El pasado 23 de enero de 2019, un diputado de la Asamblea Nacional -actualmente en desacato- se "autoproclamó" -en una plaza de la ciudad de Caracas- Presidente Interino de Venezuela, alegando una absurda interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, sobre un supuesto "abandono" del cargo por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Un hecho sin precedentes en la historia política venezolana, que llamó la atención del mundo entero, ya que algunos paises de Europa, America Latina, los Estados Unidos de América, entre otros, reconocieron este insólito hecho.
Por otra parte, la mayoría de los países del mundo, así como el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y otras organizaciones internacionales y foros multilaterales, desconocieron la mencionada "autoproclamación", subrayando el acontecimiento como un acto deplorable y como un precedente negativo para los sistemas democráticos en el hemisferio.
Ahora bien, el pasado 20 de mayo de 2019, se llevó a cabo unas elecciones libres y democraticas para elegir al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, donde con más del 60% de los votos escrutados resultó ganador el candidato Nicolás Maduro Moros. Este elección presidencial contó con todas las garantias constitucionales y legales, así como con la presencia de acompañantes internacionales. De igual manera, el ente rector, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -como es de costumbre- llevó a cabo el sistema de seguimiento durante todo el proceso electoral hasta el momento de la auditoría correspondiente.
Sobre la base de lo anterior, el candidato electo -con la mayoría de los votos escrutados- asumiría la Presidencia de la República el día 10 de enero de 2019, lo cual ocurrió de esa manera. El Presidente electo, Nicolas Maduro Moros asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2019-2025, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por encontrarse la Asamblea Nacional (parlamento venezolano) acualmente en desacato.
Bueno, a partir del 10 de enero de 2019, el Presidente Nicolás Maduro Moros entró en un segundo periodo constitucional de su mandato, asumiendo todas las competencias del Poder Ejecutivo Nacional contempladas en el artículo 236 de la CRBV.
Ahora bien, surge la interrogante sobre ¿Quien está usurpando funciones como Presidente?
De acuerdo a lo narrado, el diputado a la Asamblea Nacional -actualmen en desacato- ha venido usurpando funciones del Poder Ejecutivo Nacional de una manera continuada y flagrante, a saber, nombra Embajadores, ordena que se apliquen sanciones al paises, promueve embargos de bienes del Estado venezolano en paises extranjeros, hace llamados insurreccionales a la Fuerza Aramada Nacional Bolivariana, promueve invasiones militares foráneas en nuestra tierra, etc.
En cambio, el legítimo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, continua en el ejercicio del poder político que le otorgo el pueblo venezolano, en ejercicio pleno de su soberanía, tal como lo consagra el artículo 5 de la CRBV, ejecutando la acción del Estado venezolano, manejando la politica exterior de nuestro país en defensa de los intereses de patria, y velando día y noche por resolver los acuciantes problemas económicos, productos de las sanciones financieras y económicas mas salvajes que se hayan visto en la historia politica de nuestra region, conjuntamente con el criminal bloqueo impuesto a Cuba.
Venezuela cuenta con un ordenamiento jurídico vigente. Con un Estado social de derecho y de Justicia que permite que todas sus instituciones publicas funcionen de una manera normal, ajustada a sus mandatos y competencias, en estricto apego a nuestra Constitución y las leyes.
Por lo tanto, en Venezuela el unico usurpador resulta ser el diputado autoproclamado, quien no solo se encuentre en constante flagrancia por los delitos de usurpación de funciones pretendiendo concentrar el Poder Ejecutivo (sin votos ni elecciones) y el Poder Legislativo (actualmente en desacato), sino que promueve la apología al delito instigando al pueblo para que vulnere la propiedad privada (delito tipificado en el Código Penal Venezolano), participa -activamente- en el sabotaje a la industria eléctrica venezolana (comprobable mediante su cuenta en Twitter) y hace constantemente llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se subleve, en contra de todos los principios éticos que caracterizan a este cuerpo armado venezolano, poniendo en riesgo la estabilidad política- social y la paz de nuestro pueblo.
El llamado es a denunciar estos actos. No podemos permitir que reine la impunidad en nuestra patria. La Constitución y las leyes venezolanas son muy claras y tajantes a la hora de condenar y castigar estas acciones atípicas y antijurídicas.
Exigimos justicia y respeto a nuestra Constitución, soberania, democracia y autodeterminación como pueblo libre, unido e independiente.
edoalfonso34@gmail.com
