02/04.- El día viernes 22 de marzo de 2019, un grupo de Seguridad del Estado, presuntamente el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), con concomimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), se presentaron en la casa del Prof. Jesús Salvador Pérez Matute, en la Calle Libertad de la ciudad de Aragua de Barcelona, sin presentar ningún tipo de documentación de la fiscalía u otra autoridad, mucho menos la presencia de un fiscal, que le exigiera su comparecencia en alguna delegación del CICPC o de la Fiscalía del Estado Anzoátegui. Lo sacaron esposado de su casa y sin decir hacia donde lo llevaban. A continuación reproducmos una Carta Abierta dirigida a las autoridades con el fin de denunciar la situación:
Carta abierta al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saab, al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol y al Vicepresidente del Partido PSUV, Diosdado Cabello.
Notitia Criminis
Esta se hace PÚBLICA para evitar a futuro que se repitan casos de Secuestro y Desaparición Forzada por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado venezolano o de Grupos Paramilitares al servicio de empresarios o individuos amparados en bienes de fortuna, lo cual hemos dicho en reiteradas oportunidades que esa política de Estado que existía en Venezuela, en los tiempos del Pacto de Punto Fijo, se erradicó cuando llegó a la presidencia el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez Frías, y el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros es un fiel defensor de los Derechos Humanos y de la Paz..
El día viernes 22 de marzo de 2019, un grupo de Seguridad del Estado, presuntamente el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), con concomimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), se presentaron en la casa del Prof. Jesús Salvador Pérez Matute, en la Calle Libertad de la ciudad de Aragua de Barcelona, sin presentar ningún tipo de documentación de la fiscalía u otra autoridad, mucho menos la presencia de un fiscal, que le exigiera su comparecencia en alguna delegación del CICPC o de la Fiscalía del Estado Anzoátegui. Lo sacaron esposado de su casa y sin decir hacia donde lo llevaban, sus familiares observaron la arbitrariedad a plena luz del día, un hecho vil que realizaba ese comando, puesto que para ese momento no se sabía quiénes eran y de dónde provenían. Y siguen las amenazas de que si informaba en la prensa escrita, iba a tener sus consecuencias. Con todo el respeto, ustedes interpreten que quisieron decir con eso. "Después de ojo sacado no vale Santa Lucia"
Procedieron a llevárselo con rumbo desconocido. Su esposa, Rosa López, acudió a la delegación del CICPC de la referida ciudad y no le recibieron su denuncia. Por lo cual el Jefe del CICPC de Aragua de Barcelona tiene que darle una explicación a la familia Pérez Matute y Pérez López y a la ciudadanía en general, puesto que los habitantes tienen puesta su confianza en ese organismo policial para que les garantice la seguridad. Es alarmante que no atendieran la solicitud sobre el caso que los aquejaba, debido a que la Sra. López presenció una situación irregular en su lugar de residencia, que le pudo haber costado la vida al Prof. Jesús Pérez.
Posteriormente a la Sra. López le dijeron que una Comisión de Caracas, se había presentado en Aragua de Barcelona, desde el día de ayer, a hacer unas investigaciones y que el ciudadano que ella andaba buscando, es decir su esposo, no se encontraba retenido allí.
Refiere Jesús Pérez que cuando lo llevaban vía hacia su Fundo "Tamarindo" le dieron unos golpes y le dijeron que ellos fueron a matarlo, luego en la laguna de su propiedad, lo bajaron del vehículo en el que lo habían secuestrado y se bajó también un funcionario con un hacha pequeña, se la blandieron en la cara, junto con otras armas, como una forma de amedrentarlo.
El caso es que a Jesús Pérez lo "ruletearon" por su finca, en busca de un ganado que se había extraviado, y cuando revisaron el rebaño de su propiedad no pudieron demostrar que había ganado de la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.", solo que en el Fundo "Tamarindo", propiedad del Prof. Pérez y sus hermanas y hermano, habían unos animales de su propiedad que estaban por herrar, por ser un ganado cimarrón, que se había criado en la montaña de su fundo. Ante la insistencia de querer demostrar que esas reses eran de la referida agropecuaria, lo trataron de presionar golpeándolo y empuñando un hacha y armas para que dijera que eran de ese hato. Lo cual no se ajusta a la verdad porque los que conocen al Prof. Jesús Pérez saben que es una persona de conducta honorable y que después de ser jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación se dedicó a atender la propiedad familiar, pero que los vecinos de su fundo le han hecho la vida imposible para desarrollar su trabajo en el agro.
El problema es que casos aislados, o actitudes individuales de funcionarios de cuerpos de seguridad empañan el trabajo que hace la Revolución Bolivariana para deslastrarse de la política de Estado de los secuestros y desapariciones forzadas de la IV República (durante el Pacto de Puntofijo), porque al Prof. Pérez lo tuvieron secuestrado por más de cinco horas, sin presentarlo a ninguna delegación, lo golpearon, no se conocía su paradero, hasta que en un momento de descuido de los funcionarios como a las 6:30 pm pudo enviar un mensaje a su esposa para decirle que lo tenían en las instalaciones del CICPC de Aragua de Barcelona, con la intención de que les firmara un documento, sin presencia de abogado alguno, con lo cual le estaban violentando sus Derechos Humanos. Art. 49 (Numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) y Art. 55.
Pero lo que molesta es que los funcionarios de la Delegación del CICPC de Aragua de Barcelona, no se dignaron a tomar la declaración del secuestro realizado por los funcionarios, que no quisieron identificar, a pesar que conocían que estaban en el pueblo desde el día anterior, y no tomaron la decisión de participarlo a la Alcaldesa del Municipio Aragua, puesto que es la primera autoridad del referido municipio, para que pueda conocer e investigar que ocurre en el territorio del cual es responsable.
El problema que se ha suscitado, tiene sus raíces desde que el dueño y la cuerda de "sicarios", se les llama así por ser los que hacen terrorismo a los que usan el Paso de Servidumbre, porque es un camino comunal que no pertenece a la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.", quienes desde que adquirieron esa propiedad, han amenazado a la Familia Pérez Matute. Es evidente que existe ese camino real, que es una vía de penetración rural para entrar a las propiedades, que colindan con la agropecuaria en cuestión. Que desde más de seis décadas la utilizan los productores y campesinos para ir a atender las pequeñas y medianas unidades de producción agrícola.
Hay un proceso de demanda por parte de los Pérez Matute contra "Agropecuaria Leche y Miel, C.A." en la Defensoría Pública Agraria del Estado Anzoátegui y no ha salido pronunciamiento alguno que resuelva ese litigio que va para nueve años, porque hay un retardo procesal por los intereses que existen, que no son más que lanzar a la quiebra a los dueños del Fundo "Tamarindo", no pagar los daños y perjuicios causados y comprar esas tierras bajo coerción, porque los supuestos funcionario del CONAS le insinuaron a Jesús Pérez que vendiera esas tierras, ante lo cual debe intervenir la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela.
En Momentos en que en el país se buscan a los sicarios colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y los de la contra nicaragüense, se deben tomar las medidas de investigar la "Notitia Criminis" que proviene de la comunidad aragüense, ya que se observan personas fuertemente armadas y con misteriosos movimientos dentro de la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.", quiénes son sus dueños y que otras actividades hacen dentro de esos espacios que mantienen en zozobra a los que habitan en sus inmediaciones. No vaya a ser que estén robando ganado, así como quieren acusar a personas dedicadas al trabajo, que son vecinos y tienen linderos con la referida unidad de producción, también ellos pueden ser los que le estén quitando las reses a los pequeños propietarios por la gran extensión de terrenos que tienen, un latifundio de aproximadamente 5.000 ha, y que nadie puede apreciar que tipo de reses tienen ahí y demostrar la propiedad, como pretenden que los otros productores lo hagan.
Las autoridades tienen que estar atentas de quienes andan fuertemente armados, en ese lugar, que por cierto un antiguo Jefe de la extinta PTJ, Rafael Díaz Paruta, fue jefe de seguridad de la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.". Las armas solo deben estar en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los que porten armas sin autorización del Gobierno que dirige el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, deben ser considerados como paramilitares y deben entregar las armas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Aragua de Barcelona.
Los campo volantes no fueron permitidos por el Comandante Eterno y Supremo Hugo Chávez, porque fueron utilizados para matar campesinos y amedrentar a las personas que tienen el derecho de utilizar los Pasos de Servidumbre, que son derecho de los pueblos desde tiempos ancestrales, que fueron transitados por las comunidades indígenas y después de la colonia por las personas que habitan esos predios. Ese es un derecho comunal, que con el tiempo y el movimiento de las cercas por parte de los terratenientes capitalistas, se fueron apropiando de las lagunas comunales y los caminos reales.
Cuando esa agropecuaria tenía otro nombre, "Hato Limoncito", y otros dueños, siempre dejaban el paso a quienes tenían sus propiedades colindantes con ellos, nunca se presentó problema alguno, porque todos los productores se conocen desde más de cincuenta años, luego llegó esa gente que compraron ese hato, le cambiaron el nombre pero el pueblo, nunca ha visto que han aportado beneficio alguno, no hay el aporte social que todos deben dar al realizar una actividad productiva, además que la mayoría de los trabajadores no se saben de donde provienen y por eso las autoridades deben estar atentos, no vaya a ser que tenga tiempo incubándose en Aragua de Barcelona una réplica de la Finca llamada "Daktari". "El que esta picado de culebra cuando ve un bejuco pega un brinco".
Cuando llevaban en el "ruleteo" al Prof. Pérez, comentaban los secuestradores, que a donde lo llevaban y dejaron colar lo siguiente: Vamos a llamar a Diosdado o a Reverol, para ver donde lo "lanzamos". Trataban de amedrentarlo inmiscuyendo la política, en un caso de carácter legal, que lleva adelante una persona que por convicción ha sido militante de la izquierda en Venezuela, y quien hace un reclamo justo por el comportamiento de los que trabajan en la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A."
Por último, quiero dejar sentado ante la opinión pública que si al compatriota Jesús Salvador Pérez Matute, le "ocurre un accidente", lo desaparecen forzosamente como lo hicieron con su hermano paterno, Luis Alberto Hernández, el 26 de septiembre de 1969, por parte del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), próximo a cumplir 50 años de esa desaparición forzada, o simplemente lo mandan a asesinar, se debe buscar en primera instancia a los supuestos funcionarios del CONAS que lo golpearon, amenazaron de muerte y le aplicaron psico terror al bajarlo de la camioneta y blandir el hacha tratando de acobardarlo. Los funcionarios de la Delegación del CICPC de Aragua de Barcelona conocen a quienes le entregaron en su sede al Prof. Pérez Matute, después de cinco horas del secuestro.
Así mismo hay otros actores de la agropecuaria, que se llevaron unas reses del Fundo "Tamarindo", propiedad de la familia Pérez Matute, es decir el personal que trabaja para los propietarios de la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.", quienes amparándose en la influencia del dinero, al no querer reconocer los daños que le hicieron al Fundo "Tamarindo", el cual tiene aproximadamente 500 ha, el 10% de lo que tienen los agresores latifundistas, quieren evadir esa responsabilidad por el camino del atropello y la venganza.
La Alcaldesa de Aragua de Barcelona tiene que hacer una investigación y coordinar con el CICPC para que aclaren públicamente por qué secuestran y detienen sin ninguna autorización de la fiscalía al Prof. Pérez Matute. Y luego tiene que emitir un informe a las autoridades nacionales: Presidente de la República, al Ministerio Público y al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Hacen 20 años, un mes y 22 días, que la política de Estado del Secuestro y Desaparición Forzada de ciudadanos se eliminó en este país, y no podemos permitir que un grupo paramilitar, que dirigen personas relacionadas con la "Agropecuaria Leche y Miel, C.A." quieran volver, en el oriente del país, a sembrar de terror y muerte a quienes reclaman justicia por la vía del Estado de Derecho, representado éste por las instituciones que aplican la ley cuando cualquier ciudadano de este país requiere que le sean resueltos problemas relacionados con la violación de los derechos que le asisten y sobre todo en casos en donde los poderosos latifundistas, amparados en el dinero, quieren aplicar justicia por su propia mano.
Omar J. Hernández B.
omarhdez78.blogspot.com
Nota: A continuación se suministra la información para que puedan apreciar por qué ocurren los hechos planteados supra:
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República Bolivariana de Venezuela
MinisterioPúblico
Dirección de Secretaria General
2 0 SET, 2010
RECIBIDO
1174
Ciudadana
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-
Nosotros, JESUS SALVADOR PEREZ MATUTE, GUSTAVO ADOLFO PEREZ MATUTE, MICAELA COROMOTO PEREZ MATUTE y CARMEN ELIZABETH PEREZ MATUTE, venezolanos, mayores de edad. Casados los dos primeros, soltera la tercera y divorciada la última, domiciliados en la población de Aragua de Barcelona, jurisdicción del Municipio Aragua del Estado Anzoátegui y con cedulas de identidad números V-4.213.082, V-5.489.044, V-3.171.568 y V-9,812.660, respectivamente, por el presente documento declaramos: En fecha 21 de enero de 2010, tal y coma se comprueba en el sello húmedo de la Unidad de Registro, Dirección de Secretaria General de ese Despacho a su digno cargo, impreso en la primera hoja de nuestro escrito, o sea, hace ya ocho (8) meses y días hicimos de su conocimiento los pormenores del caso que nos Ilevó a demandar judicialmente a través de la Defensoría Pública Agraria del Estado Anzoátegui, la restitución de la servidumbre de paso desde la carretera nacional Aragua de Barcelona - Las Margaritas hacia nuestra modesta propiedad (Fundo El Tamarindo), a través del Fundo Uberito-La Esperanza. y que por más de cincuenta y seis años habíamos venido ejerciendo sin solución de continuidad nuestros causantes y nosotros, pero que nos fue negada últimamente por la ahora empresa propietaria de dicho Fundo. "Agropecuaria Leche y Miel, C.A.", sociedad mercantil esta con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-29350696-4, originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 6 de diciembre de 2006 y cambiado su domicilia al Estado Anzoátegui, según inscripción efectuada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 12 de noviembre de 2007 bajo el Nº 15, Tomo A-47.
Pero el caso es, ciudadana Fiscal General, que a la fecha, no hemos tenido noticia alguna sobre nuestro reclamo, por lo que invocamos el derecho constitucional que nos asiste, a obtener oportuna y adecuada respuesta ante nuestros planteamientos (Artículo 51 Constitución Nacional), así coma el derecho a conocer el estado en que se encuentran los mismos y que se nos informe el plazo dentro del cual se nos atenderá y dará respuesta oportuna a estos (Artículo 35, Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos), por lo que reiteramos que:
1.- Los hechos cometidos en nuestra contra por la empresa Agropecuaria Leche y Miel, C.A. vulneran nuestros derechos humanos, en particular, lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución, al apreciar que no somos iguales ante la ley, ellos son los poderosos que nos impiden el paso a nuestra propiedad y nosotros somos los débiles que debemos soportar su intransigencia, su discriminación, por Io que solicitamos, a tenor de lo señalado en el ordinal 2 del referido artículo, se nos garantice "...las condiciones Jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva..,", mediante la adopción de medidas positivas a nuestro favor y la sanción correspondiente por los abusos y maltratos que hemos sufrido.
2.- Solicitamos protección al Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución, por cuanto con la acción de impedirnos el paso a nuestra propiedad y con la de tratar de encasillarnos mediante un "convenimiento" coercitivo, draconiano y leonino, nos sentimos amenazados, vulnerados y en riesgo para nuestra integridad física, nuestra propiedad, y el disfrute de nuestros derechos
3.- Se constriñen nuestros derechos económicos, específicamente los mencionados en el artículo 112 de la Constitución, al no permitirnos dedicarnos libremente a la actividad económica de nuestra preferencia, la explotación ganadera, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes; e igualmente, se Iimita nuestro derecho de propiedad al no poder usar, gozar, disfrutar y disponer nuestros bienes, tal y como se garantiza este derecho en el artículo 115 de la Constitución, pues no hemos podido tener acceso a los mismos como siempre Io hemos hecho y Io hicieron nuestros causantes desde hace muchos años.
Para recordarle mejor nuestros planteamientos nos permitimos anexarle fotocopia de nuestro escrito recibido en la Fiscalía General en fecha 21 de enero del año en curso.
En consecuencia, ciudadana Fiscal, por ser usted la máxima autoridad del Ministerio Público que "...es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado, democrático y social de derecho y justicia", (Articulo 2 de la Ley Orgánica de] Ministerio Público) y es de la competencia del Ministerio Público "...velar por el efectivo ‘cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) así como las demás leyes„.", tal y como lo consagra el ordinal 1 del artículo 16 de la Ley en comento, una vez más damos por cierto que ese Despacho a su digno cargo, realizará todas las acciones y diligencias pertinentes que den como resultado el inmediato restablecimiento de la servidumbre de paso al Fundo El Tamarindo y el resarcimiento de los daños y perjuicios qua esa temeraria medida de Agropecuaria Leche y Miel, C.A. nos ha ocasionado.
Finalmente, comisionamos a nuestra hermana y copropietaria, Micaela Coromoto Pérez Matute, con cedula de identidad Nº 3.171.568, a fin de que firme y consigne este nuevo escrito en ese Despacho y realice las averiguaciones correspondientes sobre el estado de esta solicitud, Caracas, en la fecha de su presentación.
Atentamente,
Micaela Coromoto Pérez Matute
el día de hoy 20 de septiembre de 2010, siendo las 10:05 am. fue presentado pare su registro personalmente por la ciudadana MICAELA COROMOTO PEREZ MATUTE, titular de la Cedula de Identidad Nº 3.171.568, escrito suscrito par la presentante y por los ciudadanos JESUS SALVADOR PEREZ MATUTE, GUSTAVO ADOLFO PEREZ MATUTE y CARMEN ELIZABETH PEREZ MATUTE, constante de dos (02) folios y en anexo diez (10) folios. Queda registrado bajo el Nº 1174 del libro y Sistema Computarizado respectivo. Funcionario Receptor. Secretario Ill.