Cumaná, 7 de julio.- Familiares de las víctimas y testigos confirmaron que el jueves, 5 de julio, en horas de la mañana, efectivos de la policía municipal de Cumaná, a las órdenes de la alcaldía bajo control del PSUV, realizaban extorsiones rutinarias a los vendedores ambulantes que trabajan en los alrededores del mercado municipal. Durante su recorrido delictivo, los funcionarios policiales exigían el pago de "vacuna" a tres vendedores de pescado, Julián Ramos, Andy Jiménez y el adolescente Carlos López, quienes se resistieron, siendo perseguidos y finalmente asesinados a balazos por los policías, quienes además les robaron pescado y dinero en efectivo. Uno de ellos fue torturado con aceite caliente.
La extorsión policial al comercio informal se ha convertido en un lucrativo negocio en Cumaná luego del desalojo por parte de las autoridades de más de cien puestos de venta en las afueras del mercado municipal durante el mes de junio. La extorsión policial oscila entre los 500 mil y el millón de bolívares en efectivo por puesto de venta, así como cobros en especie.
El brutal crimen de los cuerpos represivos chavistas generó una gran protesta con conatos de saqueos en el mercado municipal. Reforzado con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, el contingente represivo arremetió a tiros e hirió a varios manifestantes.
Para encubrir el crimen, el gobierno estableció la versión oficial de que los vendedores ambulantes eran miembros de una "banda" dedicada a "vender con sobreprecio", y que fueron asesinados durante un "enfrentamiento". La coartada del enfrentamiento ha sido empleada sistemáticamente por el gobierno para justificar centenares de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operaciones de la OLP y otras acciones represivas.
El 6 de julio el mercado fue tomado por los cuerpos policiales para prevenir nuevas protestas pero el día de hoy numerosos manifestantes han recuperado los alrededores del mercado exigiendo justicia por los trabajadores informales asesinados por la policía. El gobierno regional del PSUV, sobre el que recaen denuncias de corrupción y contrabando de alimentos a Trinidad y Tobago, ha sido totalmente desbordado por el descontento popular y el hambre generalizada, teniendo el gobierno nacional que recurrir a operadores políticos como Aristóbulo Istúriz y Tania Díaz, quienes se encuentran en el estado Sucre para intentar desplegar dispositivos clientelares que permitan calmar la situación y recobrar la gobernabilidad boliburguesa.