31 Ene. 2020.- El Gobierno del presidente de Colombia Iván Duque, protege a prófugos de la justicia venezolana involucrados en diversos delitos contra el patrimonio público y la estabilidad social el país, desde su asunción al poder en el año 2018.
La intención de legitimar los delitos cometidos por venezolanos residentes en el vecino, también ha contado con el apoyo político del dirigente de la ultraderecha, Juan Guaidó, como parte de su estrategia desestabilizadora contra el Estado venezolano, y auspiciada por el gobierno de EEUU.
Guaidó el 2019, solicitó al mandatario colombiano dejar sin efecto la extradición de la empresaria Suyin Navarrete, quien es solicitada por fraude electrónico a la Gobernación del estado Aragua por casi 16 mil millones de bolívares, unos $4 millones, aproximadamente.
El narcotraficante Yoel Palmar Vergel, también contó con la protección del dignatario colombiano al suspender su extradición en diciembre del 2018, con la excusa de que la situación de “crisis humanitaria” en Venezuela podría en riesgo su vida, debido a “secuelas de un extremo sobrepeso”.
También, a solicitud del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, el gobierno colombiano se niega a extraditar a el atleta Oscar Arapé, incurso en la falsificación documentos de la FeveTriatlon desvío de más de 700 mil dólares.
El Ejecutivo de Duque, plegado a las acciones y ataques políticos y económicos contra el país, también se ha negado a dar continuidad a la extradición de María Ramos Baez, aprobada por el expresidente neogranadino, Juan Manuel Santos en mayo 2018.
Ramos Baez fue procesada en el año 2015 por fraude a la nación, a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), reseñó este viernes el blog de investigación la Tabla.
Otro de los favorecidos con la negativa de Duque, a solicitud del autoproclamado presidente, es Ricardo Mora, involucrado en el asesinato del representante campesino Reyes Parra, en Barinas.
