Un masivo y dramático operativo migratorio ejecutado en un complejo de apartamentos de Chicago, presentado por la administración Trump como un "golpe espectacular contra el terrorismo" y la peligrosa pandilla venezolana Tren de Aragua, ha resultado en deportaciones silenciosas y ningún cargo criminal por terrorismo, según una exhaustiva investigación de ProPublica.

La redada, que involucró a cerca de 300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza, el FBI y equipos SWAT descendiendo en rápel desde un helicóptero Black Hawk, terminó con la detención de 37 inmigrantes, principalmente venezolanos. Sin embargo, el dramatismo de la captura contrastó con la falta de evidencia presentada posteriormente por los fiscales federales.

El caso de Jhonny Manuel Caicedo Ferreira: de la taquería a la deportación

Entre los arrestados se encontraba Jhonny Manuel Caicedo Ferreira, un inmigrante venezolano de 28 años con una solicitud de asilo pendiente y un trabajo estable en una taquería.

Durante la noche del operativo, Caicedo fue atado con bridas plásticas, interrogado contra una pared bajo el rugido de un helicóptero y exhibido ante un equipo de televisión invitado a filmar la acción. Pese al despliegue, la policía de Chicago no encontró historial criminal, órdenes de arresto ni evidencia de pertenencia a pandillas.

Tras la partida de las cámaras, la narrativa de terrorismo se desvaneció. Los fiscales no acusaron a Caicedo de ningún delito ni de ser terrorista. Poco después de una breve audiencia de inmigración, el gobierno de Estados Unidos lo deportó a Venezuela, el país del que había huido nueve años antes.

"Lo perdí todo. Para esos locos todos los venezolanos son delincuentes", lamentó Caicedo en una entrevista telefónica desde Valencia, Venezuela.

Un despliegue de fuerza injustificado y reclamos sin sustento

El 30 de septiembre, la redada se desarrolló con una fuerza extrema: granadas aturdidoras, puertas derribadas a patadas, y la detención temporal de muchos ciudadanos estadounidenses. Los agentes garabatearon números de apartamento con marcador negro en los cuerpos de los venezolanos detenidos antes de interrogarlos.

Posteriormente, la administración Trump difundió un video y el asesor de seguridad nacional Stephen Miller declaró que el edificio estaba "lleno de terroristas del TdA," calificando el operativo como "uno de los más exitosos que hemos visto."

Sin embargo, la investigación de ProPublica halló poca evidencia que respalde estas afirmaciones:

Ningún cargo criminal: Los fiscales federales no han presentado cargos criminales contra ninguno de los 37 arrestados.

Sin vínculos comprobados: No se ha revelado evidencia de que los dos supuestos miembros "confirmados" del Tren de Aragua arrestados fueran realmente parte de la pandilla. Ludwing Jeanpier Parra Pérez, uno de los identificados por la investigación, negó ser miembro de la banda: "No sé por qué ponen la gente así. Yo vine a buscar un futuro bueno".

Deportación, no procesamiento: En las audiencias de inmigración observadas, los fiscales no mencionaron cargos criminales pendientes ni pertenencia al Tren de Aragua. En cambio, los jueces ordenaron la deportación o concedieron la salida voluntaria, sugiriendo que los detenidos no eran considerados una amenaza seria.

Mark Rotert, un exfiscal federal, cuestionó la acción, señalando que si realmente hubieran atrapado a miembros de una "pandilla del crimen organizado violento," sería sorprendente que se conformaran "solo con deportarlos."

El factor político y las consecuencias humanas

Mientras que algunos residentes admitieron la presencia de "malandros" o personas involucradas en actividades delictivas dentro del edificio, la noción de un "complejo del Tren de Aragua" tomado por terroristas parece ser una exageración impulsada por la política.

Expertos en pandillas señalaron la "obsesión política con el Tren de Aragua" por parte de la administración Trump, indicando que hay una presión para vincular a delincuentes venezolanos con el TdA, incluso sin pruebas.

La redada dejó a los residentes aterrorizados. Seis hombres venezolanos dijeron que fueron golpeados o pateados por agentes. Un inquilino nigeriano fue mordido por un perro policía.

Jean Carlos Antonio Colmenares Pérez, un trabajador de la construcción sin historial criminal aparte de una multa de tránsito, relató cómo fue forzado a arrodillarse frente a su sobrino de 6 años que sollozaba. "Nos sacaron como unos criminales," afirmó.

A pesar de la declaración del DHS de que la operación "se realizó en total cumplimiento de la ley", la falta de cargos y la rápida deportación de hombres como Caicedo han expuesto una brecha significativa entre la retórica antiterrorista de alto perfil y los hechos reales de un operativo que, en última instancia, desmanteló familias trabajadoras bajo la apariencia de un "golpe de efecto" mediático.