5 de agosto de 2022.- Por cuarto día consecutivo, Israel impidió hoy la salida de trabajadores y enfermos de la franja de Gaza, así como la entrada a ese territorio de productos de primera necesidad, entre ellos combustible.
Las autoridades de ocupación siguieron impidiendo la circulación de personas, incluidos pacientes y casos humanitarios, a través del puesto de control de Erez, ubicado en el norte del enclave costero, denunció la agencia de noticias Maan.
Precisó que anoche las fuerzas de seguridad israelíes bloquearon la salida de cuatro enfermos que necesitan de forma urgente tratamiento en el extranjero.
Por su parte, el Comité Presidencial para la Coordinación del Ingreso de Mercancías a Gaza señaló que Tel Aviv mantiene paralizado el cruce de Kerem Shalom, que se dedica al transporte de productos como el combustible, lo cual amenaza con impedir el funcionamiento de la única central eléctrica de Gaza.
Precisamente, Rafiq Maliha, gerente general de la planta, alertó sobre el peligro de cierre inminente de esa instalación por falta de diésel.
Desde el martes Israel reforzó la presencia militar y policial en la zona fronteriza con ese territorio horas después del arresto del jefe en Cisjordania de la Jihad Islámica, Bassam al Saadi, lo cual provocó manifestaciones y duras condenas de diversos sectores palestinos.
Al Saadi fue detenido en el campamento de refugiados de Jenin, norte de la Ribera Occidental, durante una redada que desató enfrentamientos y causó la muerte de un palestino menor de edad.
Las Fuerzas Armadas israelíes también paralizaron el tráfico de carreteras a lo largo del área cercana a las fronteras con Gaza, y de trenes entre las ciudades de Ascalón y Sderot. También prohibió a los bañistas acudir a la playa de Zkim.
Recientemente la ONG Oxfam denunció que el bloqueo que aplica Israel desde 2007 contra la franja de Gaza impacta cada aspecto de la vida diaria de 2,1 millones de palestinos, 41 por ciento de ellos menores de 15 años.
Ese cerco tiene efectos devastadores para la población civil del territorio al limitar la importación de bienes esenciales, incluidos materiales de construcción, paralizar el comercio interno palestino y las exportaciones, cuestionó.
Oxfam alertó que esas acciones equivalen “a un castigo colectivo que está explícitamente prohibido por el derecho internacional humanitario en el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra”.
Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el costo acumulado del cierre y de las restricciones económicas totalizaron 16 mil 700 millones de dólares de 2007 a 2018, una cifra equivalente a seis veces el Producto Interno Bruto de la franja.
