El Presidente Obrero que Viola la Ley del Trabajo

Uno de los más visibles atropellos a la dignidad humana que la actual gestión gubernamental comete, violando descaradamente la carta magna y leyes de la República, está demostrado con el recurrente desconocimiento que éste hace de los derechos laborales de los trabajadores en general y de los del sector universitario venezolano en particular.

Para descubrir ese inaceptable abuso gubernamental, o al menos el que se comete contra toda la comunidad universitaria venezolana, casas de estudios que han sido disminuidas y colocadas en un estado de abandono, sería suficiente con referir sólo lo que está sucediendo en ellas con la permanente morosidad en el pago del salario a sus trabajadores.

Ahora bien, el aspecto salarial constituye uno de los derechos más vulgarmente vulnerado por el actual "presidente obrero y sus subalternos". El monto que se percibe como compensación de la labor realizada no se corresponde con la realidad económica y social crítica que vive el país y, para colmo, ese compromiso se cancela con recurrente retraso y en algunas ocasiones hasta fraccionado; procedimiento evidentemente alevoso y pérfido que se hace contra nuestros derechos constitucionales y legales a recibirlo de forma oportuna y completa, a partir de lo que ha sido pactado en las convenciones colectivas firmadas entre el Estado y las organizaciones sindicales de los trabajadores universitarios.

Muchas luchas debió emprender el movimiento sindical de nuestro país para arrancarles a los patronos, públicos o privados, un conjunto de conquistas que se plasmaron en los acuerdos contractuales y convenciones colectivas, las cuales mejoraron las condiciones de trabajo y las remuneraciones percibidas. Resalta en tales logros la consideración que en la Constitución anterior y en el artículo 89 de la vigente, garantiza el reconocimiento del trabajo como "un hecho social que goza de la protección del Estado y la Ley". En consecuencia, trabajo y salario constituyen derechos humanos fundamentales.

La exigencia universal para que los gobiernos garanticen su absoluta protección y validez, no es derivación de temerosos pedimentos realizados por los trabajadores o de respuestas caritativas y filantrópicas recibidas de los patronos, sino de la lucha de los primeros por hacer valer sus justos derechos contra la pretensión de los últimos por desconocerlos. De tal manera que el salario representa un hecho social y económico sagrado para quien lo percibe y para su familia. De este ingreso depende, en buena medida, la garantía de su bienestar. Por ello, no es por mera casualidad que la carta magna consagre en sus artículos 91 y 92: "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo (…) El salario (…) se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal (…) El salario y las prestaciones sociales son créditos de curso laborales de exigibilidad inmediata. TODA MORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES, LOS CUALES CONSTITUYEN DEUDAS DE VALOR Y GOZARÁN DE LOS MISMOS PRIVILEGIOS Y GARNATÍAS DE LA DEUDA PRINCIPAL".

Este mismo mandamiento constitucional es desarrollado en el artículo 98 de la vigente Ley del Trabajo: "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales". Por tanto, "El SALARIO GOZA DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO Y CONSTITUYE UN CRÉDITO LABORAL DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA". Y el 99 ejusdem agrega: "El salario se estipulará libremente garantizando la justa distribución de la riqueza. En ningún caso será inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley". Y complementa el 101 de la Ley supra que "Los trabajadores y trabajadoras dispondrán libremente de su salario. Es nula cualquier limitación a este derecho no prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley". Y, finalmente, los artículos 126 y 127, que están relacionados con la oportunidad y día de pago del salario, rezan: "El trabajador o la trabajadora y el patrono o la patrona, acordarán el lapso fijado para el pago del salario, que no podrá ser, mayor de una quincena, pero podrá ser hasta de un mes cuando el trabajador reciba del patrono o la patrona alimentación y vivienda" y "El pago del salario deberá efectuarse en día laborable, durante la jornada y en el lugar donde los trabajadores y las trabajadoras presten sus servicios (…) Cuando el día de pago coincida con un día no laborable, el pago de los salarios se hará en el día hábil inmediatamente anterior".

Por último, el artículo 194 de la misma Ley es claro al indicar: "El pago del salario correspondiente a los días de vacaciones deberá efectuarse al inicio de ellas. Cuando haya que pagarse además la alimentación y alojamiento, o ambas cosas, su pago se hará también al comienzo de las mismas". Contradictoriamente, este proceder que vulnera los derechos antes expuestos, forma parte de la conducta de un gobierno que se autoproclama socialista y de los trabajadores, a pesar de haber sido propiciador de la Constitución y de la Ley del Trabajo. Es decir, mantiene un doble discurso, pues, de una parte se declara socialista y revolucionario y por la otra, desmejora las condiciones de existencia de la clase obrera.

 

luisdovaleprado@gmail.com



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