Proyecto Ley Ciudades Comunales signado por la corrupción

" … Lo que ha ocurrido, sucederá nuevamente. Lo que ha sido hecho, se hará nuevamente. Nada es nuevo bajo el sol. … "
Ecclesiastes 1-9

En el programa Zurda Konducta del jueves 25 de marzo de 2021, mango alerta que la consulta del proyecto de Ley sobre Ciudades Comunales podría estar siendo dominado por los intereses de grupos muy poderosos dentro del gobierno (y nos atrevemos agregar que incluso por el narco-para-militarismo colombiano) que quieren devolver al país a como estaba antes que llegara Chávez al poder en 1998.


Quienes tengan duda que ello ya está ocurriendo, solo tienen que mirar las señales y acordarse o investigar sobre los niveles de corrupción y especulación en los bienes y servicios durante el período 1996-1998: precios de todo indexados al dólar, siendo los más dramáticos los préstamos bancarios que denominaran préstamos mejicanos. ¿Se les parece a que actualmente el costo de los alimentos estén actualmente anclados al dólar o que el costo del servicio del aseo urbano y de la emisión del pasaporte también lo estén? A partir de estos hechos, NO es difícil intuir que estos grupos de poder dentro del gobierno se hayan apoderado de procesos de cambio donde nunca participaron, degradándolos con su intervención para facilitar la privatización de los respectivos sectores.

Para documentar su alerta, Zurda Konducta hace mención del hecho que existen Leyes del Poder Comunal que esos poderosos grupos dentro del gobierno han tirado a la basura. Sobre este particular podemos puntualizar que el artículo 7.2 de la Ley de Comunas sostiene que la Comuna tendrá como finalidad "conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública." En lugar de profundizar la materialización de este aspecto del Poder Popular, lo que se observa es un dominio mediante esquemas de corrupción en el desempeño de las Comunas y de los Consejos Comunales que las conforman. De hecho, son innumerables las denuncias con el manejo de los CLAP (sobreprecio de los mismos, productos que faltan, costo excesivo del transporte, depósitos inauditables en cuentas bancarias personales, etc); del gas comunal (donde a pesar de haberse detenido a unos pocos corruptos todavía siguen operando las mafias en la distribución de tan vital servicio); del amañamiento de las designaciones de las/los representantes de las Comunas en sus distintos niveles, y demás actividades desempeñadas por las Comunas, donde ninguna cuenta con un reporte de contraloría interna, mucho menos de supervisión externa.

Igualmente en su alerta, Zurda Konducta señala que para imponer que se trasladen los referidos esquemas de corrupción a las Ciudades Comunales, los grupos de poder en el gobierno emplean la estrategia de la ignorancia: llegan a las pocas comunidades que ya tienen previsto consultar sin darles a conocer con antelación el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales. Con ello, manipulan las asambleas leyendo a medias el contenido del proyecto (incluso muestran cosas no existentes en el proyecto). Registran en vídeo desarrollos parciales de las asambleas, editando los reclamos y reportan el asunto como asamblea exitosa. Como NO hay supervisión y seguimiento de tales encuentros, el asunto es aplaudido en cadena nacional.

Esta estrategia de la ignorancia es verificable en el hecho que una búsqueda en internet NO muestra el texto del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, ni siquiera el mismo lo circula VTVlandia, mucho menos la prensa alternativa ha divulgado tal proyecto de Ley. Es decir, estos grupos de poder en el gobierno se valen, parafraseando el delito de estafa sancionado en nuestro Código Penal, de artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otros, induciéndoles en error, procurando para sí o para otros un provecho injusto con perjuicio ajeno.

Además de incurrir en el delito de estafa, estos grupos de poder en el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, también violan el Derecho de Petición establecido en el Artículo 51 de la CRBV al ignorar las solicitudes que, tanto individualidades, como organizaciones comunales y políticas le han formulado a la Asamblea Nacional para que, previo a cualquier consulta, publiquen el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales. Simplemente han ignorado hacerlo y además, para ocultar las peticiones, en la Asamblea Nacional niegan sellar como recibido cualquier solicitud al respecto. La excusa que dan en la Asamblea Nacional es que les robaron los sellos.

Violar el Derecho de Petición establecido en el Artículo 51 de la CRBV, es violar el "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia". que ha de reinar en nuestro país, establecido en en el Artículo 2 de la CRBV. Esta violación al Derecho de Petición, como referimos en el siguiente párrafo, igualmente elimina cualquier efectividad de la participación comunal, ya que el RESPETO al Derecho de Petición es la piedra fundamental que le da vida a la existencia de un "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia". Al negarse este Derecho de Petición, como se ha denunciado reiterativamente, y el Estado Venezolano nada ha hecho para restaurarlo, por mucho que se tongonee con declaraciones tratando de afirmar lo opuesto, el Estado Venezolano mas bien consolidad su condición que violenta el "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia".

Tan es así que con esa negativa al Derecho de Petición de publicar, previo a cualquier consulta, el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales, estos grupos de poder en el gobierno que se han apoderado de tal iniciativa violan también el Artículo 132 de la CRBV ya que eliminan las posibilidades de que cada individuo pueda (como se establece en el referido artículo constitucional) "… participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social."

Mientras el Estado Venezolano permita el que estos grupos de poder dentro del gobierno sigan actuando con impunidad plena a lo largo y ancho del país, hecho confirmado recientemente por el Fiscal general de la República, Tarek William Saab, al haberse visto obligado a solicitar al TSJ el trasladar desde tribunales del Estado Miranda a tribunales de la Ciudad Capital un caso de violación de los Derechos de La Mujer porque en el Estado Miranda estos grupos de poder dentro del gobierno estaban (desde que se presentó la denuncia ante la Fiscalía en el 2019 y como lo han hecho con otras muchas más) obstaculizado el acceso oportuno a la justicia a una compatriota, seguirán abiertas las ronchas que sobre Violación a los Derechos Humanos se les atribuyen al Estado Venezolano.

Es pertinente acotar que el referido caso se había hecho público varias veces en el programa Zurda Konducta y, como con otras denuncias, en violación al Derecho de Petición, se había ignorado, tal como también fue ignorado (antes de ser asesinada) el femicidio de la joven estudiante de UNEARTE.

Así, en la esperanza que se establezca un sistema de denuncias fiable para restituir en Venezuela el "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia" vía el estricto cumplimiento del Derecho de Petición para así, además de contar con justicia oportuna, evitar (como se menciona en el Ecclesiastes 1-9) que la corrupción sea la marca de nacimiento de las Ciudades Comunales, si existe un Dios, que ilumine nuestros pensamiento para entender el misterio de su existencia, salvando nuestras almas, si alguna tenemos. Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata. Levantemos la cara y con ella nuestra mirada al infinito inspirador eterno nos guiará a que juntos hagamos que Nazca lo que tenga que nacer y se destierre la maldad de la oposición en Venezuela.



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Sergio Rojas


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