«Es lo más grave que pudiera haber sucedido jamás en un sector político. Nunca antes en la historia se vio algo parecido: que un político venezolano fuera a buscar mercenarios en el mundo para invadir a Venezuela y asesinar al Presidente y a todos sus contendientes políticos. Asesinar a quien fuera. Licencia para matar. Creo y puedo apostar que nunca más se verá en la historia de Venezuela que alguien haga eso», recalcó el mandatario venezolano durante una reunión con la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19.
El contrato les permitiría «tomar el control petrolero, económico y financiero. Sustituyen la constitución y el país se regiría por un contrato», agregó el presidente Nicolás Maduro.
Para la abogada Cilia Flores, esposa del Presidente venezolano, el contrato «deja en pañales al decreto de Pedro Carmona Estanga de 2002», que también derogaba la Constitución. «Este contrato no sólo lo hace, sino que le paga a mercenarios para que invadan al país y violen nuestra soberanía», explicó Flores. Además, denunció que el contrato establece la pena de muerte, pues textualmente dice que, «si los individuos representan una amenaza para los contratistas o los inversores firmantes, se podrá usar la fuerza contra el objetivo, incluyendo la fuerza letal».
Ante esta nueva arremetida imperial, por la cual se encuentran detenidos más de 20 personas involucradas, entre ellas dos ex boinas verdes estadounidenses, el presidente Maduro instruyó a todas las autoridades a difundir el contrato y a detallar las agresiones ejecutadas por la derecha venezolana, con respaldo del gobierno de Estados Unido (EEUU) y Colombia.
«Nosotros tenemos que seguir luchando por otro mundo, por el respeto a la vida, por una Venezuela que se rija por la constitución», indicó el mandatario venezolano.
El presidente Maduro pidió al poder judicial y ciudadano analizar e investigar todo el contrato, que consta de ocho páginas más 42 páginas de anexos. «¡No es cualquier cosa! Espero que los fiscales y tribunales juzguen a fondo todo este contrato, todo este plan macabro, y se haga un juicio histórico y ejemplar que sirva para la defensa de la soberanía y de la institucionalidad», puntualizó.
El contrato, que firmó Juan Guaidó con Silvercorp USA por 212 millones 900 mil dólares, contemplaba asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
«Estaban autorizados para eliminar elementos militares del régimen, o elementos no militares terroristas, tales como venezolanos de consejos comunales, soldados, cualquier venezolano; aeronaves, así como el uso de cualquier tipo de armas, minas autoactivadas o de comando», explicó esta semana el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Guaidó permitiría al mercenario Juan Goudreau mediante el contrato, usar en Venezuela todo tipo de armas convencionales, incluyendo minas autoactivadas, entre otras armas letales. Tenía previsto cancelar al contratista un anticipo no reembolsable de 1.500.000 de dólares.
La cadena de mando incluía a Guaidó como Comandante en jefe, a Sergio Vergara como supervisor del proyecto y Juan José Rendon como jefe de estrategia.
Contrato firmado por Guaidó viola la Carta de la ONU
El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó este sábado que el contrato firmado por el diputado de Juan Guaidó con la empresa de «contratistas» estadounidense SilverCorp «viola la carta de las Naciones Unidas. Está fuera del marco del derecho internacional, disuelve los principios que los Estados deben manejarse», aseveró el canciller venezolano.
En este sentido, recalcó que el Gobierno Nacional está compilando la información necesaria para debatir en el Consejo de Seguridad de la ONU, a más tardar el próximo lunes, lo ocurrido tras la incursión terrorista. Para esto, se está evaluando el rol del gobierno de Colombia en esta invasión y su responsabilidad penal.
El pasado miércoles, el jefe de Estado venezolano instruyó a Arreaza a sumar estas acciones terroristas a la demanda que tiene Venezuela contra EEUU en la Corte Penal Internacional (CPI). «Se emitirán informes con videos que se suma a la demanda en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Estados Unidos», enfatizó en esa oportunidad.
