Campesinos de Yaracuy resisten a desalojo: “llegaremos hasta donde haya que llegar”

Campesinos de Yaracuy resisten a desalojo

Campesinos de Yaracuy resisten a desalojo

Macizo de Nirgua

Macizo de Nirgua

San Felipe, febrero 23 - 277 pequeños productores del macizo de Nirgua, en el estado Yaracuy, están bajo amenaza de desalojo. Ocho de ellos están imputados, citados a declarar el 2 de marzo. Les han dicho que de no retirarse serán sacados por la fuerza. ¿De qué se los acusa? ¿Hay algo detrás de ese ataque a campesinos que siembran y crían ganado en las zonas montañosas?

La orden de desalojo de todos los animales llegó el 5 de agosto del 216: 45 días para dejar las tierras de toda la vida. Se le indicaba, en la misma, a todas las instituciones que no les prestaran los servicios básicos. La razón esgrimida: “Ocupación ilícita de áreas protegidas naturales”. Los 277 pequeños productores tienen el título de propiedad, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras.

El 17 de enero llegó la notificación para la audiencia de imputación por parte del Tribunal Penal de Control N°4 de Yaracuy por la misma causa de “Ocupación ilícita” y “Contravención de planes de ordenación del territorio” ¿Por qué la causa fue a Penal en vez de a Tribunal Agrario como corresponde en estos casos? La razón oficial fue por ausencia de Juez Superior en el Agrario. Comenzaron entonces a ser tratados como criminales.

El inicio del conflicto surge el decreto 3203 del estado Yaracuy, del año 2015, destinado a proteger las cuencas hidrográficas, criticado desde sus inicios por organizaciones campesinas, por ser una herramienta para desalojar campesinos antes que para resolver problemas ecológicos-integrales dentro del proyecto chavista. Se trata de un decreto que no toma en cuenta la participación de las comunidades, campesinos, afectados, que, en el caso del macizo de Nirgua, están dispuestos a realizar los cambios que sean necesarios para cuidar el medio ambiente.

“El director de ecosocialismo y agua ha declarado públicamente que para la Gobernación es más importante la minería que la producción de alimentos”, explicó María Cristina Martínez, vocera de la Comuna Minas de Buría, territorio bajo el cual están las 277 parcelas. Es él quien encabeza la presión: “Les dijo a los campesinos que tenía las armas y las fuerza para desalojarlos”, contó Martínez.

¿Por qué la Gobernación se ha negado a establecer mesas de trabajo, una resolución en los marcos participativos establecidos en la revolución? ¿Qué intereses hay detrás del intento de desalojo que cierra todo canal de diálogo para lograr un acuerdo que garantice la vida de los productores, la comida que producen y las cuencas del río?

Según los productores afectados y la Comuna Minas de Buría, lo que existe es un proyecto económico por realizarse. Ellos, en esas tierras, son un obstáculo. Aunque haga 50 años que estén ahí, produzcan caraotas, maíz, quinchoncho, naranjas, plátanos, críen vacas, cochinos, den de comer a los pueblos aledaños en esta época de guerra económica. Según la información que han recogido, lo que está detrás del desalojo es el negocio arenero, una futura cementera, y minas de sílice y cal. Y si de contaminación se trata, las areneras son las principales responsables en Yaracuy.
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“Es mejor que lo maten a uno antes que lo saquen de su casa. ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a vivir? Estamos dispuestos a llegar donde tengamos que llegar para defender nuestros derechos”, dice Luis Alonso Marquéz, quien debería presentarse el próximo 2 de marzo. 25 años para construir una casa, hacer productiva la tierra, tener lo poco y mucho que lo rodea, ¿y ver todo arrasado? “Nosotros no somos criminales, somos productores”, afirma.

Ante la situación planteada las 277 familias y la Comuna Minas de Buría, han establecido un plan de resistencia. Se reunieron en asamblea con el Instituto Nacional de Tierras en su propio territorio, movilizarán este jueves al Consejo Legislativo del estado Yaracuy para pedir que la causa vaya por su cauce normal de Tribunal Agrario y no Penal, avanzarán en la presión legitima de quienes defienden una causa justa.

Lo que está en juego es la comida de la gente, la libertad de los imputados, el trabajo de toda una vida, la construcción de un modelo que no plantee una oposición entre ríos, minas y personas, sino que pueda incluir todas las partes, tal como lo plantea el proyecto de transformación en marcha. Nunca pasando por encima de la gente con armas y fuerza.


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