El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador analizará en horas de la tarde del sábado el pedido para destituir al presidente Guillermo Lasso presentado por un grupo de legisladores de oposición, tras 13 días de movilizaciones indígenas en el país suramericano.
El presidente del Parlamento ecuatoriano, Virgilio Saquicela, convocó a los legisladores a partir de las 18H00 locales para analizar el pedido de destitución del presidente Lasso por petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.
La bancada de Unión por la Esperanza (Unes), con 47 firmas, solicitó el viernes la salida del poder de Guillermo Lasso, que asumió el cargo en mayo de 2021.
La Constitución señala dos causales para pedir la destitución de un mandatario: arrogarse funciones que no le corresponden, y por grave crisis política y conmoción interna.
La solicitud de Unes se basa en la causal de destitución por grave conmoción interna debido a la situación actual, marcada por las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y respaldadas por numerosos sectores de la población, como estudiantes, trabajadores, campesinos, mujeres y otros.
Una vez concluída la deliberación los diputados contarán con un máximo de 72 horas para resolver sobre el pedido de destitución. En caso de ser aprobado, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero.
Para avanzar el pedido contra el presidente Lasso, se requiere 92 de los 137 votos posibles en el Congreso, en el cual la oposición al mandatario es mayoría.
De ser destituido el presidente Guillermo Lasso, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador deberá convocar a sufragios presidenciales y legislativos, en un lapso de siete días.
La sesión parlamentaria ocurrirá a pocas horas de la denuncia hecha por el mandatario Lasso sobre intentos de derrocar al Gobierno, por parte del presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
El Paro Nacional fue convocado el 13 de junio por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al que se han sumado otros colectivos sociales.
La protesta fue impulsada contra el aumento de los combustibles y otras demandas relacionadas al empleo, la producción agrícola y el endeudamiento de los sectores campesinos.
Sin poder concretar un diálogo que acerque la posición de las comunidades con el Gobierno, la tensión en las calles creció y, en medio de una dura represión policial, se agravó la crisis política.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, hasta el jueves 23 de junio se habían registrado en el contexto de las manifestaciones cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones.
Con información de Telesur / ActualidadRT