29 de Enero - Perú actualizó el viernes la cifra de petróleo derramado en el Pacífico frente a una refinería de Repsol y casi duplicó la cantidad previa al indicar que sumaban al menos 11.900 barriles en una tragedia que ha calificado como el "peor desastre ambiental" en su capital en las últimas décadas.

El anuncio ocurre horas después de que un juez peruano prohibió salir del país por 18 meses al director local de la española Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, tres gerentes y un funcionario estatal, investigados por el presunto delito de contaminación ambiental luego del derrame.

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, indicó a periodistas que "el nuevo estimado es de 11.900 barriles", al menos 1,8 millón de litros de petróleo, y añadió que la cifra podría ir aumentando. Repsol brindó luego una cifra menor a la oficial y calculó el derrame en 10.396 barriles

Ramírez indicó que la marea negra se extendió por 44 kilómetros lineales del litoral y contaminó en total más de 116 kilómetros cuadrados entre mar y tierra, una área poco más grande que París.

Tras producirse el derrame el 15 de enero, Repsol informó que se habían vertido siete galones —unos 26,5 litros— tres días después 6.000 barriles.

Repsol también comunicó el viernes que sus funcionarios, el embajador de España en Perú, Alejandro Alvargonzález, y Carlos Jaico, el secretario general del despacho del presidente Pedro Castillo, se habían reunido en una cita no pública el lunes en la embajada de España en Lima.

El reconocimiento de la cita ocurre luego que el jueves la televisora local Latina reveló la reunión que no fue difundida por ninguna de las tres partes. La embajada española en Perú y el secretario presidencial peruano, no han comentado al momento sobre el encuentro.

Repsol dijo en un comunicado que la cita privada "tuvo cómo único fin escuchar las quejas y exigencias de la administración peruana, con vistas a discernir mejor los mecanismos que permitan canalizar el pago de las indemnizaciones que pudiera corresponder a los afectados, así como los compromisos vinculados a la limpieza y remediación del mar y el litoral peruano".

The Associated Press escribió correos electrónicos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, así como al secretario general del despacho del presidente Pedro Castillo para saber qué temas se trataron en la cita, sin obtener una respuesta al momento.

Durante la jornada, la empresa italiana propietaria del buque "Mare Doricum" —desde el que se descargaba el crudo al momento en que supuestamente azotó un fuerte oleaje atribuido a una erupción volcánica submarina cerca de Tonga— dijo el viernes que estaban transfiriendo a otra nave el resto de la carga de su buque petrolero anclado en el puerto de El Callao.

Perú prohibió zarpar al buque italiano, propiedad de Fratelli d’Amico Armatori S.p.A, y ha indicado que si la nave decide abandonar el país debe pagar una fianza de 37,5 millones de dólares.

Más temprano, el juez Romualdo Aguedo —de la corte de Puente Piedra-Ventanilla, cerca del derrame— dijo que prohibía la salida de los ejecutivos de Repsol porque existe un "potencial peligro de fuga... por la facilidad y continuidad para salir del país", mostrado en años recientes.

Los abogados de los imputados no apelaron la decisión judicial, pero en la víspera precisaron que la solicitud de la fiscalía no es necesaria, ni proporcional. En Perú el delito de contaminación ambiental se castiga con entre 4 y 6 años de cárcel.

La audiencia fue virtual por las restricciones que en Perú rigen a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus luego que el país declaró el inicio de una tercera ola de contagios a inicios de enero.

Los trabajos de más de 2.000 peruanos —contratados por Repsol y sus subsidiarias— continuaban para limpiar la costa y el mar peruano, uno de los más biodiversos del mundo. Al momento las autoridades afirman que 713 hectáreas de mar y 180 hectáreas de tierra han sido contaminadas.

Perú declaró en emergencia ambiental al país tras recomendar no asistir a 21 playas en el Pacífico por estar contaminadas tras el derrame, un suceso que el gobierno califica del peor desastre ambiental en su capital en los últimos tiempos.