El ministerio de justicia ha convocado para el jueves 12 de diciembre una nueva apertura del caso que el Estado venezolano sigue contra el obrero de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, quien lleva 8 años detenido sin sentencia y siendo víctima de toda una serie de situaciones que van desde el retardo procesal hasta distintos cambios de jueces.
Esta será la novena ocasión en que se abre dicho caso que durante largos 8 años ha evidenciado el manejo y la aplicación de la llamada justicia para los obreros, que en general y en este caso en particular, suele actuar con sesgo criminalizador a priori por la condición del procesado cuando se trata de un trabajador.
Álvarez fue acusado de ser el responsable de la muerte del también trabajador, Renny Rojas, quien recibió dos disparos durante la realización de una asamblea en Ferrominera del Orinoco en el estado Bolívar en 2011, a pesar de que fue pública la actuación de otro autor en los hechos, sin indicios de involucramiento de Álvarez, y así lo denunciaron sus compañeros trabajadores.
Las cámaras de seguridad captaron a Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizando tres disparos a la multitud reunida, hiriendo a los trabajadores Luis Quilarque y Renny Rojas, quien posteriormente fallecería. Maicán fue detenido inicialmente, pero fue puesto en libertad apenas dos días después y en su lugar fue apresado Rony Álvarez.
Esas mismas cámaras de seguridad dieron cuenta que Rodney Álvarez se encontraba lejos del lugar al momento de los disparos, sin embargo, es quien continúa detenido, a merced de un proceso judicial señalado como arbitrario y amañado por sectores de la dirigencia sindical y laboral solidaria. Producto de esta situación Álvarez ha tenido que afrontar múltiples situaciones de violación de sus derechos, sufriendo además varios atentados con armas blancas en prisión y su nombre nunca ha sido considerado en las listas que ha manejado tanto el gobierno como la oposición de derechas en sus acuerdos que han permitido liberar a varios detenidos considerados "presos políticos". El caso de Rodney no entra en el negociado político-judicial.