Ante el oprobio que vivimos los docentes ¿Qué hacer?

Estoy convencida que todo recurso intentado ante los tribunales por las violaciones que el gobierno comete contra los ciudadanos de a pie, serían desestimadas, engavetadas y/o decididas en contra. Sin embargo, hacer nada es la peor gestión que podemos realizar. Claro, los ciudadanos de a pie no poseemos recursos para financiar una acción legal, los abogados no son "docentes", que trabajan gratis por vocación, hecho éste del que se aprovechan padres, madres, representantes y sobre todo los políticos demagogos, quienes exigen que el docente trabaje a mengua, en ambientes inhóspitos, sin baños, sin agua, sin luz, sin salario, sin atención médica, sin acceso a la tecnología, sin consideración y sin respeto a la digna profesión que escogimos: La Docencia. Hacen chantaje al decirle a los profesores que el derecho superior de los niños está primero que los derechos laborales del docente. Esa es una verdad a medias. Porque el derecho de los niños a una educación gratuita y de calidad quien debe garantizarlo es el Estado; no dice la LOPNNA (ley orgánica de protección al niño, niña y al adolescente) que dicha obligación le corresponda al educador, y mucho menos cuando éste (el educador) se encuentra con un despido indirecto por vía de hecho, con su derecho a la vida, a la salud y a la alimentación vulnerado.

Considero que los derechos humanos que se encuentran en juego, los violenta en su totalidad el gobierno nacional, es decir educandos y profesores somos víctimas de políticos inmisericordes, que solo velan por su propio bienestar y su permanencia en el poder al precio que sea. Por lo cual van de trampa en trampa y de mentira en mentira, tratando de justificar la destrucción del país y por ende: la destrucción del sistema educativo. Ahora bien: ¿Qué hacer? desde septiembre de 2018 he insistido que las federaciones del magisterio soliciten un recurso de amparo constitucional por la violación de los derechos laborales de los docentes, pero recibí como respuesta: "no es conveniente judicializar el problema", "si vamos a tribunales Aristóbulo no hablará con nosotros y nos dirá que esperemos lo que diga el tribunal"; esas dos respuestas me la dieron dos dirigentes de federaciones distintas. Pero hablar o no con ese señor no ha variado las cosas, por el contrario, cada día se agudiza más la crisis, hoy estamos frente a un cambio de patrono sin aviso y sin protesto, todos los beneficios laborales conculcados, y sabemos que no hay voluntad política para resolver el problema , pero si hay mucha disposición para subyugar al trabajador del sector público y de manera grotesca al profesional de la docencia.

En mi opinión si era y es necesario transitar esa vía judicial, ¿Que podíamos perder?. Eran y son posibles, a mi entender, los siguientes escenarios: 1.- Que no admitan el recurso. 2.- Que lo admitan y lo engaveten. 3.- Que lo admitan y lo declaren en contra alegando algún exabrupto. 4.- Que lo admitan y lo declaren con lugar pero con alguna estratagema para que no cumpla el demandado con el petitorio. Y 5.- Que la admitan, la declaren con lugar y sea ordenado el MPPE a cumplir con las garantías constitucionales en materia laboral que viene infringiendo desde septiembre de 2.018. El último escenario es el que contiene justicia y en virtud del talante totalitario, y sin división de poderes que reina en el país, este es el menos probable. Los cuatro primeros escenarios permitirían una acción bien fundamentada ante organismos y tribunales internacionales que no responden al mandato de este gobierno, y dónde si es posible obtener justicia. Claro está, esos procedimientos son costosos y requieren de ayuda económica, porque los docentes no estamos en capacidad de financiarlas, además no son inmediatas. Pero la opción de esperar a que por Obra y Gracia de la Providencia Divina los verdugos del magisterio recapaciten y cambien su paradigma político de construir un sistema educativo marginal, incapaz de egresar a un bachiller bien formado, capaz de realizar, con éxito, una carrera universitaria, para producir bienes y servicios de calidad, y dejar atrás ese modelo de vida precaria con arreglo al modelo cubano, sin pensamiento crítico y sometimiento permanente, es sin dudas: una ilusión.

El segundo ¿Qué hacer? es evidentemente la movilización de las masas, que se estuvo realizando en el año 2018, 2019 y algunas salidas en el año 2020 y lo que va del 2021, pero está opción ante una conducta indolente de quienes abusan del poder y con una pandemia con el moño suelto, no es conveniente su aplicación masiva, el riesgo a contagiarse es una realidad, mientras tanto toda la camarilla presidencial ya se vacunó, no permiten la entrada de nuevas vacunas y para cerrar con broche de oro, pretenden utilizarnos como conejillos de india para probar una presunta vacuna cubana, mi hermano "cosa más grande". De piratería en piratería. Lo más lastimoso es la oportunidad de crecimiento en materia pedagógica que estamos perdiendo, los países serios de la región y en todo el mundo, han sacado provecho a la tecnología en pro de la educación incorporando la educación virtual y la educación on line como recurso valioso que permite la interacción entre docentes y estudiantes, sin el riesgo de contagio. Pero con un gobierno-patrono que NO quiere invertir en educación y solo presiona al personal adscrito para que atiendan en asesorías presenciales en ambientes sin bioseguridad; esto último es un acto de irresponsabilidad, y allí si debemos reconocer que: por OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO no hemos tenido una contaminación masiva en planteles educativos.

En conclusión: por el beneficio de toda la comunidad educativa si es necesario judicializar el conflicto para que escale y se le salga del control al patrono-gobierno. Quizás entonces procuren algún tipo de arreglo para que está acción no se salga del país.

*Elsa castillo es Profesora 



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