Caracas, 17 Feb. ABN.- El Gabinete Ministerial del Gobierno bolivariano aprobó este sábado la Ley Especial de Defensa Popular, la cual tendrá como propósito luchar contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que atente contra la seguridad alimentaria de los venezolanos.
De acuerdo a boletín de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), este nuevo instrumento de defensa del pueblo venezolano fue sancionado para frenar las acciones especulativas de sectores empresariales que incrementaron los costos de los alimentos y otros bienes y servicios con pretextos ilógicos, muy alejados de la actual realidad económica del país.
Este marco legal tiene por objetivo establecer las acciones y mecanismos de defensa del pueblo venezolano contra conductas ilícitas que afecten al consumo y adquisición de alimentos.
Su función principal será velar por el cumplimiento de las regulaciones decretadas por el Estado.
La Ley para la Defensa Popular contempla en su artículo cuarto lo siguiente: “Se declara de utilidad pública e interés social a todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios”.
Ello permitirá al Ejecutivo nacional, frente al cierre o abandono de establecimientos, o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva con el fin de reestablecer, por razones de seguridad y soberanía alimentaria, la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios.
En cuanto a las sanciones, la ley contempla la medida de “decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta con precios regulados o incurra en acaparamiento”.
Adicionalmente, se tienen previstas acciones como cierre temporal y multas, cuando se altere la calidad y el precio de los productos.
Además, se le otorga a los consejos comunales el papel de conformar los llamados comités de contraloría social para el abastecimiento, instancias de supervisión que velarán y actuarán, en coordinación con el Gobierno, para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones estipuladas a nivel nacional.
