14 de marzo de 2018.-
El gobierno nacional lleva a cabo una brutal arremetida antiobrera. Emplea todos los recursos represivos y administrativos a su disposición para aplastar al movimiento obrero, imponiendo salarios de hambre y criminalizando a los dirigentes sindicales que defienden los derechos de los trabajadores. La detención del dirigente sindical eléctrico Elio Palacios por denunciar la crisis del sector, el intento de asalto a la sede de Sirtrasalud-Distrito Capital y el despido arbitrario de Denny Brazón, dirigente sindical de Conatel, son ejemplos recientes de esta ofensiva antiobrera y antisindical del gobierno de Nicolás Maduro. Repudiamos estas acciones y exigimos la inmediata libertad de Palacios y la restitución del compañero Denny Brazón a su cargo.
No se trata de una política nueva, durante el gobierno de Chávez fueron asesinados decenas de dirigentes sindicales y trabajadores en lucha como Argenis Vázquez de Toyota, Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena y Jerry Díaz de la UNETE-Aragua, Carlos Méndez de C-cura, Javier Marcano y Pedro Suárez de Mitsubishi, entre muchos otros. También durante el gobierno de Chávez estuvo preso el dirigente obrero Rubén González y fueron detenidos José Bodas, Leonardo Ugarte y Bladimir Carvajal de C-cura Petróleo, en un marco en el cual a centenares de trabajadores y dirigentes sindicales se les abrió juicios y se les dictaron medidas cautelares por el hecho de realizar asambleas de trabajadores, huelgas o protestar. En uno de los casos más dramáticos de esta persecución antiobrera, el trabajador Rodney Álvarez de Ferrominera del Orinoco lleva preso desde el año 2011 como rehén del gobierno y de la burocracia sindical del PSUV, en virtud de un montaje judicial, sin que se le haya dictado sentencia ni tener responsabilidad alguna en el crimen que se le imputa.
Denny Brazón venía participando desde el año pasado en acciones de protesta junto a sus compañeros de trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores de Conatel, denunciando despidos en la institución. Como retaliación por estas acciones reivindicativas fue despedido el 2 de marzo. Ya las autoridades de Conatel le habían amenazado con represalias por las protestas. En el caso de Elio Palacios, fue detenido el 14 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por haber denunciado públicamente el estado de colapso inminente del sistema eléctrico nacional, como consecuencia de la desinversión y el desastre gerencial que ha generado el gobierno.
Esta repudiable política que cercena la libertad sindical no es de ninguna manera casos aislados, ni caprichos de algún burócrata o militar particular. Es un lineamiento del gobierno nacional que no acepta la existencia de organizaciones sindicales autónomas. En esa misma política se enmarca la decisión del gobierno de impedir a través de los tribunales y del CNE la realización de elecciones en el sindicato de Sidor, en la federación de trabajadores petroleros y en muchos sindicatos donde el PSUV sabe que su burocracia sería barrida por los votos de los trabajadores. Por ello también han creado desde la Asamblea Nacional Constituyente una ley de consejos productivos de trabajadores, como un mecanismo corporativo más para impedir la organización autónoma de los trabajadores.
Toda esta orientación, que busca consolidar el abaratamiento de la mano de obra venezolana para beneficio de las transnacionales y de la burguesía nacional, requiere de su correlato represivo y criminalizador. Por eso es que se despide a Brazón, se encarcela a Palacios, se persigue a los que luchan con el Sebin, como ha ocurrido también con los trabajadores de Lácteos Los Andes recientemente, o se reprime las protestas con la GNB. De conjunto se pretende maniatar a la clase trabajadora para que acepte las condiciones de trabajo semiesclavas de la actualidad.
Llamamos a todas las organizaciones sindicales a repudiar la criminalización de las protestas obreras, los despidos y detenciones de dirigentes sindicales por parte del gobierno, y particularmente llamamos a la solidaridad con Elio Palacios, Denny Brazón y Rodney Álvarez quienes actualmente son víctimas de esa ofensiva antiobrera.
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela
Thony Navas, presidente de Sirtrasalud-Distrito Capital y dirigente de la Oposición de Izquierda en Lucha (OIL)
Orlando Chirino, dirigente nacional de C-cura
Marco García, secretario de relaciones de Sinatraucv
Rafael Guerra, Secretario general Sunep-Ipasme
Antonio Espinoza, Sintrauptafbf
Sixto Hernandez, sindicato de trabajadores de la UCV-Maracay.
Rolando Gaitán, Autonomia Gremial Independiente 69 de FACYT-UC
Herles Contreras, sindicato de Corpoelec Carabobo
Jairo Montaña, Oscar Linares, Enrique Vásquez, Gloria Panacual, José Campos y Francis Hidalgo delegados sindicales de Sirtrasalud-Distrito Capital
Yolanda Gómez, Secretaria de Finanzas de Sirtrasalud-Distrito Capital
Edisson Hernández, delegado de prevención del Hospital Luis Razetti
Albert Villarroel, Secretario de Reclamos de la asociación ATAUNEG
Ramón Pino, dirigente campesino
Miguel Angel Hernández, secretario general del Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Leonardo Arantes, Unidad Socialista de los Trabajadores
Omar Vázquez Heredia, politólogo y profesor universitario
Ismenia Brito, Antropóloga y ex dirigente sindical del sector salud
Wilfredo Espinoza, trabajador jubilado de la Cantv
Alberto Borregales, dirigente de Ruptura-Tercer Camino
Nayib Abad, economista
Hernán Acosta, activista comunitario
Edgar Blanco, educador jubilado
Ana Rodríguez, socióloga
Julia Cidras, economista