(Cumaná,1 de febrero de 2017.- Los derechos humanos son parte esencial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia; el debido proceso, el trato justo y no cruel, así como la democracia y otras libertades civiles son indispensable para la vida, de allí que, la mañana de este martes organizaciones sindicales del estado Sucre informaron que han presentado ante la Defensoría del Pueblo una serie de denuncias contra funcionarios policiales y militares por trato cruel, amedrentamientos, maltrato físico y psicológico en contra de trabajadores.
Según indicó durante una rueda de prensa José Antonio García, vocero de la Federación de Trabajadores URT Sucre, una comisión de sindicatos de distintas partes del país conducidos por la Central de Trabajadores UNETE y acompañados por la organización de derechos humanos PROVEA, interpusieron una petición ante la sede principal de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Capital de la República, para denunciar a funcionarios de organismos de seguridad del Estado y militares.
En ese marco, García informó que el estado Sucre llevó seis (6) denuncias correspondientes a líderes sindicales que han sido objeto de violación a los derechos humanos.
Agregó que entre los funcionarios involucrados estarían oficiales de la Guardia Nacional, efectivos de la Policía Municipal de Cumaná y agentes del CICPC de la delegación de la ciudad.
Explicó que las violaciones van desde la privativa ilegitima de libertad, pasando por las amenazas para obligar a los trabajadores a renunciar hasta la violencia física y psicológica.
García aseguró que se busca por la violencia acallar al movimiento de trabajadores para evitar la lucha por sus derechos, contra la corrupción y por la justicia social.
Próximos Pasos
Anunció que la semana próxima documentos similares serán entregados en la Fiscalía General de la República en la ciudad de Caracas acompañado de organizaciones de derechos humanos solicitando la apertura de expediente y la designación en los casos de Sucre y otras regiones, de fiscales con competencia nacional para castigar a los autores materiales, así como a los autores intelectuales.
