El desenlace del conflicto entre los trabajadores de Sidor y la transnacional Techint ha puesto de relieve nuevamente el protagonismo de la clase trabajadora en el proceso revolucionario venezolano. Los trabajadores tuvieron que enfrentar la persecución judicial de varios de los directivos de Sutiss, las maniobras del Ministerio del Trabajo para crear un sindicato paralelo, y luego para establecer una junta tripartita de arbitraje; la represión de la Guardia Nacional, y una intensa campaña mediática que no distinguió entre medios privados y oficiales. Finalmente, la tenaz resistencia de los trabajadores dio sus frutos, y el gobierno nacional optó por asumir el control de la siderúrgica.
El proceso revolucionario venezolano se ha caracterizado por una relación contradictoria entre el gobierno y el movimiento obrero, como en el ejemplo de Sidor. El movimiento ha sido protagonista de logros importantes. Tuvo un papel importante en la derrota del golpe de estado fascista y, sobre todo, en el triunfo sobre el sabotaje petrolero. Luego de estas gestas, ha consumado una rebelión histórica contra la burocracia sindical representada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sumida en el desprestigio por su compromiso con el golpismo fascista. De este proceso surgió la Unión Nacional de Trabajadores, bajo banderas clasistas y de autonomía. Lamentablemente, las corrientes de la nueva central más cercanas al gobierno, aquellas cuyos dirigentes son diputados a la Asamblea Nacional o han contado con el ministerio de José Ramón Rivero, han asumido una política contraria a la autonomía sindical, llegando a dividir y paralizar completamente a la nueva central. El reciente anuncio del diputado Oswaldo Vera, de la creación de una nueva central, es apenas un episodio más en una larga cadena de ataques a la UNT. El nombramiento del nuevo Ministro del Trabajo, Roberto Hernández, y su promesa de impulsar una constituyente sindical, hace eco de llamados similares efectuados por la corriente CCURA y los dirigentes clasistas ante la crisis de la UNT.
Luego de los paros patronales de los años 2002 y 2003, algunas de las empresas en conflicto fueron abandonadas por sus propietarios, como parte de la estrategia política de la burguesía. En algunos casos, los trabajadores respondieron tomando las fábricas. El caso más emblemático es el de Sanitarios Maracay, una de las fábricas de piezas de baño más importantes de Latinoamérica, que fue la primera puesta a producir bajo control de sus trabajadores. La larga lucha en contra de una empresa que violó impunemente los derechos de los trabajadores y dejó a más de cien de ellos lesionados de la columna, desembocó en la toma obrera de la fábrica en noviembre de 2006, luego de que la empresa se negara a pagar las utilidades y abandonara la fábrica. Seiscientos trabajadores participaron en la autogestión de la empresa. Los dirigentes del sindicato y el comité de fábrica exigían la expropiación de la fábrica, pero no para convertirse en propietarios o copropietarios, sino reivindicando la propiedad estatal de la empresa y su administración bajo control obrero. Al cabo de nueve meses de autogestión y movilización, durante los cuales el comité de fábrica logró sortear una serie de dificultades, desde problemas para adquirir la materia prima hasta un ataque brutal de la Guardia Nacional en abril de 2007 que dejó como saldo varios heridos; la alianza de burócratas y patronos logró imponerse el 10 de agosto, cuando un grupo de empleados, actuando como brazo de la patronal, tomó la fábrica, expulsando al sindicato y disolviendo el comité de fábrica. Esta medida fue propiciada por el Ministerio del Trabajo, quien declaró que la empresa carecía de valor estratégico, desestimó la recomendación de la Asamblea Nacional de expropiar la fábrica, e incluso estableció una mesa de negociación con el empresario y los empleados más allegados a la patronal, reclamando la entrega de la fábrica a cambio del pago de los pasivos laborales. Los trabajadores que se acogieron a la fórmula de acuerdo propuesta por el ministerio, terminaron cobrando alrededor del 10% de la deuda original. Cinco meses luego del desalojo, setenta obreros iniciaron la producción en una de las plantas de la empresa, Saniplástica, y se mantienen hasta el presente día en pie de lucha, bajo dignas banderas revolucionarias.La fábrica de válvulas Inveval constituye el único ejemplo de una empresa bajo propiedad estatal y control obrero en Venezuela, luego de que sus trabajadores conquistaran esta fórmula democrática de gestión, al cabo de años de lucha. Desde que el gobierno lanzara la consigna de "Fábrica cerrada, fábrica tomada", han sido muchas las empresas en conflicto en las que los trabajadores han reclamado la estatización ante los atropellos de los capitalistas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el gobierno ha actuado de acuerdo a la fórmula aplicada en Sanitarios Maracay, favoreciendo sus relaciones con la llamada "burguesía nacional". Un ejemplo patético es el de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida. La planta, construida con el fin de segregar y reciclar los desechos sólidos de cinco municipios de ese estado andino, fue adjudicada en concesión a la empresa privada Sincreba. Al cabo de algunos meses, los 130 trabajadores pasaron a ser subcontratados por una cooperativa, y ganaban un pago a destajo menor al salario mínimo, sin seguridad social ni condiciones de higiene laboral. El 22 de septiembre de 2007, los trabajadores tomaron la planta y comenzaron a gestionarla directamente. Durante las primeras semanas la autogestión fue exitosa, pero al cabo de este corto tiempo la empresa empezó a sabotear la producción, cortando el suministro de agua y sitiando la planta con grupos armados. Pese a retirar la concesión a Sincreba, las autoridades de las alcaldías responsables de la planta, lejos de brindar protección a los trabajadores y a la propiedad pública, permitieron la libre acción de los grupos armados. El 19 de noviembre, una operación conjunta de mercenarios y fuerzas policiales desalojó la toma obrera y culminó con el saqueo de la planta por parte de la empresa.
Estas experiencias de control democrático de los medios de producción han planteado retos a cuya altura no han estado la burocracia gubernamental ni los partidos de izquierda. Y son precisamente las luchas que nos muestran el camino a transitar para la construcción de una sociedad libre de explotación. El futuro de las luchas obreras en Venezuela nos dirá si logramos avanzar hacia el socialismo.
