Rechazan en Argentina "grosera injerencia" de EU en caso de la AMIA

Buenos Aires. Organismos de derechos humanos y organizaciones de abogados, entre otros sectores, calificar de "grosera injerencia" la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes estadunidense, de una resolución que solicita a Interpol emitir órdenes de captura para un grupo de iraníes y un libanés, por el atentado contra la mutual judía Asociación Mutal Israelita Argentina, en julio de 1994.

La Cámara de Representantes reiteró así la solicitud que había hecho a Interpol en marzo pasado a iniciativa de la congresista republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, ahora acompañada por la legisladora demócrata Eni Faleomavaega.

Se destaca en la solicitud que Ros-Lehtinen es defensora a ultranza de los grupos anticastristas de Miami y especialmente de Luis Posadas Carriles y otros confesos autores de atentados que dejaron cientos de víctimas.

El juicio en Argentina por el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos, ha sido obstaculizado por los informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Mossad (la inteligencia israelí), cuyo único objetivo es que se acuse a Irán y a Hezbollah, aunque no hay pruebas.

Esto llevó a cometer graves irregularidades al tratar de forzar elementos para complacer esa línea y finalmente el juez Juan José Galeano fue separado de su cargo por falsear pruebas en esa causa.

En agosto de 2003 fue detenido en Londres el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleiman Pour, a solicitud de la justicia argentina, aunque se le liberó poco después por falta de pruebas, además de que Gran Bretaña pagó a Irán una indemnización de 180 mil libras.

El año pasado el fiscal Alberto Nisman volvió sobre este mismo punto -sin nada nuevo en pruebas- y envió una lista de 12 iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Hashemi Rafsanjani, los ex ministros de Seguridad y Relaciones Exteriores, Alí Fallahijan y Alí Akbar Velajati, así como el libanés Imad Fayez Moughnieh. Nisman alude a una reunión de funcionarios iraníes realizada el 14 de agosto de 1993, pero no existen pruebas, sólo una difusa declaración de un supuesto arrepentido, protegido de la CIA, que como todos los que se han presentado terminan siendo descalificados.

Esta saga de fallas judiciales, que denunció con detallada documentación el dirigente piquetero, ex diputado y ex funcionario del gobierno aquí, Luis D' Eliá, es producto de una "presión ilegal e inmoral" de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

Desde un principio ambos gobiernos acusaron a Irán y a Hezbollah del atentado, y convirtieron en sospechosas a las comunidades árabes en varios países, lo que también ha servido para su propuesta de ocupar la zona de la Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay), aduciendo "necesidades" en la lucha antiterrorista.

Por su parte, el vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, Angel Schindel, elogió la decisión del Congreso estadunidense y consideró que esto "implica una invitación a los países democráticos del mundo a que se unan a este pedido".

Analistas locales estiman que además de que la resolución es una injerencia de Estados Unidos, ésta afecta a la justicia local. Destacan que esto sucede cuando Washington acaba de aprobar planes para venta de armas por más de 60 mil millones para contrarrestar a Teherán.



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