Ligan a hermano de presidente Fox con escándalo sobre medicamento

Vicente Fox junto a Juan Pablo (derecha) durante el sepelio de su madre, en junio pasado

Vicente Fox junto a Juan Pablo (derecha) durante el sepelio de su madre, en junio pasado

Lo acusan de pretender robarse patente millonaria que cura una enfermedad crónico-degenerativa.

Distrito Federal— El sexenio del presidente Vicente Fox termina como empezó: con escándalos por presuntos malos manejos financieros y de negocios de su hermano menor.

Mientras que en el año 2000 el First National Bank demandó a Juan Pablo Fox Quesada por no pagar un préstamo de 100 mil dólares que obtuvo ostentándose –sin serlo– como director de una empresa, ahora pesan sobre él acusaciones de haber incurrido, con la ayuda presidencial, en abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas, secuestro y torturas.

Así lo afirma, en un libro de próxima aparición y en entrevista con Proceso, el investigador e industrial Édgar Arroyo, quien fue invitado a conocer al presidente Fox luego de hacer un descubrimiento que le dio celebridad internacional.

Después de nueve años de investigación sobre una enfermedad incurable, melliue mitocondria, que padecía su hijo Andy y que entre otras cosas consistía en que sus células no podían reproducirse, Arroyo encontró una cura, confirmada ahora por el hecho de que, a sus 11 años, Andy está “clínicamente sano” pese a que los médicos que empezaron a tratarlo no le daban arriba de ocho años de vida con esa enfermedad crónico-degenerativa.

Su hallazgo consistió en la elaboración de un nutriente ultrasintetizado que, afirma, reestructura las células del cuerpo humano. Luego de que Andy había perdido hasta la vista, al consumir la proteína no sólo la recuperó, sino que recobró también la memoria, mejoró su piel, pudo sostenerse en pie y empezó a generar músculos.

Andy, afirma su progenitor, comenzó su cura al igual que lo han hecho otros 800 enfermos que se han sometido al consumo del nutriente bajo un estricto protocolo.

El descubrimiento del investigador mexicano despertó gran interés en empresas farmacéuticas extranjeras –una de las cuales, refiere, pagó 10 millones de dólares sólo por ver uno de los 24 capítulos de la investigación–, pero también en Juan Pablo Fox Quesada, quien, según el denunciante, se confabuló con el poderoso grupo empresarial de Alfonso Romo, recurrió al contubernio de representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, ejerció presiones, incurrió en la tortura y llevó hasta la cárcel a Édgar Arroyo para intentar quedarse con la patente del producto, las plantas generadoras del mismo, sus cinco empresas y un predio en Puerto Vallarta que, ubicado en la zona turística, está valuado en 84 millones de pesos.

Pero lo que es peor, de acuerdo con Arroyo, es que las acciones de Juan Pablo en su contra fueron cometidas con pleno conocimiento del presidente Vicente Fox, quien asumió la Presidencia cuando Andy tenía cinco años de edad y casi tres de haber sido diagnosticado.

El presidente de México –asevera– estaba siendo cómplice... estaban enterados de lo que quería hacer Juan Pablo Fox, y lo solaparon.

El encuentro con los Fox

Con documentos oficiales y grabaciones notariadas donde, aparte de Juan Pablo Fox, aparecen representantes del presidente de la República y empleados de Alfonso Romo, el investigador expone en entrevista cada una de sus “especulaciones” –como él las llama– sobre los hechos por los cuales hoy se halla viviendo a “salto de mata” y alejado de su esposa y sus tres hijos, quienes huyeron del país por seguridad ya que, subraya, también ellos fueron hostigados directamente por Juan Pablo Fox.

En la entrevista con la reportera, Édgar Arroyo, ingeniero con especialidad en investigaciones de Química Industrial y Bioquímica, refiere que al inicio de la administración de Fox –por quien votó sólo para vivir el “lado cruel” del “gobierno del cambio” – contaba con todo un complejo de plantas y laboratorios pertenecientes el consorcio Grupo Industrial Aguascalientes (GIA): GiaCompany, Gialive, GiaCanada, La Perla y General Alliance. Para el año 2002, los avances sobre la cura de su hijo Andy eran notables y su empresa gozaba de un gran prestigio en el extranjero, lo que llegó a oídos de la familia Fox.

Por esa misma época, él y su equipo de trabajo, luego de comprobar mediante protocolos médicos los beneficios del nutriente, el cual fue bautizado como Protengia, decidieron ponerlo al alcance de todos bajo el nombre de Proyecto Andy, dentro de una empresa fabricante de galletas, leche malteada, golosinas, bebidas hidratantes y suplementos alimenticios.

Pero había un problema: contaban con pocos recursos.

Una persona que en varios momentos lo había ayudado y que era un cercano amigo de Vicente Fox, a mediados de 2002 lo presentó con el presidente de la República, quien lo invitó a platicar en el rancho de San Cristóbal. Ahí, junto con su hermano Juan Pablo, Vicente Fox lo escuchó y se interesó en el proyecto.

En los días siguientes aparecieron en las oficinas de Arroyo varios abogados, entre ellos el notario de Guanajuato Marcelo Gay Guerra, “quien se ostentó como amigo de Vicente Fox. El objetivo de la visita era –según comentaron– invitar a Juan Pablo Fox Quesada, aparentemente por instrucciones de su hermano Vicente, a que formara parte del proyecto”, recuerda Arroyo en su libro de próxima aparición “En el nombre de mi hijo”, bajo el sello de Grijalbo y Random House Mondadori.

Ya en la entrevista –realizada en la Ciudad de México–, Arroyo relata cómo durante las visitas de aquellos personajes a su casa o a su fábrica le insistían en que, dentro de su proyecto, debía participar “un miembro de la familia presidencial”.

Hasta que “llegó el momento en que no pude seguir dando más largas al asunto, por lo que le ofrecí una participación en la empresa Standard & Co. que mi esposa y yo habíamos creado en 2001 y que estaba sin trabajar. Fue como darle (a Juan Pablo) un dulcesito ante tanta insistencia”, acepta.

Para echar a andar el Proyecto Andy habían calculado que se requerían cuando menos 4 millones de dólares, por lo que Juan Pablo Fox insistió en que se solicitara un crédito a Nacional Financiera. “Acepté, pero para ofrecer respaldo crediticio tuve que incluir en esta empresa una propiedad que tenía en Puerto Vallarta, un predio de 500 hectáreas valuado en 85 millones de pesos”, recuerda.

A lo largo de varios meses, Nafin nunca les entregó el préstamo y, en cambio, todo se empezó a complicar, pues a principios de 2003 Juan Pablo empezó a exigirle el 50% de las acciones de la empresa.

“Yo le dije: Oye, no seas ingrato. Yo voy a poner la planta, la infraestructura, el trabajo de presentación del plan de negocios y toda nuestra investigación. Ante esto, Juan Pablo cedió y dijo: está bien, que sea un 25%”.

— ¿Se sintió presionado por la familia presidencial?

“Sí, pero debo ser honesto: nunca me imaginé todo lo que vendría después...

A mediados de ese 2003, Juan Pablo estableció por otra parte una sociedad para instalar invernaderos y producir lechugas, lo que lo mantenía ocupado, pero al poco tiempo “me habló por teléfono y me ofreció otra forma de financiamiento: vender el terreno de Puerto Vallarta ya que era un activo de Standard & Co. que no generaba dinero, pero además me dijo que tenía un posible comprador. La idea no me pareció mala, y acepté”.

El posible comprador era el notario de San Luis Agustín Castillo Toro, quien ofrecía 84 millones de pesos. “Para cerrar el negocio, mi esposa y yo fuimos a San Luis, pero Juan Pablo nunca llegó. El notario no ofertó nada, y en cambio me ofreció un acta extraordinaria de asamblea firmada por Juan Pablo Fox y fechada el 29 de marzo de 2004, donde se otorgaba poder a un tal Juan Pablo Rodríguez Quintanal para que vendiera o solicitara créditos a nombre de mi empresa. Ese documento lo cancelé el 24 de junio de ese mismo año en Vallarta”.

Días más tarde, sin embargo, Juan Pablo se volvió a comunicar para sugerirle solicitar un crédito a Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. “Es un crédito rápido y barato. Nos ayuda a ti y a mí en los proyectos que tenemos, y así a todos nos va bien y nos la llevamos tranquila”, me dijo, y luego me aseguró que sería con bajos intereses pero que teníamos que dar el predio de Vallarta en garantía. “El negocio de las lechugas todavía no comienza y necesito dinero”, me expresó. “Lo discutí con mi esposa y decidimos que, para avanzar más en el Proyecto Andy, debíamos considerar esta alternativa”.

Juan Pablo Fox y Édgar Arroyo firmaron ese crédito por 14.5 millones, y aunque las condiciones del préstamo no fueron las prometidas, Arroyo dice haberlas aceptado porque ya había adquirido algunos compromisos de pago de maquinaria que debía. Y añade un dato curioso: que en lugar de firmar Alfonso Romo el crédito por parte de la Casa de Bolsa, lo hizo su director de asesoría patrimonial, Héctor Lozano Sepúlveda.

Así, el 6 de septiembre de 2004 salió de allí con un préstamo por 14.5 millones, aunque sólo le entregaron 12.8 millones, y bajo el compromiso de pagar mensualmente 520 mil pesos. Para hacer estos pagos, apunta, nunca contribuyó Juan Pablo Fox a pesar de que era obligado solidario.

El notario que dio fe de la firma, Francisco Garza Calderón, prosigue, cobró 200 mil pesos por registrar en Vallarta la garantía hipotecaria, pero nunca realizó el trámite.

Pese a todo, Arroyo aún se resistía a pensar que “todo era una trampa”.

El calvario

Meses más tarde, en febrero de 2005, le ofrecieron comprarle el terreno de Vallarta por 6.7 millones de dólares. Era su oportunidad para liquidar el crédito de Vector, por lo que aceptó de inmediato.

Pero enseguida se dio cuenta de que ya no estaba a su nombre, sino que había sido vendido, el 4 de septiembre de 2004, por Juan Pablo Rodríguez Quintalán –a quien en junio de ese mismo año se le había revocado el poder para hacer tales operaciones–, a una empresa llamada Judama, propiedad de la hermana de aquél, Rebeca Rodríguez Quintalán.

Descubrió que la venta se había hecho por un millón 100 mil pesos; que el notario que dio fe de la operación fue el mismo de San Luis que, en marzo de 2004, firmó un acta de asamblea extraordinaria donde se daba poder a Rodríguez Quintalán para realizar ventas y firmar créditos.

Su equipo de abogados se encontró luego con otra sorpresa: que Judama había revendido el predio en un millón 200 mil pesos a otra empresa, llamada GVMMM, Capital, S.A., que se había constituido apenas dos días antes de la supuesta compra. Y para colmo: quien dio fe de esta reventa fue el mismo notario de San Luis Potosí.

Pronto supieron que otro notario de San Luis Potosí, Jacinto Lárraga Martínez, con firmas de Édgar Arroyo que según éste fueron falsificadas –como lo demostraron dos pruebas grafoscópicas–, había regresado a Juan Pablo Rodríguez Quintalán el poder para vender el predio de Vallarta propiedad de la empresa Standard & Co. Asimismo, asevera Arroyo, a pesar de que los documentos eran falsos, el registrador de Vallarta, Jaime Pérez Navarrete, inscribió indebidamente los cambios de propietario.

Angustiado y sorprendido, Arroyo informó de todo lo anterior a Juan Pablo Fox y a Héctor Lozano, de Vector. El hermano del presidente le aseguró que harían todo lo posible por arreglar esas irregularidades, en tanto que Lozano le dijo que no se preocupara, que lo esperarían con los pagos comprometidos, pues confiaban en él.

La mano del presidente

Posteriormente, de acuerdo con llamadas telefónicas que Arroyo dice haber grabado, Juan Pablo Fox le ofreció dar instrucciones para que recuperara su predio, pero a cambio de su patente y sus empresas.

Recuerda que ya a punto de vender su predio de Vallarta, se lo informó “a Héctor Lozano para avisarle que pronto le pagaría el crédito” y, entonces, “raramente resultó que el dueño del terreno era otra persona. Pero, además, Juan Pablo Fox me dijo: cédeme parte de tu empresa, te mando al notario y entonces te regreso tu predio”.

Además, cuando comunicó al hermano del presidente la demanda que emprendió contra los notarios, éste le respondió: “¿Por qué lo haces? Me estás metiendo en problemas. Si te digo que te puedo regresar el predio, es porque lo puedo hacer”.

Días más tarde, indica Arroyo, el asesor del presidente Vicente Fox, Marcelo Gay, le habló para ayudarlo. “Incluso se llevó las demandas que yo interpuse por el tema de mi predio”, dice, y luego “me pidió escriturar mis activos a nombre de Juan Pablo Fox, quien a su vez daría instrucciones para que pudiera recuperar el terreno de Vallarta.

“Mi especulación en ese momento fue: ¡Juan Pablo Fox tenía secuestrado mi predio, y con el apoyo de su hermano, el presidente Vicente Fox, me estaba extorsionando! Por lo menos eso me dio a entender Marcelo Gay cuando me contó que el presidente de la República, al enterarse de lo que ocurría, le dijo a su hermano Juan Pablo Fox que se comunicara con José Reyes, ‘que es su asesor’, para que solucionara el tema”.

La pesadilla

El 8 de marzo de 2006, Édgar Arroyo salió de su casa rumbo a la Ciudad de México, tomó la carretera y, al cabo de un rato, vio que lo seguían. Cuando paró el auto para saber de qué se trataba, fue golpeado y trasladado a otro vehículo.

Sin decirle por qué, sus secuestradores –que a la postre se enteró eran policías ministeriales de Aguascalientes– lo golpeaban e insultaban, le mostraban fotografías de sus hijos y lo amenazaban con matarlo.

Ya cerca de las 5 de la tarde, uno de sus captores, quien le había insistido en que firmara un documento, le gritó: “¡Ya ves!, ¿pa’ qué te andas metiendo con los Fox?”.

Hasta entonces entendió lo que pasaba.

Sus captores lo llevaron a una cárcel en Monterrey, y entonces se enteró de que había sido demandado por Héctor Lozano –lo acusó de haber ofrecido en garantía un predio que supuestamente ya había vendido–, y por Juan Pablo Fox, “por haberlo engañado”.

Aún más, los abogados de ambos demandantes eran los mismos y lo presionaban para que firmara un contrato donde cedía los derechos de su patente, sus propiedades y negocios a Héctor Lozano, el empleado de Alfonso Romo.

—¿Juan Pablo Fox está detrás de todo esto?, se le pide confirmar.

“La información que hay demuestra muchas cosas. Yo puedo especular y al final puedo considerar que eso fue.

“Creo que Alfonso Romo, Héctor Lozano u otros que pudieran estar detrás de todo esto tienen mucho poder, pero no tienen tanto como el que les da la alianza con Juan Pablo Fox”.

Édgar Arroyo permaneció 27 días en la cárcel. Salió tras pagar una fianza de casi 40 millones de pesos. Pero mientras estuvo tras las rejas, escribió ese libro “para que mis hijos, por si moría allá adentro, supieran que su padre no fue un narcotraficante o un delincuente”.

Pero también, enfatiza, para que ellos “crezcan sin rencor y, si algún día deciden regresar a México, no pretendan buscar a los Fox para matarlos”.



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