El pasado jueves 19 de diciembre, familiares, amigos y compañeros de trabajo de los tres trabajadores de PDVSA detenidos tras una explosión registrada en la Refinería de Amuay, exigieron la liberación inmediata de los que consideran unos “chivos expiatorios” de las fallas operacionales y problemas que se vendrían arrastrando en el manejo de la industria.
Los detenidos son: Freddy Reinosa, con 22 años trabajando en la empresa; Nelson Bustillos, con 29 años de servicio y Juan Medina con 30 años prestando servicios a PDVSA. Sus allegados defendieron la honestidad de los trabajadores.
Génesis Bustillos, hija de uno de los detenidos, manifestó que los trabajadores que están siendo involucrados en el suceso, tienen más de 20 años ejerciendo labores en el CRP y “tras un error de operatividad los acusan de terroristas, saboteadores y de asociación para delinquir”… “De esta manera, le pagan a estos hombres que, lamentablemente estaban de guardia cuando se presentó el conato de incendio”, comentó.
La esposa de Nelson Bustillos, Mary Bello, denunció que a ellos se los llevaron bajo engaño a la sede del DGCIM en Punto Fijo y que allí los mantienen sin poder ver a nadie.
Por su parte, el padre de Freddy Reinosa exigió una investigación exhaustiva que verifique que lo ocurrido no se trató de un sabotaje, resaltó que hechos como estos ocurren casi a diario en la refinería.
Testimonios de trabajadores apuntan hacia un “falso positivo” como una manera de esconder la ineficiencia a niveles superiores o la falta de adecuado mantenimiento en la situación de crisis, lo que también puede ser usado como un recurso para el control social a través del miedo en la situación actual de crisis general.
La apelación a organismos de carácter militar y a la acusación de “terrorismo” viene observándose con preocupante frecuencia frente a situaciones que normalmente no eran objeto de ese tratamiento y no pocas veces saltándose los procedimientos internos de investigación de las empresas y los procedimientos judiciales ordinarios.
En fuentes de redes sociales de trabajadores y movimientos sindicales se viene discutiendo abundantemente sobre esto.
Los manifestantes dijeron que se pudo conocer que a los detenidos se les quiere imponer una pena de 30 años de cárcel.