Caracas, octubre 5 - El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los avances del país en materia de protección social a adultos mayores, comunidad sexodiversa (LGBTI), y personas privadas de libertad.

Devoe en su carácter de Agente del Estado ante el sistema Internacional de DDHH, participó en tres audiencias públicas desarrolladas durante el 169º período de sesiones de la CIDH —órgano de la OEA—, que se realizó en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos (EEUU), donde expuso los efectos negativos de las sanciones impuestas por EEUU, Canadá, Suiza y la Unión Europea contra Venezuela.

En su intervención, el representante venezolano resaltó que en el año 1998 en el país habían 387 mil pensionados, posteriormente, en 1999, a través de un sistema de pensiones creado por el Gobierno del presidente Hugo Chávez, más de 4 millones 500 mil personas gozan del beneficio, alcanzando el 100% de cobertura.

“El 51% de las pensiones que se han otorgado en el país no exigen contribución previa, más de 2 millones 329 mil 347 adultos y adultas mayores se les ha garantizado este derecho, aún cuando no hayan cotizado, como parte de nuestra política de inclusión a campesinos, cultores, transportistas, y todas aquellas personas quienes, según la naturaleza de su oficio, no fueron incluidos anteriormente, pero que nuestro Gobierno garantiza su derecho”, subrayó.

De igual manera, el secretario ejecutivo del Consejo de DDHH destacó que actualmente Venezuela cuenta con 148 centros de atención y cuidado de adultos mayores en todo el territorio nacional, además del suministro gratuito de medicamentos para enfermedades crónicas mediante el programa de atención 0800 SaludYA.

Asimismo, precisó que el Gobierno Bolivariano cuenta con una política sostenida en materia de alimentación donde se le da prioridad a las personas de la tercera edad en la adquisición de rubros mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

En cuanto a la matriz de opinión que califica el Carnet de la Patria como discriminatorio, indicó que es utilizado como un mecanismo de Gobierno electrónico que busca fortalecer las políticas sociales de inclusión, y simplificar el acceso del pueblo a los beneficios del Estado.

“Hasta ahora hay más de 18 millones de personas registradas y nos dimos cuenta quiénes requerían el acceso y fueron incluidos a toda la política de protección con la que cuenta el Estado, sin preguntar sus preferencias políticas”, aseveró.

Atención a Privados de Libertad

El secretario de DDHH señaló —en su segunda audiencia en la CIDH— que “en Venezuela no existen presos políticos, sino personas que están condenadas o procesadas por diversos delitos, incluido el homicidio contra particulares, funcionarios públicos y de organismos de seguridad”.

Por ello, recordó que sectores de la oposición venezolana han empleado la violencia reiteradas veces promoviendo golpes de Estado, magnicidios contra el Presidente de la República, y acciones terroristas que han cobrado la vida de decenas de personas.

“El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha promovido diversas acciones a favor de la reconciliación y la paz del país, como la Ley de Amnistía del año 2007, instalación de la Comisión de la Verdad (2016 y 2017), mesas de diálogo y constantes llamados a la reconciliación nacional, pero hay sectores que solo apuestan por la violencia”, dijo.

En ese sentido, manifestó que la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, ha recomendado medidas sustitutivas a la privación de libertad, como resultado de la revisión de las causas penales, del análisis de las solicitudes presentadas por familiares y abogados y de las entrevista con privados y privadas de libertad.

“Eso permitió que en 2017 y 2018, 192 personas privadas de libertad fueran beneficiadas con las medidas sustitutivas”, comentó.

Bloqueo Económico

En relación a las medidas coercitivas y de bloqueo que atentan contra la estabilidad económica de Venezuela, Devoe denunció en la CIDH la agresión permanente que sufre la economía nacional, producto de las acciones unilaterales impuestas por el imperialismo y la Unión Europea.

“Más de 20 millones de dólares perdidos por la necesidad de ejecutar operaciones de cambio de divisas y más de 37 millones de dólares en pérdidas producto de las trabas operativas impuestas por navieras y puertos internacionales“, expresó.

Ante ese panorama, recordó a los Comisionados de la CIDH que las medidas de boicot dificultan el uso del sistema financiero internacional, y las transacciones para la adquisición de bienes y servicios.