La ONG Espacio Público, informó que en los últimos dos meses al menos 26 personas fueron detenidas, en general por difundir mensajes en línea críticos al gobierno o que cuestionaran a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general informaciones u opiniones relacionadas con altos/as funcionarios/as y su círculo cercano.
De estas, 9 personas corresponden a Whatsapp; cuatro por publicar en Facebook; tres en Instagram y dos en Twitter; una por sitio web y otro sin identificar. Seis personas difundieron en varias plataformas de forma simultánea.
Entre los casos por mensajes de Whatsapp se encuentran:
Darelis Corales, detenida el 27 de marzo tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado portuguesa por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La detención ocurrió tras haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.
Elio Mendoza, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 01 de abril. Sus familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. En realidad, el motivo de la llamada era falso y lo detuvieron por el reenvío de un mensaje en cadena a través de WhatsApp. El mensaje involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Le imputaron los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del TSJ.
Tania Rodríguez, detenida el 3 de abril. Ex trabajadora de Sidor, fue privada de libertad por funcionarios de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en su residencia en el estado Bolívar. La razón fue el reenvío de un mensaje por WhatsApp, Rodríguez consultó sobre la veracidad de la información que involucraba a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Tania fue presentada en tribunales por el delito de "instigación al odio", recibió medida privativa de libertad en arresto domiciliario.
Luis Araya, médico ginecólogo, adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora del estado Lara, fue detenido el 15 de abril, sin orden judicial, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gobierno de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp. Posteriormente, Araya fue liberado bajo medida cautelar de presentación cada 30 días, luego de ser presentado en tribunales de Carora, estado Lara. Se le imputó el delito de instigación al odio.
Darío Salcedo, sindicalista y trabajador de INSOPESCA, fue detenido el 5 de mayo tras realizar denuncias, a través de Twitter y Whatsapp contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales. El 17 de abril, Salcedo publicó un mensaje en su cuenta Twitter citando un tuit publicado por otro usuario, en el que hizo mención crítica a Dante Rivas, actual ministro para la Pesca. Salcedo también envió un audio a través del servicio de mensajería Whastapp a Carmen Hinojosa, Directora de Recursos Humanos de INSOPESCA, rechazando el incremento del costo del paquete de alimentos ofrecido en la institución pública. De acuerdo a la organización Provea, funcionarios del CICPC allanaron sin orden judicial la vivienda de Salcedo en compañía del Fiscal Brayan Ayala, quien mostró una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana de Caracas 19. El 24 de mayo, el Tribunal 35° de Control ratificó la privativa de libertad contra Darío Salcedo, justificó su decisión en el artículo 20 de la «ley contra el odio». Se ordenó la reclusión del trabajador en el «Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio» en el estado Guárico, en el centro de país 20.
Andreina Urdaneta, aprehendida el 26 de mayo. Médico residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital Adolfo D’Empaire del estado Zulia por la publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, a través de la cual denunció la falta de insumos médicos. El 27 de mayo fue presentada ante el Circuito Judicial Penal de Cabimas, donde se le dictó privación de libertad, por el presunto delito de incitación al odio.
Para Espacio Público la opinión y la expresión no son judicializables bajo ningún concepto de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
Con información de Diario La Verdad, Espacio Público y redes sociales