La propuesta de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 12,6 céntimos la hora desata una tormenta mediática ante las reticencias de las patronales, el apoyo de los sindicatos al Ministerio de Trabajo y las posturas intermedias de algunos departamentos del área económica
22 de diciembre de 2020.-
Pocas veces se había discutido tanto, y con tanto encono, en las esferas de la alta política, el empresariado y el sindicalismo de clase por 12,6 céntimos: esa es la subida del Salario Mínimo Interprofesional por hora que, en la práctica, defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que cuenta con el apoyo de CCOO y UGT y la oposición de CEOE y Cepyme. Son 17 euros brutos al mes, 239,40 al año para quien con ese nivel salarial logre trabajarlo entero.
La Mesa del Diálogo Social cerró este lunes de nuevo sin acuerdo, como ya ocurrió la semana pasada, el encuentro para tratar la revisión al alza del SMI, una decisión que el Gobierno PSOE-UP está decidido a tomar, aunque sin fecha, ya que podría aplazarse a los primeros meses del próximo año, o del siguiente como poco si se imponen las tesis de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y también sin la cuantía determinada, ya que las posiciones del órgano de concertación van de la congelación de las patronales a los cincuenta euros mensuales de los sindicatos.
La polémica llega cuando el país está concluyendo un nuevo trimestre de parón de la actividad tras el cerrojazo de la primavera y la frágil recuperación de un verano con el motor del turismo gripado, lo que le va a llevar a un histórico desplome anual del PIB superior al 11% y con el que se habrán volatilizado alrededor de 138.000 millones de euros que ya han sido descontados de las rentas salariales, los beneficios empresariales, los impuestos y la inversión.
MANUEL SÁNCHEZ / ALEXIS ROMERO
La polémica sobre la subida del SMI gira en torno a la distribución de una parte ínfima de la riqueza del país, algo a lo que, en el caso de ir a engrosar los sueldos de los trabajadores peor pagados, tanto las teorías como los antecedentes prácticos atribuyen más efectos beneficiosos que otra cosa.
¿A quién beneficia directamente la subida del SMI?
Uno de cada siete trabajadores, el 14,1% del total de los 16,7 millones de asalariados, ganaba el equivalente a un máximo de un SMI en 2018, año de la última Encuesta de Estructura Salarial. Se trata de los 2,3 millones de trabajadores que subsisten en una situación más precaria por la escasez de recursos económicos.
Apenas 137.000 de estos trabajadores pobres, solo el 0,82% del total, trabaja con una jornada completa, un dato que, por pasiva, revela los elevados niveles de precarización que se dan entre quienes se emplean, mayoritariamente contra su voluntad, a tiempo parcial: hay 2,62 millones y 2,35 de ellos no llega a cobrar el SMI. Tres de cada cuatro son mujeres.
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PILAR ARAQUE CONDE
"Principalmente son los trabajadores que se encuentran fuera de la cobertura de la negociación colectiva, que es el mecanismo para negociar las condiciones laborales en este país", explica Carlos Gutiérrez, responsable de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO. "Parece que de nuevo se quiere que la crisis recaiga sobre los trabajadores", indica el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que reclama la subida a mil euros como una herramienta de mejora de la igualdad.
¿Ayudaría a reducir el número de trabajadores pobres?
El cruce de los datos sobre la evolución del SMI y el umbral de la pobreza en la última década pone negro sobre blanco la insignificancia del coste mínimo de la mano de obra en España: hasta la subida a 900 euros de diciembre de 2018, avalada hace dos meses por el Supremo y seguida de otra hasta los 950 en febrero de este año, la cuantía del SMI no se situó por encima del umbral de la pobreza para un ciudadano que vive solo.
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