Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la protección del obrero es un hecho; un proceso lento pero que no estuvo exento del derramamiento de sangre. Mientras en Europa el maquinismo y la Revolución Industrial por un lado significaban progreso, por otro lado dejaban una estela de miseria humana, explotación laboral, desigualdad, trabajo infantil y condiciones infrahumanas en los puestos de trabajos. En América, azotaba entretanto el mal de la esclavitud, aun cuando casi todas sus naciones estaban emancipadas de las principales potencias europeas pues no existían leyes sinceras que legaran las condiciones para realizar una abolición de esclavitud formal. La idea de los derechos laborales es un concepto nuevo si se compara con otras ramas del derecho como la civil o penal, por ejemplo, y que ahora en nuestro país a pesar de los avances ha llegado a un punto crítico de involución en detrimento no solo del trabajador que queda a la intemperie de abusos por parte del patrono sino de una legislación irrisoria y obsoleta que urge reformar cuya debilidad ha quedado al desnudo en estos tiempos de pandemia.
A pesar de no simpatizar con el marxismo, reconozco que el trabajo de Karl Marx y Friedrich Engels tuvo un papel precursor en las luchas obreras con la publicación del Manifiesto Comunista en 1848 lo que significó un antes y un después en la organización del proletariado. Así se extendió por todo el mundo la idea de condiciones óptimas en el trabajo que iría ganando adeptos en la política y luego seguida -a regañadientes- por las grandes empresas quienes tuvieron que aceptar leyes en beneficio del trabajador y nació el derecho laboral al que se sumaría un importante concepto denominado seguridad social bajo la influencia del informe Beveridge, que marcó un importante precedente en la previsión social británica luego de la Segunda Guerra Mundial y que tendrá una enorme peso en las legislaciones de trabajo en América Latina, entre ellos Venezuela que ya era pionera con una Ley de Trabajo desde 1928, que aunque en la práctica no representaba un beneficio pleno para el trabajador sobre todo quienes trabajaban bajo el patronato de las transnacionales petroleras fue el primer instrumento jurídico que vino a legislar en esta materia en nuestro país.
Hablar de la legislación laboral en Venezuela es un tanto complejo dado los conflictos de intereses o la naturaleza proteccionista que ha tomado en los últimos años en beneficio de los trabajadores con fines de índole política y que ha puesto de manifiesto las asperezas existentes entre el gobierno y la empresa privada quien alega "estar perjudicada" por la actual legislación fruto de la aprobación en el año 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras mejor conocida como LOTTT; la principal singularidad de esta ley es que fue aprobada por Hugo Chávez bajo poderes extraordinarios concedidos por la Asamblea Nacional en 2010 por un plazo de dieciocho meses; esta Ley es la primera que se redacta sin la venia o consentimiento de FEDECAMARAS, principal organización que agrupa los gremios empresariales del país y que en otros tiempos tuvo un notorio protagonismo en la redacción de leyes relacionadas con la materia laboral en nuestro país.
La LOTTT trajo consigo amplias reformas tales como la reducción de la semana laboral reducida de 44 a 40 horas diurnas –con la obligación de dos días continuos de descanso– el permiso de maternidad fue ampliado de tres a seis meses y medio y la indemnización por despido injustificado se estipuló al doble de la establecida en el texto derogado; entre otras novedades que tenemos presente es el procedimiento de reclamos ante la Inspectoría de Trabajo establecido en el artículo 513 ejusdem. Revisando el derecho comparado de la legislación laboral de Argentina, España, Chile, México y otros países que conforman las principales fuentes de derecho laboral en Hispanoamérica no se encuentra un procedimiento semejante, no obstante si es posible encontrar antecedentes en el propio ordenamiento jurídico venezolano. Si bien la nueva modalidad de procedimiento de reclamos tuvo un éxito efímero, en la actualidad representa un instrumento ridículo burlado por el Estado y por la empresa privada; es a partir de allí de donde deberían solucionarse las desavenencias entre empleador y trabajador pero dicha instancia termina burlada por el patrono e ignorado por el trabajador agredido en un ambiente donde la anarquía judicial cunde por doquier; el Estado que representa la institución empleadora más grande del país en numerosas ocasiones ha cometido atropellos, actos de violencia, estigmatización y acoso en contra de aquellos trabajadores que piensen diferente o no se encaminen en las directrices partidistas del proceso, al respecto de ello en la 341ª reunión celebrada en la segunda mitad de marzo de 2021 por el Comité Ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) se amonestó al gobierno de Nicolás Maduro por continuar dichas acciones en contra de las recomendaciones dimanadas anteriormente por este organismo internacional. El principio In dubio pro operario establecido en el artículo 89, numeral 3 de nuestra Constitución con la finalidad de garantizar una tutela judicial efectiva en preminencia del trabajador parece sufrir una reversión de papeles donde la Ley a quien termina "beneficiando" completamente es al gobierno como sujeto de derecho, principal infractor incluso, de la inavolidad laboral decretada por el mismo. Innumerables son las veces que tribunales de trabajo, que con suerte, admiten una querella contra el Estado por conflictos laborales declaran sin lugar dichas exigencias por comprometer la lealtad del sistema judicial hacia "la Revolución". A eso hay que sumarle los sueldos paupérrimos en todas las escalas de la administración pública donde un trabajador necesita alrededor de unos diez salarios mínimos para alimentar a su familia en un solo día mientras el país vive una profunda dolarización de facto contra la cual la administración de Maduro ha ejercido una política errada que en lugar de paliar sus consecuencias las empeora haciendo cada vez más pobre a la clase trabajadora lo que ha llevado a una desaparición virtual de la clase media en Venezuela. "El presidente obrero", como se hace llamar, es ahora un esbirro del proletariado, asesorado por charlatanes, aduladores y filosofastros quienes cargan la responsabilidad de la desmoralización que ha sufrido el ciudadano producto de esta crisis económica a la cual se acopla una hiperinflación impulsada por la indiscriminada impresión de dinero inorgánico, una criminal dolarización respaldada disimuladamente por el Banco Central que sin pudor alguno tasa sus dólares casi, igual o más a la tasa del tan anatemizado dólar paralelo.
Insto a todo el Estado venezolano y sus instituciones a que hagan una profunda reforma a la legislación laboral que ha quedado rezagada y obsoleta. Es insólito que un trabajador gane en bolívares sin valor alguno mientras en la calle su salario se pulveriza ante los altos precios fijados en dólares. Esta pandemia COVID-19 dejó al descubierto la debilidad de las instancias laborales ante el enorme retraso y la ineficiencia de las mismas: el trabajador al colocar la denuncia termina incluso pagando impresiones, copias de los expedientes de su propio bolsillo e incluso para mayor sarcasmo pagando al alguacil el transporte para que lleve las respectivas citaciones cuando el Ministerio de Trabajo debería disponer de presupuestos destinados a proveer la logística y la asistencia a sus servidores públicos y al trabajador afectado que demanda de sus servicios. No conforme con ello el trabajador debe tener tanta paciencia como para conciliar el enorme retraso procesal de las Inspectorías para que al cabo de meses o años puedan procesar su caso, retraso del cual en esta pandemia pese a los decretos de inamovilidad laboral se han aprovechado algunas empresas privadas para hacer renunciar forzosamente a sus trabajadores por causas injustificadas haciéndolos firmar cartas de renuncia en formatos prefabricados por el empleador o gerente de recursos humanos sin la expresa voluntad del trabajador de cesar la relación laboral. Cabe destacar que este vicio de coacción está tipificado en la LOTTT pero actualmente la sanción pecuniaria es un chiste que se cuenta solo para tener en cuenta cuan desactualizada se encuentra esta ley. Hago un llamado desde esta plataforma de opinión al Ministerio de Trabajo para que sincere las políticas laborales de la administración pública y que también se regulen las relaciones laborales en la empresa privada donde muchos de sus integrantes cometen atropellos contra sus empleados quienes pasan la frontera de la subordinación a través del acoso verbal, laboral, la crítica sistemática, el despido injustificado, la descalificación, así como la realización de contratos onerosos que benefician al empleador a su antojo. Recientemente, por ejemplo, fui testigo de un vil despido injustificado por una empresa del ramo óptico en la ciudad de Maracaibo llamada Óptica Roldan, caso tan injusto que no solo me motivó a redactar este articulo sino a profundizar más en el derecho laboral cuyo estudio sobre la jurisprudencia venezolana me ayudó a ver cuánta injusticia se comete en el área laboral en Venezuela sin distingo de si es de índole pública o privada. Esta empresa óptica, su patrono despidió a un trabajador de forma verbal y grosera por el simple hecho de dar un presupuesto con un precio errado, ni siquiera era una venta. El patrono no solo burló violó la inamovilidad laboral sino que pretendía pagarle a un trabajador a destajo sus prestaciones sociales con base en el salario mínimo y encima de ello obligarlo a firmar una carta de renuncia fabricada por la empresa por otra parte, hacer uso de amenazas y amedrentamiento para hacer efectiva la renuncia que afortunadamente el afectado no firmo ni la empresa hasta hoy no ha cancelado la respectiva liquidación de prestaciones. Esto es solo un espécimen de crímenes que empresas impúdicas como esta cometen en contra de sus subordinados a través de una pobre política de recursos humanos abriendo paso a la creación de condiciones para la esclavitud moderna sin reconocer derechos más que el derecho propio al lucramiento y la producción de capitales. La crisis COVID-19 ha exacerbado las arbitrariedades en empresas públicas y privadas que son el pan de cada día donde el silencio de las instrucciones termina arropando cualquier intento por hacer justicia. En este juego el marcador entre los jugadores es: 1 a 0. Desde exceso de horas laboradas, estrés, cambios de horarios, exposición al virus son uno de los tantos factores que merman la calidad empleadora en el país y que lamentablemente contra todo pronóstico para el empleado que irremediablemente no tiene otra alternativa a la frase "quédate en casa" debe salir a la calle contra todo pronóstico o elemento patológico que ponga en riesgo su vida o la de los suyos. Es la lucha del hambre contra un virus. Actualmente y recrudecida por la pandemia la tasa del desempleo ronda el 58.3% en un país donde la recesión no parece ceder y aunque no se puede culpar a Maduro por la pandemia son las políticas sanitarias las que ponen en vilo la garantía de vacunas antivirales para una población famélica que ya parece no tener a nada que resignarse. La extensión de la inamovilidad laboral que hace poco atractiva la iniciativa de creación de nuevos empleos, ni los aumentos risibles de salario ni los bonos de dinero inorgánico del carnet de la Patria buscaran la calidad de vida que el trabajador venezolano de hoy necesita. La seguridad social en Venezuela es una fábula quimérica en unos hospitales donde ni siquiera el papel para suministrar algo tan simple como una suspensión es algo existente.
Las ventajas sociales del venezolano promedio tan cacareadas por el aparato propagandístico oficial son inexistentes en un país técnicamente brillante en mil aspectos y asombrosamente atrasado en otros mil; gobernado por una ideología económicamente conservadora reblandecida con los años donde la aversión al dólar parece desaparecer con el tiempo brindando al trabajador una válvula de escape para satisfacer la necesidad mas no el capricho. Un sistema social que se sitúa fuera de la realidad humana cuando reduce al mínimo las posibilidades individuales de trabajar preferentemente para su familia, su hogar y su comodidad personal donde el reparo no existe y cada cual debe conformarse, como dijo Cristo, con su salario y con lo que haya en la mesa. Una vida incomoda al menos para los estándares occidentales de vida en pleno siglo XXI.
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