La libre autodeterminación de los pueblos se materializa en primer lugar en el marco normativo que una nación desarrolla para sí misma de forma libre e independiente de acuerdo a las necesidades de su población y a su cosmovisión, en segundo lugar, a las políticas efectivas desarrolladas para tal fin, y en tercer lugar sobre la institucionalidad que se conforma para garantizar la anterior. En este sentido la constitución del 99 establece que Venezuela se constituye como un estado social de justicia, es decir, como un estado cuyo principal fin es garantizar el bienestar y la protección de los grupos más vulnerables.
Irónicamente, el único eje estable en las políticas públicas es el desmontaje progresivo de facto de las prerrogativas de la constitución del 99. La injerencia imperialista y sus políticas económicas hostiles han terminado por rendirles frutos en cuanto a la dislocación del estado nación que se está presenciando. La crisis aguda en la institucionalidad del país es inherente a la desvalorización del trabajo, de la misma forma en la cual la vulnerabilidad de la población crece frente a la crisis institucional del estado.
El continuo marco de emergencia con el que se vienen implementando las políticas económicas cuenta con la necesaria participación dócil de quienes constituyen la fuerza laboral. Al parecer se asume como un problema de convicción ideológica que debe sustentar la resistencia de los trabajadores frente a la crisis bajo la promesa futura de prosperidad, en la cual todos los venezolanos nos encontramos al fin en las mismas condiciones.
A cuatro años del proceso de apertura con el cual el gobierno venezolano se sintoniza con las exigencias del mercado internacional, los efectos sobre la economía muestran signos de dinamización. Bajo el discurso de unidad nacional se anuncia una recuperación económica de toda la nación. Los actores patronales ensalzan las políticas hasta ahora desarrolladas y saludan la llegada del diálogo social. La cohabitabilidad de los actores es un hecho y solo se necesita el esfuerzo común bajo la consigna de "producción primero".
Todos los factores parecen estar claros para una dirigencia que se considera representante de los intereses de todos los actores nacionales. En esta ecuación el capital prevalece sobre el trabajo y este último debe simplemente servir de podio para el beneficio de los actores económicos que invierten en el país. El carácter "estratégico" de las inversiones es asumido como un elemento fundamental de la soberanía nacional, es por ello que se vienen blindando a los inversionistas con prerrogativas que les garantizan la obtención de beneficios como los encontrados en la Ley Antibloqueo y la Ley de Protección a la Inversión Extranjera.
Cualquier contradicción entre trabajo y capital bajo la actual coyuntura se inclina a favor del segundo por ser necesario en este periodo de recesión, y cualquier acción que atente o incomode a los intereses de estos es susceptible de ser considerada como un crimen en contra de la nación. La lógica es simple y muy global: hay que apretarse el cinturón con una sonrisa en la cara.