La conmemoración de la primera huelga realizada durante el mes de mayo de 1975 en los tribunales caraqueños, coincide con el día de las personas adultas mayores en Venezuela. Se rinde homenaje a quienes reivindican en cada uno de estos sectores, su legítimo derecho a acceder a condiciones de vida digna. Pero, a pesar de los años de organización, movilización y lucha, el balance a 2022 es de estancamiento y retroceso si se compara con el siglo XX.
En el caso del movimiento tribunalicio, desde el año 2002 en adelante y de manera sistemática, el chavismo desmanteló su organización a todos los niveles. El ministerio del trabajo favoreció el paralelismo y la atomización construyendo un sindicalismo pro gobierno, conciliador con el TSJ y la DEM, cabizbajo y entreguista. Como fue denunciado en su momento ante la OIT por las víctimas de la violación a la libertad sindical, la dirigencia que no se arrodilló a estos planes fue perseguida, en muchos casos destituida y en otros, jubilada anticipadamente.
Al llegar al poder y con la excusa de sanear la administración de justicia y reducir la burocracia, el gobierno chavista no sólo minimizó progresivamente la plantilla de personal a nivel nacional, sino que usó este argumento para reeditar la política de "quítate tú, pa’ ponerme yo", mediante diversas reestructuraciones y modificaciones legales. De esta forma sustituyó las bases del movimiento laboral que había logrado hacer respetar la libertad sindical, el ejercicio del derecho a la huelga, el fuero y la convención colectiva. La verdad es que la corrupción campea en la actualidad y el acceso real y efectivo a la justicia no existe, tal y como lo aseveran diversas ONG, especialistas en el tema.
Hoy, menos del 5% del personal judicial está afiliado sindicalmente. De hecho, el último contrato colectivo data de 2005, lo cual conlleva a un retroceso en el disfrute material de derechos laborales adquiridos, que se traduce en desaplicar la homologación de las pensiones de jubilación al salario real del cargo y en la negativa a reconocer integralmente los aumentos de sueldo al personal activo. De otra parte, al caos en el servicio médico se suman las precarias coberturas del fondo administrado de salud de la DEM (FASDEM) y las deplorables condiciones del medioambiente laboral en los circuitos judiciales del país, sin agua, con cortes de electricidad prolongados y sin materiales para trabajar. Por su lado, a la asociación de jubilados y pensionados judiciales, el gobierno ni la mira, ni la escucha.
En su caso, la lucha del comité de pensionados del IVSS se había consolidado como un referente exitoso en Venezuela. El recuerdo de sus formas de lucha y creatividad aún permanecía incólume como proceso ejemplar: los viacrucis protagonizados por los queridos viejitos y viejitas de nuestro país, las tomas simbólicas de las sedes del IVSS en todas las capitales de estado y en Caracas, las marchas hasta Miraflores, los gases lacrimógenos, la persecución, la burla de gobiernos de la 4ta, el reconocimiento en los primeros tiempos de Chávez…
A consecuencia de todo ello, al comité de pensionados se le deben normas específicas de la constitución bolivariana que amparan y protegen el derecho a una indemnización equivalente al ingreso mínimo vital. No obstante, el deterioro generalizado del poder adquisitivo del salario, aunado a la discrecionalidad y clientelismo que caracterizan al sistema patria como mecanismo gestor de pensiones por vejez contributivas y asistenciales, diluyeron estas importantes conquistas reivindicativas y el movimiento de personas adultas mayores regresó a las calles para reclamar sus derechos.
Lamentablemente, hace algunos meses los medios de comunicación y las redes sociales han reportado la muerte por inanición de personas jubiladas y pensionadas, así como la detención de integrantes de organizaciones del sector en el estado Vargas. Además, las famosas colas del hambre que aún existen, son protagonizadas mayoritaria y tristemente por personas adultas mayores. La crisis económica nacional, traducida en devaluación e inflación, aumentó la pobreza en la vejez, mientras que el fenómeno de la diáspora agudizó la soledad no deseada de miles de abuelos y abuelas. La gente mayor, además de padecer el declive de su salud física y mental producto de la edad, es víctima de la más absoluta e indolente desatención gubernamental, tanto en Venezuela como en el exterior. Las personas que viven fuera del territorio nacional, no reciben el pago correspondiente a su pensión o jubilación, hace años.
Con este panorama regresivo, el 29 de mayo de 2022, es un día de ratificaciones, pues en la Venezuela gobernada por Maduro la lucha reivindicativa popular y por el acceso a derechos humanos, continua.
