Si en Venezuela el presidente y su tren ejecutivo fuesen responsables, les preocuparía y adoptarían medidas frente a la inflación galopante y a la reducción del poder adquisitivo del salario. Lejos de ello, esta semana el máximo vocero gubernamental ha señalado que el país registra un crecimiento por encima de dos dígitos, lo que se traduce en una nueva burla a la miseria y el hambre que padece el pueblo, sin ningún remedio inmediato a la vista.
El índice inflacionario venezolano supera, con creces, el de todos los países del planeta según el portal macrodatos.com y demás páginas especializadas en el seguimiento de estas informaciones. Ubicada en el 222,3% para abril del año 2022, la inflación venezolana se desprende en su carrera de la que padece el Líbano, un país en guerra, que presenta un índice del 206,2% para el mismo período. Son estas dos naciones las únicas del globo terráqueo que tienen estimaciones de tres dígitos en su IPC.
Por su parte, el salario en Venezuela es el más bajo de la región y compite en su pobreza, lamentablemente, con las paupérrimas remuneraciones de los estados más deprimidos económicamente del mundo. Según expertos catedráticos universitarios del país, como el economista UCV Luis Crespo, al primero de junio de 2022 el salario mínimo nacional representa 25,6 dólares mensuales, lo que equivale a 1,14 dólares diarios (siempre sujeto al tipo cambiario fijado por el BCV).
Esa remuneración al trabajo la sitúa dentro de la línea de pobreza extrema, con lo cual, por sí sola carece de capacidad para garantizar la adquisición de los bienes y servicios indispensables para satisfacer los estándares básicos de dignidad humana de una persona y menos aún de una persona con familia en edad escolar. Variadas son las estimaciones periódicas del CENDA y otras instituciones encargadas de verificar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras venezolanas respecto a la canasta básica y canasta alimentaria y, en todos los casos, al menos desde hace una década, la caída en picada de este indicador demuestra la ausencia de políticas públicas destinadas a mantener la dinámica productiva.
No obstante poseer inmensas riquezas de todo tipo y de contar al inicio del presente siglo con una capacidad industrial que le permitía aspirar otro destino, Venezuela padece actualmente un brutal deterioro en sus condiciones laborales, lo que acarrea un descomunal déficit en su capacidad para generar y mantener empleo y especialmente, empleo de calidad. Así se puede constatar consultando los Indicadores Clave del Mercado de Trabajo de la OIT, cuyos datos demuestran que en el caso de la tasa de empleo la tendencia es decreciente, toda vez que en el año 1991 era de 57,75%, en el año 2000 era de un 55,33%, luego se produjo un alza entre 2004 y 2008 cuando se posicionó en un 61,01% y antes de la pandemia, es decir, en 2019, ya era de 56,47%. Todo ello significa que antes de la Covid19, de 100 personas aptas para emplearse en Venezuela, cerca de la mitad podían acceder a algún puesto de trabajo, aunque ya para entonces percibían un salario de extrema pobreza, como evidencian los incesantes cambios en la moneda que no son más que pretensiones paliativas del enorme déficit que presenta y presentaba la economía nacional y con ello, el mundo del trabajo.
A esto se agrega la población desplazada por razones económicas que salió del país en búsqueda justamente de mejores condiciones de vida, la población que huyó por motivos políticos y en su caso, los capitales industriales que se trasladaron a otros países por sentir amenazada su posibilidad de desarrollo. El impacto del fenómeno migratorio en el mercado laboral venezolano es de magnitudes impresionantes y las posibilidades de recomponer el tejido productivo implican la formulación e implantación de políticas públicas de largo aliento, que en el corto plazo no se vislumbran por la evidente ausencia de voluntad política del gobierno nacional.
De hecho, en lo que va del año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social revela que las principales protestas sociales siguen siendo de carácter laboral. La exigencia de derechos económicos si bien es característica del mundo sindical, no es menos cierto que en el caso venezolano se ha posicionado como la principal tendencia en la última década, aunada a la demanda general de la población en cuanto al respeto de los derechos políticos. Todas las centrales sindicales, los sindicatos de diverso nivel (de empresa, municipio, estatal o nacional), las asociaciones de trabajadores y trabajadoras, así como las organizaciones de pensionados y jubilados, manifiestan prácticamente a diario en las calles de Venezuela, enarbolando como bandera fundamental la igualdad de la remuneración al IPC.
Las únicas excepciones en cuanto a la protesta general por mejores condiciones socioeconómicas, son los espacios cooptados y sostenidos financieramente desde la presidencia de la república por el gobierno nacional. La Central Bolivariana de Trabajadores y las diversas plataformas en las que confluye a nivel regional e internacional, dan día tras día claras demostraciones de que fueron y son instancias construidas con el fin de aplaudir las ejecutorias gubernamentales en materia laboral y que, por tanto, carecen de cualquier atisbo de posición en defensa de los intereses de la clase trabajadora.
En este contexto la lucha por mejorar el salario y reducir la inflación está en la agenda del país, mientras el presidente del estado habla de un crecimiento económico que muy probablemente sólo disfruta su familia y su entorno en el gobierno.
