Tan solo un día después de realizarse los últimos comicios en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, cumplió con su promesa de reforzar las sanciones contra el país latinoamericano. Ya lo había dejado claro días antes de celebrarse las elecciones, que si el resultado no terminaba siendo favorable para la oposición, Estados Unidos tomaría decisiones aún más drásticas de las que ya venía tomando. Al parecer, no bastó con sancionar al propio Nicolás Maduro, sino que ahora buscan también, quebrantar la principal fuente de ingresos de los venezolanos: la industria petrolera. Tal como lo dijo el presidente estadounidense, "todas las opciones están sobre la mesa", es decir que, por el momento, no dará el brazo a torcer. El gobierno de Estados Unidos, considera que, a través de las sanciones, logrará generar la presión necesaria para que el gobierno venezolano colapse y se vea obligado a rever sus conductas. Sin embargo, los principales afectados serán los propios venezolanos.
La advertencia de Trump no es una simple amenaza. En agosto de 2017, el presidente estadounidense decretó las primeras sanciones financieras sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Desde ese entonces, las medidas han ido en incremento, a la par del deterioro de la economía venezolana, que se ve perjudicada por la dureza de la presión internacional. Aunque sin dudas, las últimas sanciones son las más duras que ha tomado el gobierno estadounidense hasta el momento. A través de una orden ejecutiva, Trump anunció la prohibición de los estadounidenses de comprar obligaciones de deuda de Venezuela, entre otras medidas.
Todavía no está claro cuáles serían las próximas sanciones que aplicaría el gobierno estadounidense, aunque, de todas formas, las opciones no son esperanzadoras. Desde hace meses, Trump viene anunciando nuevas medidas y amenazando con implementarlas. Se cree que algunas de ellas podrían incluir: sanciones financieras contra PDVSA, empresa estatal líder en el sector, la restricción de empresas estadounidenses de comercializar con la empresa, la prohibición de la exportación de petróleo desde Estados Unidos a Venezuela, entre otras. Lo que queda claro es que cualquiera de ellas produciría una gran alteración del orden en el país latinoamericano.
Si bien el debate con respecto a las sanciones estadounidenses tiene un tinte político e ideológico, hay un hecho indiscutible: la economía venezolana depende casi íntegramente de la venta de crudo y de sus derivados, y eso está reflejado en los números. Por lo que las sanciones financieras, tendrían consecuencias sumamente negativas para el pueblo venezolano. Para ponerlo en claro, un embargo petrolero solo generaría más daños en términos económicos. En palabras del senador estadounidense, Marco Rubio, las consecuencias para Venezuela serían catastróficas, provocando un colapso sin precedentes.
Además, esta jugada tampoco beneficiaría a Estados Unidos, país que recibe más de 792.000 barriles diarios de crudo, provenientes del país latinoamericano. Esto convierte a Venezuela en el tercer mayor proveedor de petróleo a Estados Unidos. Solo en 2016, el país latinoamericano exportó alrededor de 291 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Dichas ventas representan aproximadamente el 75% de los ingresos de exportación del país. Ingresos que son sumamente necesarios a la hora de financiar las importaciones de alimentos o medicinas, algo fundamental para los venezolanos.
Las sanciones que Estados Unidos busca imponer, no solo son repudiadas por Venezuela, sino más bien por los propios estadounidenses. Los refinadores del país norteamericano no dudaron en manifestarse en contra de la amenaza de Trump. Representantes del sector saben que una eventual prohibición del crudo venezolano, los obligaría a buscar otras alternativas. Según Joe McMonigle, ex jefe de gabinete del departamento de Energía de George W. Bush, si se cortara el suministro de gasolina y de otros productos refinados, que en gran parte provienen de Estados Unidos, la economía venezolana se desplomaría.
Las rondas de sanciones empujan con cada vez más fuerza a Venezuela a un callejón sin salida. No a sus representantes políticos, ni tampoco a su gobierno, sino a la ciudadanía en general. A aquellas personas que supuestamente, el gobierno estadounidense busca, tan desinteresadamente, ayudar. Está claro que los castigos no van contra los individuos, sino que están apuntados directamente contra la economía y el pueblo venezolano. Lo cierto es que la evidencia está a la vista de todos. Mientras más se profundizan las sanciones, más se aísla Venezuela. De hecho, otros países de la región ya manifestaron su preocupación sobre las eventuales medidas financieras contra Venezuela. En ese sentido, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de México, aseguró que México no impondría sanciones petroleras contra ningún país y señaló que dichas acciones podrían tener repercusiones negativas sobre la población venezolana y otros países del área del Caribe.
El aislamiento de Venezuela se debe principalmente a la presión internacional y las severas y aleatorias sanciones que buscan deteriorar al país hasta que no haya forma de revertir la situación. Pareciera que Estados Unidos no repara, o no quiere darse cuenta de que hasta ahora, sus esfuerzos por mejorar la situación han sido en vano. No solo no han logrado mejorar la situación económica, sino que además han colaborado para que se profundice la crisis.
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