(FOTO) SAPI: otorgar patentes es un acto de soberanía


El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), Eduardo Samán, indicó que Venezuela es un país libre y soberano para decidir de forma autónoma sobre sus asuntos, de manera que puede conceder o no la patente a cualquier producto foráneo.

El comentario surgió debido a que el Gobierno de Estados Unidos pretende que Venezuela reconozca de forma automática las marcas y patentes provenientes de ese país.

Debido al proceso de nulidad de patente que actualmente adelanta Venezuela contra un medicamento cuyo principio activo se denomina atorbastatina (sustancia utilizada en el tratamiento contra el colesterol alto), el Departamento de Estado estadounidense aseguró que fue revocado “de forma ilógica”, con lo cual desconoce el fallo del Tribunal Andino de Naciones, el cual ordenó la anulación.

Asimismo, Eduardo Samán recordó que desde el año 2002 el Sapi inició la revocatoria de algunas patentes farmacéuticas mal otorgadas y aclaró que actualmente el organismo es más cuidadoso al respecto.

Ese sentido, además, acotó que durante el año 2004 no se otorgó ninguna patente.

Sobre el medicamento contra el colesterol, explicó que es un producto de elección para casi todas las personas que lo sufren y para quienes padecen de tensión alta.

Aunado a ello, dijo que es un producto muy costoso en comparación con otros genéricos que contienen el mismo principio activo.

En otro orden de ideas, anunció que existe una propuesta de Ley Sobre el Derecho del Autor y la Autora aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y, actualmente, se encuentra en la etapa de consulta pública.

Según el director del Sapi, lo más importante de ese proyecto de ley es que reconoce el derecho del autor de la obra, como humano y creador y no sólo los derechos de las editoriales, disqueras y otras empresas.

“Lo que se pretende con este texto legal es que el derecho de la obra lo posea una persona natural, quien puede prestarlo a una empresa para su comercialización, pero con una fecha perentoria, para luego regresar a su dueño natural”, explicó.

Servicio de Propiedad Intelectual niega denuncias de venta ilegal de obras

Hasta los momentos ninguna disquera, editorial o productora cinematográfica ha interpuesto alguna denuncia ante el Ministerio Público por la venta de copias no autorizada de libros, discos compactos y películas, entre otras obras de autoría intelectual.

Así lo informó el director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), Eduardo Samán, y además recordó que los derechos de autor son de índole privada y la infracción sobre los mismos requiere de una denuncia ante el Ministerio Público por parte del titular.

Añadió que el Estado venezolano necesita esta acusación para poder confiscar o fiscalizar los procedimientos en este sentido.

En cuanto al término “piratería” comentó que desde hace algún tiempo pretende ser acuñado pero no es correcto, pues la Ley se refiere expresamente al asalto de naves en alta mar y esto no tiene nada que ver con las copias no autorizadas de libros, CD y películas.

Recordó que actualmente existen diversas campañas en la televisión, internet, así como en vallas publicitarias, en las cuales tratan de hacer uso de esta palabra.

Las copias no autorizadas no están constituidas solamente por aquellas reproducciones artesanales que se venden en el comercio informal sino que incluyen otros mecanismos menos visibles, refirió.

Al respecto, mencionó el caso de algunas editoriales que publican 100 mil ejemplares de un libro pero cancelan los impuestos y derechos por 10 mil textos.

Samán expuso que así como en el mercado existen las copias artesanales también pululan aquellas reproducciones de fabricación semi industrial que son vendidas casi igual a las autorizadas.

En el caso específico de los autores y creadores -y no de las editoriales o disqueras- comentó que muchas veces no se oponen a que sus obras sean vendidas en el mercado informal de forma masiva, pues están claros en que la adquisición en discotiendas y librerías es mucho menor.

Además, dijo que un beneficio colateral para que sus creaciones sean más conocidas y popularizadas es que se amplía la posibilidad de ser contratados para realizar presentaciones y conciertos, lo cual es más provechoso desde el punto de vista económico.

En el caso específico del software denunció que detrás de las copias no autorizadas están las grandes empresas transnacionales, las cuales se aprovechan de la situación para popularizar los programas y cuando se ha extendido su uso presionan con demandar a las compañías importantes, en caso de negarse a adquirir el producto certificado u original.

Indicó que los programas originales son más costosos.

Según Samán, en Colombia existe una resolución mediante la cual se obliga a las autoridades a fiscalizar a las compañías o personas que adquieran copias presuntamente no autorizadas, con el propósito de hacer que compren las originales.

Puntualizó que esta iniciativa pretendió ser impulsada en Venezuela sin éxito.

Hay que mencionar que el Gobierno Bolivariano impulsa el uso del software libre y desde hace un año, aproximadamente, se está migrando hacia dicha plataforma, aunque el decreto como tal fue refrendado el 28 de diciembre del año 2004.

El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), Eduardo Samán, comentó que las corporaciones trasnacionales son las que han acuñado el término “piratería” para calificar a las copias no autorizadas y pretenden hacerlo también con algunos productos de fabricación artesanal que son ofertados en la economía informal.

En un foro ofrecido en la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), Samán dijo que este término está mal empleado, pues se refiere a la depredación o violencia contra un buque y sus tripulantes, y se pretende entonces darle una connotación de delito mayor al que constituye. “La definición correcta es copia no autorizada”, explicó.

Asimismo, Samán anunció que el seminario Derechos del autor y la autora, camino al Alba, que se iba a realizar los días 19 y 20 de septiembre se pospuso y aún no se ha fijado la nueva fecha.

“Desafortunadamente, dos de los ponentes principales avisaron que sería imposible acudir en esos días”, aseguró.

La finalidad de este seminario es discutir las amenazas que se ciernen sobre la cultura y la creatividad, debido a los intereses netamente económicos impulsados por las editoriales, disqueras y otras corporaciones que son, en definitiva, quienes mercadean con estas producciones intelectuales.

“El mercado ha enredado la protección jurídica al privilegiar a las corporaciones y grandes empresas que manejan el mercado. Con ello, pone de lado los derechos más elementales de los creadores y de los seres humanos”, reflexionó.

Este evento es convocado por el Sapi, el Centro Nacional del Libro (Cenal), y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), inspirados en los principios de la Alternativa Bolivariana para América (Alba).



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