México: indagar a fiscales, no a jueces, exigen familiares en el caso de los 43 de Ayotzinapa

Manifestación realizada ayer en el Monumento a la Revolución, México

Manifestación realizada ayer en el Monumento a la Revolución, México

25 de septiembre de 2022.- Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron a conocer que no acompañan “la pretensión de denunciar penalmente” a jueces que han absuelto a implicados en este caso, ello luego de que el viernes pasado el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, quien ha liberado a 120 acusados.

Asimismo, la representación jurídica de los familiares de las víctimas, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenaron la divulgación ayer en redes sociales del supuesto informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), presentado ante los medios de comunicación en agosto pasado con parte de su contenido testado debido a que, se informó, hay temas que están en proceso de judicialización y son “datos de carácter procesal que no se deben entorpecer”.

Respecto a la denuncia contra Ventura Ramos “por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”, el Centro Prodh señaló que no acompañan estas acciones, ya que “fiscales y (agentes de) ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo”.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, dijo que debido a que las personas absueltas estaban acusadas con la versión de la mal llamada verdad histórica, construida en la administración anterior del ex presidente Enrique Peña Nieto, “en realidad no es sorpresivo que se estén dictando estas sentencias, ya que mucha de esa prueba (contra los acusados) es ilegal o se obtuvo acudiendo a la tortura”.

Por ello, “no nos parece que lo principal sea señalar responsabilidades del Poder Judicial”. Más bien “deberíamos de estar hablando de cómo rinden cuentas los fiscales y los ministerios públicos que con base en la tortura construyeron una investigación manipulada y propiciaron que después se dictaran estas sentencias absolutorias”, comentó a La Jornada.


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