Durante el último año han seguido ocurriendo actos de violencia, amenazas, persecución y otras formas de agresión por parte de funcionarios venezolanos
Las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (CE-OIT) tiene como objetivo ayudar al Estado venezolano a superar distintas situaciones para lograr el respeto a la libertad sindical. Sin embargo, el gobierno venezolano no ha tomado en cuenta las recomendaciones hechas y durante el último año, la persecución, las amenazas y la intimidación se han seguido dando por parte de funcionarios del Estado.
En el boletín del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) "Observaciones de organizaciones de trabajadores de Venezuela sobre el comportamiento del gobierno en relación con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, para el cumplimiento de los Convenios 26, 87 y 144 de la OIT", se reveló que hasta el 30 de septiembre de este año, hay por lo menos 5 trabajadores privados arbitrariamente de su libertad y más de 100 compañeros sometidos a régimen de presentación. Entre septiembre de 2019 y septiembre de este año hay 28 nuevos casos de persecuciones a dirigentes sindicales.
La situación ha empeorado y las principales prácticas de agresión documentadas son las detenciones arbitrarias, las agresiones violentas contra sindicalistas, asambleas, acciones colectivas de carácter sindical y contra sedes sindicales; la intimidación a través de prácticas de acoso y hostigamiento, citaciones de las autoridades policiales, órdenes de aprehensión, amenazas telefónicas, despidos, sanciones y suspensión de salario.
El gobierno tampoco ha tomado ninguna de las medidas solicitadas para investigar de manera parcial la violencia sindical. Tampoco se ha resarcido de manera económica o moral a los dirigentes sindicales detenidos ilegalmente.
Tal es el caso de Rubén González, sindicalista preso por sus actividades legítimas, e indultado el pasado 31 de agosto, junto a decenas de presos políticos y diputados. Nada se ha dicho de la reparación que se le debe a González por las penurias personales y familiares a las que su sometido durante su detención y cautiverio y el antecedente es que no ha recibido todavía ninguna reparación por el primer y accidentado proceso penal al que ya había sido sometido.
Otra recomendación de la CE-OIT es la liberación de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, detenido por sus actividades sindicales legítimas y recluido en la cárcel de El Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, a más de 600 kms de su casa en Ciudad Piar, estado Bolívar. Ya son 9 años preso por un crimen que no cometió y sin juicio, hasta ahora. El lunes 10 de febrero de este año, se reinició el juicio, después de ocho interrupciones y 25 audiencias preliminares.
El Estado venezolano no promueve, estimula, ni ejecuta acuerdos por las vías legales; no se discuten las convenciones colectivas en el sector público, y en el sector privado hemos detectado una peligrosa tendencia a sustituir el contrato colectivo por contratos individuales, con anuencia de las inspectorías del trabajo. El gobierno ignora, desconoce y agrede a las organizaciones sindicales legítimas y mayoritarias.
El gobierno es cada vez más autocrático, sin autonomía de poderes, como se desprende de las conclusiones de la Misión Internacional independiente de determinación de hechos y de lo detectado en este boletín.
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