Me extrañó muchísimo, cuando en días recientes el gobierno de Maduro, que no deja de ser el gobierno legitimo e institucional del país, por medio de la vocería oficial, expresada en los hermanos Rodríguez, y también por el mismo, empezaron a nombrar de manera sorpresiva a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este organismo regional de salud es co-relativo a la OEA, es mas OEA que ONU, es afín a Luis Almagro, no es casual ni fortuitito que gobiernos de derecha como el Colombiano, siguiendo la misma línea anti Organización Mundial de Salud (OMS) de Trump, la hayan descartado y solo trabajan con la regional u OPS; y de repente vi al comando político, muy encompinchados con la Organización Panamericana de la Salud. Debo decir que me extrañó pero por no tener donde investigar, lo deje así, pero ya los hechos han destapado el por qué del compañerismo Gobierno-OPS y es nada menos y nada más que esta, es garante de un pacto (Soterrado), entre el gobierno de Maduro y el sector que encabeza Guaidó (El G-4) desde la Asamblea Nacional ilegitima.

Debo aclarar que mi cuestionamiento a este pacto, es desde las ópticas jurídica, moral y política. En lo jurídico puesto que tanto Guaidó como su tendencia y sobre todo, sus actos han sido catalogados por el gobierno oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, entiéndase TSJ, como terroristas y traidores a la patria y sus conductas que están penalizadas; es una necedad preguntarle a la Sala Constitucional, si son o no terroristas, ganan tiempo los terroristas de Vanguardia Popular con la pregunta de Perogrullo, a la sala constitucional no le debe quedar otra repuesta que es un si obvio. Con una persona que tiene orden de aprehensión y citación y está en franca contumacia en contra de la Republica, legalmente, no se debería negociar, es el deber ser.

Y el cuestionamiento ético-político, es producto, por un lado, se condena a Guaidó y su grupo político, calificándose como de terrorista y se sataniza públicamente, más que todo mediáticamente, precisamente por los Rodríguez, más concretamente por el ministro de información Jorge Rodríguez, pero a escondidas se está negociando con ellos, y se llega a un acuerdo de espaldas al país; esto ético-políticamente es reprochable y si estamos hablando de revolucionarios, el reproche tiene características de condena puesto que los principios dentro de una revolución valen más que las leyes escritas y deben respetarse y acatarse y castigar su transgresión.

Aunque, según el ministro, los motivos del acuerdo son nobles, puesto que se trata de combatir la pandemia del coronavirus, en donde están inmersos intereses colectivos y nacionales, esto sería una causa que solo reduce la condena pero no la puede condonar puesto que hay valores superiores a ellos como la legalidad, los principios revolucionarios que deben ser inquebrantables, la honestidad de los medios políticos y sobre todo la transparencia que debe privar a toda democracia participativa y protagónica; por otro lado habrá que ver que tan eficiente y "salvador" es ese programa en done está involucrada la OEA-OPS, yo dudo mucho que ante unas personas tan miserables y usureras, lo sea.

Y advierto, porque he escuchado al gobierno invocar razones de seguridad para no implementar los mecanismo de consulta, rendición de cuentas, asamblea y decisión democrática, inherentes a una democracia participativa y protagónica, me recuerdo en los diálogos de Oslo y Barbados. No se puede presumir de democrático, por un lado y por el otro decirle al pueblo que lo que se está negociando no se puede informar por asunto de seguridad; al priorizar la seguridad por arriba de la democracia, ya no eres democrático, ya eres autoritario y priorizas la seguridad por arriba del valor democracia. Cuando se pide una consulta popular si se va o no se va a una guerra, en la consulta no se devela la estrategia y la táctica militar sino simplemente se consulta sobre la guerra, una vez aprobada esta por referéndum corresponde a los comandos implementarla, ha de suponerse de forma secreta, esto lo digo previendo al argumento (No democrático y no transparente) del gobierno para negociar en secreto, a espaldas del pueblo y de sus propias bases anteriormente.

Ahora este pacto de salud no se firmó de la noche a la mañana y por lo que veo, tiene el apoyo de la Embajada gringa, quien desde Bogotá, estuvo de acuerdo y reconocen que tenían meses lográndolo, pero la solución es la "transición" que propone Trump y explicó muy bien Pompeo; una rendición incondicional. En otras palabras les está diciendo "no se hagan muchas ilusiones con ese acuerdo".

Este acuerdo no debe verse desvinculado con la dolarización de la gasolina y la renuncia del estado a la comercialización de hidrocarburos, ambas acciones violatorias a nuestra carta magna, amén de la liberación de precios de facto que es la ocasionante de la hiperinflación que tiene ahogado al 90% del pueblo en la pobreza extrema; se está negociando con los gringos y se está entregando la revolución, en detrimento del soberano y la constitución y se usa como hoja de parra a la pandemia y la salud; lo peor de todo es que esto se está haciendo a espaldas del pueblo y se está justificando con el argumento de "la seguridad" y "la estrategia"; y este acuerdo Maduro-Guaidó con su asamblea ilegitima lo evidencian, amén de todos los diálogos anteriores, en donde se negoció cuestiones de principios, también a espaldas del pueblo; yo creo, además, que la secretidad, no es asunto de estrategia sino una condición que está exigiendo la derecha para no molestar a sus ultrosos internos y lo aprovecha la boliburguesía para evadir la crítica de los revolucionarios y así "pasar agachados".

Como conclusión podemos decir, que el gobierno bolivariano, hoy en franca desviación hacia la derecha y la entrega, debe explicarle al pueblo, todo lo que está negociando con la derecha y en qué condiciones, y no informar cuando esto sea un hecho cumplido, o cuando desde la misma derecha hayan hecho público el acuerdo bajo protesta, como sucedió en este pacto que coloca a la OEA-OPS como rector de unas entregas vigiladas de medicina, cuyo alcance y magnitud se desconoce. Fue el sector talibán de la oposición que protestó el acuerdo, que obligaron al gobierno a informar sobre el mismo, es decir, que la información no vino por hecho cumplido sino después del mismo y por algo eventual un "chichíllido de la derecha ultroso" que se opuso y lo hizo público.

También podemos concluir que los sectores revolucionarios y de izquierda, que es la naturaleza de la revolución bolivariana, aunque está tomada por pro-derechistas y arrepentidos que a la par que la van desviando hacia el capitalismo, hablan de socialismo y revolución hasta en la sopa (Mutuantes o falsos profetas), no podemos permitir que se esté negociando el destino de los venezolanos a nuestras espaldas pero esto más que todo lo debe reclamar y accionar ante los organismos competentes, es el pueblo, ya que una información tan vital forma parte de una democracia participativa y protagónica, evadir o no dar esta información es inconstitucional; no puede una derecha endógena que está entregando el 27-F-89 y hasta el mismo 4-F-92 y 27-N-92, alegando haber sido comandantes de esas gestas, porque ellos no son "los dueños" del proceso como pretendió hacerlo Páez después de la Independencia hace 200 años; se les debe exigir rendición de cuentas e información, aparte que por principio no deberían negociar nada si previamente no lo han consultado con el pueblo y este lo ha aprobado democráticamente.