Más de cuarenta trabajadoras y trabajadores de la empresa Industrias Canaima, empresa estatal de equipos informáticos, se encuentran en situación de pagos suspendidos por parte de la empresa, según denuncian voces directamente afectadas. Esta está relacionada con las populares computadoras Canaimitas que se distribuían masivamente entre los escolares.
A nuestra redacción llego la alerta de dicha irregularidad, por parte de un grupo de trabajadoras y trabajadores que ha solicitado, por ahora, mantener sus nombres a resguardo, en el anonimato, hasta que se aclare lo que, según ellos, es un auténtico "atropello y violación" a sus derechos laborales.
Relatan que desde el pasado 29 de octubre la gerencia de Recursos Humanos tomó la determinación de suspender los salarios a más de cuarenta trabajadores y trabajadoras, entre ellas una madre lactante. Igualmente sucedió con el pago de aguinaldos y algunos bonos.
Argumentan que desde que empezó la cuarentena la empresa no estaba trabajando. Posteriormente la empresa hizo circular una notificación a los trabajadores para que se reincorporaran a sus labores, pero justo en la semana de cuarentena radical, lo que dificultó que todas y todos pudiesen retornar a sus puestos de trabajo. Aparte de ello, se supo de algunos casos de Covid-19 en la plantilla de trabajo, habiendo el riesgo de una transmisión laboral de la enfermedad.
Explican de igual manera que se dirigieron hasta la Inspectoría del Trabajo para conocer directamente si la empresa había abierto algún proceso administrativo en su contra y la respuesta fue negativa.
Aprovecharon entonces para hacer ellos la respectiva denuncia ante la inspectoría y esperan una respuesta adecuada desde dicho órgano.
También alegan en la nota que llegar, que la gerente de recursos humanos, de nombre Rocío Gómez y la presidenta de la empresa, Isabel Piña, están llevando adelante un "brutal atropello" antilaboral contra ellos, justo en medio de la pandemia por el Covid-19 y en un momento de profunda crisis que golpea fundamentalmente a la clase trabajadora venezolana.
Dicen no comprender semejante actuación de una administración que se autoproclama "socialista y revolucionaria".