(VIDEO) AN declara como interés social conflicto de ex trabajadores de empresa Polar

Diputada Iris Varela

Diputada Iris Varela

Credito: VTV

La plenaria aprobó un acuerdo en el cual se exhorta al TSJ a designar una mesa de conciliación, además de recabar todas las causas que se hayan procesado en los tribunales de la República a través de la Sala Constitucional. Se insta a la Procuraduría asumir a la representación legal de los trabajadores. En octubre se le entregará una placa de reconocimiento al Director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel, en el Palacio Federal.


(Caracas, 07-08-07).- La Asamblea Nacional declara el conflicto de los ex trabajadores de Empresas Polar S.A., como un asunto de interés social, a tenor de lo dispuesto en la Constitución en su titulo III, Capitulo V, artículos 87,88, 89 y 92, de los derechos sociales y de las familias y en el titulo V capitulo III, artículo 257, de la Carta Magna.

Se exhorta al TSJ a que, mediante oficio, procese al avocamiento en Sala de Casación Social de todas las causas de reclamo por parte de los trabajadores de empresa Polar pendientes y en curso por ante los distintos tribunales, en todo el territorio nacional.

Se exhorta igualmente al máximo tribunal a que en Sala Constitucional, proceda a la revisión de todas las causas sentenciadas y declaradas prescritas sobre el caso de los ex trabajadores de empresa polar.

Instan al Ministerio del Trabajo a que por órgano de la Procuraduría, asuma la representación legal y defensa de los legítimos derechos de los ex trabajadores, ante la Sala Constitucional y de Casación Social del TSJ.

Solicitar al TSJ, que en virtud de la magnitud del conflicto y sus perjudiciales consecuencias para miles de humildes familias en todo el territorio nacional, adopte medidas urgentes para la solución definitiva del mismo, pudiéndose instalar una mesa de conciliación integrada por las partes como mecanismo alternativo a la resolución del conflicto, en la que se consideren los reclamos de los ex trabajadores que no hayan sido ventilados en ninguna instancia.

Malaquías Gil, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, informó que conjuntamente con la diputada Iris Valera redactaron este documento que tiene como objeto agilizar todos los procesos que mantienen los ex trabajadores de la Polar en los tribunales de la República.

Acotó que cuando se inicio la lucha de los trabajadores, la Asamblea nombró una comisión especial presidida por Iris Valera y luego fue remitido el caso a la comisión de Desarrollo Social, por lo que decidieron hacer planteamientos en conjunto especialmente solicitando que todos los expedientes que se encuentren en los tribunales nacionales, sean remitidos a la Sala Social del TSJ, para que se tome una decisión de forma perentoria.

Explicó que de acuerdo a la Ley Procesal del Trabajo, que establece la mediación o conciliación para resolver los conflictos laborales, se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a designar una mesa a fin de buscarle una salida definitiva.

Valera informó que después del conflicto que se presentó en la Coca Cola, se presentó un proyecto de acuerdo similar a éste, en el cual se declaraba un asunto de interés social, lográndose solucionar la situación que atravesaban sus trabajadores, “el caso de la Polar no es distinto, incluyendo que algunos jueces han respondido a los intereses de una trasnacional o del patrono, en prejuicio del débil jurídico”.

Aseguró que en el caso de la Coca Cola se está cumpliendo con lo aprobado por el parlamento, en el Tribunal Supremo ya se ha producido el avocamiento e instalado la mesa conciliatoria, “pero hay algunos magistrados, lo cual denuncio, que están actuando a favor de los intereses de una trasnacional”.

No obstante dijo que nada los detendrá hasta lograr la justicia de los trabajadores de la empresa Coca Cola, “y en este caso pedimos el respaldo unánime de este acuerdo que será remitido al máximo tribuna para que se tomen las mismas medidas”.

Aproximadamente ocho años, tienen los ex trabajadores de Empresas Polar S.A. reclamando ante las distintas instancias judiciales, administrativas y políticas, sus prestaciones sociales y demás derechos laborales, esfuerzos que han resultado infructuosos hasta la fecha.

Dentro de los considerandos, el acuerdo expresa que numerosas causas adelantadas por los trabajadores han sido decididas a favor de la empresa por jueces vinculados a ella, y en muchos casos han sido forzados a aceptar – a través de medidas de presión- acuerdos injustos y contrarios al derecho laboral vigente en el país.

Se estima que por este conflicto han sido afectadas 2.30 familias venezolanas que se encuentran en situación económica crítica.



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