campaña se estructuró en torno a un llamamiento a la paz. La ANC permitió la emergencia de nuevas dirigencias de base, con propuestas ancladas en sus sectores y territorios.

Sin embargo, otro es el dato que completa el cuadro propuesto por la ANC, y que hacía esperar una violenta reacción en términos regionales y mediáticos: la elección puso en discusión aquella máxima de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) que decía que desde 2015 el chavismo ya no era mayoría. Pero, sobre todo, la vocación de la MUD por solucionar los problemas que aquejan a la población venezolana.

Resulta paradójico que, el sistema de gobierno que empezó a clausurarse desde 1999, buscando una transición hacia una democracia de nuevo tipo, todavía organiza la valoración que muchos analistas de nuestra región quieren proponer para caracterizar al modelo bolivariano, sus límites y sus alcances. No se quiere, parece, analizar Venezuela bajo la naturaleza política, jurídica y social de la vida venezolana y de una democracia popular, aún con déficits, protagónica y participativa. Cuando eso sucede se corre el riesgo de sorprenderse con manifestaciones populares como la del 30 de julio, encarnadas en esos más de ocho millones de votos.

Cuando en 2002 se produjo el golpe de Estado que duró 47 horas, el pueblo se lanzó a las calles a defender la revolución con la Constitución en la mano, de la cual había sido su artífice. Esta vez, frente a tanto asedio violento, se expresó agobiado, pidiendo terminar con la violencia, al mismo tiempo que defendiendo un proceso político susceptible de ser modificado nuevamente, pero no de espaldas a las necesidades de la sociedad.

Hace algunos días, en San Pablo, los socios fundadores del Mercosur, finalmente cumplieron su cometido: desarmar -ahora oficialmente- un Mercosur que desde 2015 ya no mira hacia América Latina. Esta vez el argumento fue la avanzada de Venezuela en cuanto a la elección de la ANC. Pasando por alto la propia Constitución bolivariana, contaron para ello con la adhesión de los países que ya habían, junto a Estados Unidos, desconocido la elección del 30 de julio. El objetivo es "balcanizar" la región, aislando a un país que se niega a seguir recomendaciones de política económica que son ajenas a su realidad y sancionando toda expectativa de autodeterminación de nuestros pueblos.

Integrantes: Luis Wainer, Juan F. Martínez Peria, Amilcar Salas Oroño, Silvina Romano, Mercedes López Cantera, Martín Burgos, Ernesto Mattos, Marcelo Barrera, Alejandro Pisnoy.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 486 veces.



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter





US Y ab = '0' /venezuelaexterior/a250771.htmlCd0NV CAC = , co = US