Está por tomarse las medidas para el comienzo de la solución definitiva del problema de los desechos sólidos de Mérida. La noticia me sorprendió en medio de la redacción de este artículo, lo que me hizo dale un vuelco radical. Lo oído me da confianza de que se está solucionando dentro de parámetros ajustados al proceso revolucionario, y no a conveniencia del alcalde culpable y de la cámara municipal compuesta en su mayoría por concejales desertores.
La propiedad social tiene que constituir el núcleo de la solución, pero el tipo de empresa y sus relaciones institucionales deben ser definidas con mucho esmero, pues de ello depende su futuro. A pesar de que ya las decisiones deben estar tomadas, definiré características que creo debieron ser discutidas con una participación amplia del pueblo organizado.
Antes que una monolítica macro empresa, es conveniente establecer un sistema de empresas funcionalmente autónomas, manejables, relacionadas, responsables y solidarias, según el esbozo (léase bien, esbozo) siguiente:
Las de recolección, establecidas según una división en zonas de la ciudad y municipios participantes, donde se combine extensión con cálculos existentes de producción de desechos, para asignarles cantidades que puedan ser manejadas óptimamente.
La de mantenimiento y talleres, a la cual deban recurrir todas las de recolección.
La de la planta de procesamiento de desechos y comercialización de derivados.
Una administrativa, encargada del sistema informático, percepción de tarifas, distribución de los recursos entre las empresas según los servicios prestados.
Una de formación de los trabajadores y de educación ambiental, para trabajar con las comunidades y hacer posible una efectiva clasificación de los desechos por parte de los usuarios, y plantear estrategias para la simplificación del procesamiento.
Una última de contraloría social, representación institucional y veedora de derechos.
El cobro del servicio se dejaría en manos de quien posee una estructura especializada para ello, con el compromiso de que la recaudación llegue a su destino en el más corto tiempo posible. Las tarifas se acordarían con las comunidades. El capital estaría conformado por los bienes de Urbaser (¿se le ocurrió al alcalde adeco de plantear una cláusula de reversión?), de la Alcaldía, del MPPPA y los provenientes de los organismos nacionales encargados de financiar proyectos, según las competencias de las diferentes empresas, de un presupuesto asignado. . .
¿Mayor burocracia? ¡No! Un directorio superior manejaría el sistema de empresas, conformado por los directores activos de las empresas responsables y solidarias, cuya designación se origina en la decisión soberana de los trabajadores de cada una de ellas. Todo, desde luego, reglamentado minuciosamente. ¿Tardío? ¡No! ¡Anticipado! Después de ensayos, con resultados que pueden darse, se podría repensar y planificarse mejor. En todo caso, en este momento lo táctico es no dejar al antojo de alcaldes o concejales la empresa que se cree para solucionar un problema de larga data, sobre todo si aún no hay indicios ciertos de lo que sucederá en las elecciones de mayo, porque el vuelco definitivo del modelo de gestión municipal burgués depende de políticas que aún o se han tomado.
Como complemento de este planteamiento voy a presentar en tres trancos el manejo histórico de los desechos en Mérida, porque contiene ejemplos de lo que jamás debería repetirse.
Una ciudad que sólo producía desechos orgánicos, bien podía abonar con ellos los solares o verterlos en descampados o en cualquier lugar de la barranca del Chama o del Albarregas. Esa práctica se complicó al crecer la ciudad, y hubo de buscarse soluciones distintas; se optó por lanzar los desechos directamente en el río Chama, metros antes del puente de San Jacinto. Era época de menos desechos contaminantes, de casi ausencia de plásticos, de reciclaje utilitario de vidrio, latón madera y otros materiales, y de menor cantidad de desperdicios por habitante; pero ya se tenía conciencia del estropicio ecológico que se estaba cometiendo y nadie le puso remedio en años y años. De ahí al primer relleno sanitario; después, la compra de una maquinaria para procesar desechos que estuvo años a la intemperie en sus cajones originales en las adyacencias de la iglesia de Santa Bárbara y que fue a parar en una industria local dedicada a otra tarea. La llegada de Dragados, multinacional española ya instalada en otras ciudades del centro, que a punta de regalos a funcionarios adecos logró el contrato para recogerle la porquería a los merideños, pero sin superar el relleno sanitario como destino. La saturación de un relleno para construir otro casi a orillas de carretera y cercano a zonas pobladas, origen de numerosas protestas, justificadas pero creadoras de caos.
De repente, un iluminado que se enteró del reciclaje y planteó una planta de tratamiento de basura en el actual lugar de deposición. Construcción de las instalaciones, adquisición de los equipos, ambigüedad sobre la propiedad resultante de contratos anómalos, retardo en el inicio y paralización temprana, tomas por parte de comunidades organizadas aledañas, agresiones a estas con la complicidad de diferentes poderes púbicos, saqueo impune de la maquinaria, recomienzo, funcionamiento a medias, saturación temprana, búsqueda de lugar alternativo, . . . todo en medio de una danza de miles de millones de bolívares, porque en pocas ciudades se ha gastado tanto dinero para no solucionar un problema.
Cuando Revolución ganó la alcaldía del Libertador todos esperábamos que se enviara a los españoles a recoger su propia porquería, y se comenzara a buscar una solución definitiva bajo formas de organización socialista que ya estaban planteadas. ¡Nada! Urbaser (de Dragados) sobrevivió por milagros que no conocemos, a pesar de que ya agotada no invertía y estaba muy venida a menos. A la vuelta de la derecha personificada en Lester B., la empresa hacía agua por todas partes, pero no hubo actuación hasta que el incumplimiento fue patente y la basura comenzó a acumularse en la ciudad, a pesar de los ingentes recursos que recibía la alcaldía para su solución. Lester B. rompió unilateralmente el contrato, sin tener ni buscar soluciones alternas (salvo el alquiler de unos pocos camiones, bajo un contrato clandestino y oloroso a extrema corrupción) y se armó el caos. Desde luego, trató con éxito parcial, de rebotar la responsabilidad hacia sectores de la Revolución que, todo lo contrario, impidieron un merideñazo. La gobernación y el Ministerio del ambiente intervinieron, primero con recolección en camiones improvisados, luego con equipos modernos que, junto a lo poco que hace la alcaldía, están controlando el problema. De aquí, al comienzo de este artículo. (210113/1:57)
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