El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, transmitió este lunes a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, su rechazo a la activación de una provisión legal que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades en la isla que fueron expropiadas hace 60 años.
En declaraciones a la prensa tras su reunión con Pompeo en el Departamento de Estado, Borrell dijo que había reiterado la oposición de España a la activación del título III de la ley Helms-Burton, suspendido desde su creación en 1996 y al que tradicionalmente se ha opuesto la Unión Europea (UE), incluida España.
"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo 3 de la ley Burton a Cuba y ya sabe EE.UU. que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", manifestó el titular español de Exteriores.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses, de forma que nunca ha llegado a entrar en vigor por completo.
Sin embargo, en enero, cuando tocaba renovar esa suspensión, el Gobierno del presidente Donald Trump disparó todas las alarmas al hacerlo solo durante 45 días y, posteriormente, en marzo, volvió a renovar dicha suspensión durante 30 días, una medida que expira el 17 de abril.
A pesar de mantener la suspensión, el Ejecutivo estadounidense tomó una importante decisión con respecto al título III: en marzo por primera vez en la historia estableció que los cubano-estadounidenses podían demandar a compañías cubanas, aunque las extranjeras seguían exentas.
Borrell explicó que España se opone a la medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas, por ejemplo en el sector turístico.
En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.