Megaproyectos en México: impactos en el territorio y respuestas populares

134 proyectos de minería, 70 petroleros, 50 hidroeléctricos, 35 eólicos y 15 de gasoductos en el territorio mexicano. Sobre estos 304 proyectos, se han producido 879 “hechos” conflictivos de carácter ambiental, territorial y laboral en los últimos 12 años. Es el resultado de la base de datos y la cartografía incluidas en la iniciativa “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, que coordinan la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México y De Montfort University de Leicester (Inglaterra).

A partir de informaciones periodísticas, las investigadoras concluyen que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán son los estados con más “hechos” violentos relacionados con la minería; Tabasco, Chiapas y Veracruz sobresalen respecto a los conflictos petroleros. El Espacio OSC, que integra a 19 organizaciones de derechos humanos, denuncia que durante el mes y medio que siguió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México (el 1 de diciembre de 2018), fueron asesinados 14 defensores de derechos humanos y periodistas.

La activista social, anarcofeminista de Ciudad de México y profesora de la UNAM, Norma Ortega-Villar, ha informado de diferentes macroproyectos que atraviesan México y de las respuestas populares, en un acto organizado por el Ateneo Libertario Al Margen de Valencia con motivo del 33 aniversario. Una de las actuaciones destacadas es el Proyecto Integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Estado mexicano, con una inversión inicial de 1.600 millones de dólares y orígenes en 2009. Consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca (Morelos), un gasoducto de 170 kilómetros que recorre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto; entre las concesionarias de las obras de construcción y operación figuran las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás.

Durante años de resistencia, las organizaciones populares han denunciado los impactos del megaproyecto Morelos en las aguas del río Cuautla (utilizadas para el riego agrícola), las emisiones contaminantes, la ubicación en zona de riesgo volcánico (volcán Popocatépetl) y la afección al patrimonio arqueológico. En marzo de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó el incumplimiento por parte del Estado mexicano de los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas respecto a esta iniciativa. “La existencia de seis amparos (presentados ante los jueces por las comunidades afectadas) han derivado en suspensiones provisionales y/o definitivas del proyecto”, reconocía el gobierno de México el 8 de febrero en un documento oficial. El pasado 20 de febrero fue asesinado frente a su domicilio Samir Flores Soberanes, opositor destacado al Proyecto Integral Morelos y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, además de delegado del Congreso Nacional Indígena.

Con una inversión prevista –de carácter público y sobre todo privada- de entre 6.200 y 7.700 millones de dólares y un recorrido de 1.525 kilómetros por cinco estados (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), el Tren Maya es otra de las apuestas del actual ejecutivo; “en abril se publicará la convocatoria para la construcción (licitaciones) del Tren Maya para turistas, pasajeros nacionales y transporte de carga; en cuatro años, una vez terminada esta red de comunicación, se tendrá una capacidad para trasladar a tres millones de visitantes al año y aumentaremos la afluencia de turistas a las zonas arqueológicas del Mundo Maya y a las ciudades de Chetumal, Mérida y Campeche”, ha afirmado López Obrador. En 2017, México fue el sexto país del mundo en llegada de turistas internacionales (39,3 millones) y el turismo representó el 8,7% del PIB.

Sin embargo científicos, organizaciones ecologistas y de indígenas remitieron una carta el 15 de noviembre al presidente del país, en la que recuerdan que el Tren Maya y el Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec (en Oaxaca y Veracruz) se asemejan a otros megaproyectos, “como los promovidos dentro del Plan Puebla Panamá”, que ofrecían también un supuesto “progreso” y “desarrollo” para México.

Las organizaciones han advertido, asimismo, de posibles afecciones del Tren Maya a la Reserva de la Biosfera Calakmul (Campeche), que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) identifica como “la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América”, y que acoge ocho de cada 10 especies vegetales de la Península de Yucatán, 350 especies de aves y un centenar, de mamíferos; otra de las amenazas recae sobres las poblaciones de jaguar (en México hay 4.800 jaguares en vida silvestre, según el censo de 2018; Calakmul acoge una de las poblaciones más importantes). Una perspectiva más amplia de la infraestructura es la que exponen los investigadores Salomé Cabrera Romo y Sergio Prieto Díaz en el artículo “Más allá del tren y lo maya: el neoextractivismo con ‘rostro humano’” (Rebelion.org, diciembre 2018).

En este contexto de grandes obras, el Gobierno Federal impulsa una idea que en México se retrotrae al menos al siglo XIX: conectar el Pacífico y el Atlántico; así, el ejecutivo considera “prioritario” el denominado Corredor Transístmico o Transoceánico, que plantea –con el Canal de Panamá como referencia- la conexión entre los dos océanos a través de puertos, vías ferroviarias y carreteras (300 kilómetros de tendido de ferrocarril entre el Puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, y el de Coatzacoalcos, en Veracruz); el corredor está asociado al Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que incluye, según explicó López Obrador en la presentación, “la rehabilitación de vías férreas, las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, la ampliación de carreteras y la modernización de puertos y aeropuertos”; “a lo largo del Itsmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado”, apuntó el coordinador del Programa, Rafael Marín Mollinedo; el objetivo es “competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”, añadió. Los Presupuestos de 2019 asignan una partida de cerca de 360 millones de dólares al Tren Maya y el Corredor Transístmico (más de 300 millones a la primera infraestructura).

Otra actuación “estratégica” es la construcción de una refinería de la petrolera estatal Pemex en el Puerto de Dos Bocas (municipio de Paraíso, Tabasco), que concluirá –según fuentes oficiales- en un plazo de tres años y tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles de hidrocarburos diarios. En noviembre, la ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) interpuso una denuncia ante la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente por el desmonte “ilegal” de vegetación en un predio de Dos Bocas; la agencia pública multó a la empresa responsable de la tala irregular de manglares, y le obligó –como medida compensatoria- a un programa de reforestación del mangle en 82,8 hectáreas y otro para la preservación de la fauna y flora silvestres. ¿Qué importancia tienen las sanciones? “Si el Gobierno Federal desea seguir adelante con el proyecto de construcción de la refinería en el predio, deberá someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y solicitar el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales”, valoraron el CEMDA y Greenpeace.

Además de las movilizaciones contra las grandes infraestructuras, Norma Ortega-Villar subraya la denuncia pública que los movimientos populares hacen de los megaproyectos y la represión estatal. Por ejemplo, el pronunciamiento del 6 de marzo de la Tercera Asamblea del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN recuerda la desaparición el pasado 23 de agosto del activista Sergio Rivera Hernández, quien “luchaba contra la compañía minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala en la Sierra Negra de Puebla”; el comunicado afirma que la consulta a los pueblos indígenas -por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)- sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, el Tren Maya y el Corredor Transístmico es “una burla para su convalidación”.

Norma Ortega-Villar también informa del pronunciamiento emitido el 8 de marzo por el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la toma de Decisiones, tras la reunión en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. “Alto al despojo de nuestros territorios y a la violencia feminicida”, se titula la declaración. El movimiento rechaza las consultas realizadas por el Gobierno de México, “ya que no están siendo previas, libres ni informadas como establecen los convenios y tratados internacionales”. Además, “proyectos como el Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, las Zonas Económicas Especiales, Sembrando Vida o la termoeléctrica de Huexca buscan explotar y saquear nuestros recursos”.



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