El secretario de Defensa estadounidense ha enviado a la Casa Blanca sus recomendaciones de política sobre el traslado de detenidos a Guantánamo. Los detalles aún no se han hecho públicos. Mientras tanto, se ha llevado a cabo el primer traslado de detenidos fuera de la base durante el gobierno de Trump.
El 30 de enero de 2018, el presidente Trump revocó la orden dictada en 2009 por su predecesor de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo. El presidente ordenó al secretario de Defensa James Mattis que, antes del 30 de abril, elaborara recomendaciones "respecto a la disposición de las personas capturadas en relación con un conflicto armado, incluidas las políticas que rigen el traslado de individuos" a Guantánamo. El 3 de mayo, la portavoz del Pentágono confirmó que el secretario Mattis había enviado sus recomendaciones al presidente, pero no dio más información. Dijo que "en última instancia, la Casa Blanca decidirá cómo seguimos adelante con la política, e informaremos al respecto".
En una rueda de prensa celebrada el 30 de abril, al secretario Mattis le preguntaron qué planes tenía Estados Unidos para los miembros del grupo armado autodenominado Estado Islámico que están bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos. El secretario respondió que, según la información de que disponía, el número de combatientes extranjeros bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias "supera con mucho los 400". Según dijo, Estados Unidos, principalmente el Departamento de Estado, ha estado "poniéndose en contacto con sus países de origen. El país de origen es aquel del que eran ciudadanos cuando se marcharon para combatir. Ahora, en algunos casos, esos países les han privado de su ciudadanía, así que tienen una opinión diferente respecto a cuál es su situación actual. Por tanto, no es sencillo". El 3 de mayo, la portazo del Pentágono reiteró que "estamos tratando de animar a los países a recibir de vuelta a sus ciudadanos".
El 2 de mayo, el Pentágono anunció que Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi había sido trasladado de Guantánamo a Arabia Saudí. En febrero de 2014, este detenido se había declarado culpable ante una comisión militar en virtud de un acuerdo previo al juicio. El anuncio decía que "tras haber cumplido con las condiciones de ese acuerdo, Al Darbi cumplirá el resto de su condena de 13 años en Arabia Saudí". Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi es el primer detenido que es trasladado fuera de la base desde que el presidente Trump ocupó su cargo en enero de 2017, y con su marcha son 40 los detenidos que permanecen recluidos en la base.
Amnistía Internacional considera que las detenciones en Guantánamo violan las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La organización lleva mucho tiempo pidiendo que todos los detenidos recluidos allí sean llevados a juicio o puestos en libertad, que se abandone el sistema de juicios ante tribunales militares, ya que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos, y que se cierre el centro de detención.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:
- pidiendo a las autoridades que recomienden al presidente que no se envíe a más detenidos a Guantánamo, que se trabaje para que los detenidos que aún permanecen recluidos en la base naval sean juzgados en tribunales civiles o puestos en libertad, y que se regrese a la política de cerrar el centro de detención de Guantánamo de inmediato;
- pidiendo que todas las personas bajo custodia estadounidense contra las que existan pruebas admisibles de responsabilidad en crímenes de derecho internacional, incluidos los cometidos en el contexto de los conflictos armados de Irak y Siria, sean acusadas y llevadas a juicio ante un tribunal civil con jurisdicción para juzgar esos crímenes.
Envíen llamamientos antes del 22 de junio de 2018 a:
Asesor de Seguridad Nacional
National Security Advisor
John Bolton
The White House, 1600 Pennsylvania Ave NW, 1st Floor, West Wing, Washington, DC 20500, EE. UU.
Correo-e: millicent.s.hennessey@nsc.eop.gov (asistente especial; por favor, pidan que se entregue su mensaje al Sr. Bolton)
Tratamiento: Sr. Bolton / Dear Mr Bolton
Secretario de Estado
Secretary of State
Mike Pompeo
US Department of State
2201 C Street NW, Washington, DC 20520, EE. UU.
Correo-e: https://register.state.gov/contactus/contactusform
Sr. Secretario de Estado / Dear Secretary of State
Información complementaria
Las operaciones con detenidos en Guantánamo comenzaron el 11 de enero de 2002 bajo lo que el entonces presidente George W. Bush denominó "guerra [global] contra el terror" tras los atentados perpetrados contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 (11-S). Se ha recluido allí a un total de 779 individuos. No se ha llevado a ningún nuevo detenido a Guantánamo desde el 14 de marzo de 2008. Cuando el presidente Trump ocupó su cargo aún había allí 41 detenidos (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/7822/2018/en/).
La orden ejecutiva del presidente Trump del 30 de enero de 2018 reiteró la postura estadounidense de que, entre los instrumentos que autorizan las detenciones, se encuentra la Autorización para el Uso de Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso sin apenas debate después de los atentados del 11-S. Los tribunales federales estadounidenses han aprobado la AUMF como la autoridad legal que permite las detenciones. La orden ejecutiva del presidente Trump afirma que la AUMF "y otros instrumentos autorizaron a Estados Unidos a detener a ciertas personas que formaran parte de Al Qaeda, los talibanes o fuerzas asociadas que participaban en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de coalición, o que contaran con su apoyo sustancial". La orden añade: "Hoy, Estados Unidos mantiene un conflicto armado con Al Qaeda, los talibanes y otras fuerzas asociadas, incluidos el Estado Islámico de Irak y Siria." La cuestión de si los tribunales estadounidenses deben considerar que la AUMF abarca que los detenidos pertenecientes al autodenominado Estado Islámico sean trasladados a Guantánamo es una cuestión abierta, ya que hasta el momento no se ha trasladado allí a ningún detenido perteneciente a ese grupo. En el Congreso ha habido, y sigue habiendo, movimientos para aprobar una nueva AUMF, algunos de ellos con el objetivo de cubrir esta aparente laguna en la legislación estadounidense.
Amnistía Internacional considera que cualquier persona que, por motivos razonables, sea sospechosa de ser responsable de crímenes de derecho internacional debe comparecer ante tribunales civiles y debe recibir un juicio justo que cumpla las normas internacionales, sin recurrir a la pena de muerte. Esto incluye a los combatientes extranjeros sospechosos de crímenes de derecho internacional tales como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos durante los conflictos armados no internacionales de Irak y Siria. Siempre que existan pruebas admisibles suficientes, estas personas deben ser llevadas ante la justicia en un juicio justo, que podría celebrarse en cualquier sistema judicial que contara con la jurisdicción necesaria, ya sea en su país de nacionalidad, Siria, Irak, o La Haya o un tercer país que aplique la jurisdicción universal a esos delitos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, y los tribunales internacionales establecidos para juzgar los delitos más graves recogidos en el derecho internacional no permiten la pena de muerte.
Ahmed Muhammed Haza al Darbi, ciudadano de Arabia Saudí, fue detenido por las autoridades civiles en el aeropuerto de Baku, Azerbaiyán, el 4 de junio de 2002, y permaneció bajo custodia azerbaiyana durante unos dos meses. En agosto de 2002 fue entregado a agentes estadounidenses y trasladado a la base aérea de Estados Unidos en Bagram, Afganistán, donde permaneció recluido ocho meses antes de ser trasladado a Guantánamo a finales de marzo de 2003. En febrero de 2014 se declaró culpable ante un juez de una comisión militar de conspiración, ataque a objetos civiles, poner en peligro una nave y terrorismo. En virtud de un acuerdo previo al juicio, accedió a renunciar a su derecho de apelación, y a no iniciar "ninguna reclamación legal" contra Estados Unidos o cualquier funcionario estadounidense en relación con su "captura, detención, condiciones de reclusión o condición de combatiente enemigo ilegal extranjero o contendiente enemigo ilegal extranjero". Según el acuerdo, la condena se retrasó durante tres años y seis meses. En octubre de 2017 fue condenado a 13 años de cárcel. En su comunicado de prensa del 2 de mayo de 2018 en el que anunciaba el traslado, el Departamento de Defensa declaró que "Estados Unidos se coordinó con el gobierno del Reino de Arabia Saudí para garantizar que la política de traslado se llevaba a cabo de acuerdo con las normas establecidas sobre seguridad y trato humano".