La Convención Constituyente aprobó que las instituciones policiales serán civiles: termina así con la doctrina de seguridad nacional y democracia protegida instalada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973 – 1990).

Durante la jornada del 9 de mayo, el órgano constituyente deliberó el último informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político y el cual tenía varios artículos referidos a la Policía y las Fuerzas Armadas. La norma que más llamaba la atención era la n°19 del documento, puesto que establecía que las policías serán civiles y fue aprobada con 109 votos a favor, 11 abstenciones y 33 en contra.

La norma señala que los cuerpos de Policía dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y "son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias".

El abogado defensor de derechos humanos y convencional constituyente Manuel Woldarsky señaló a Sputnik que es "importante la circunstancia que las policías en Chile ya no sean nunca más militarizadas, puesto que nos saca de ese paradigma de la democracia protegida, que fue una de las peores pesadillas que logró implementar la dictadura ideológica llevada a cabo en la Constitución por Jaime Guzmán".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, comentó a Sputnik que "saludamos ese compromiso que adquirieron los convencionales que saben lo que se sufrió en las muertes, en las mutilaciones y de muchos hombres y mujeres que hoy siguen encarcelados, de los crímenes de la dictadura. Hoy se termina con la doctrina de seguridad nacional".

"Esto implica, que debemos tener una fuerza, como lo es Carabineros, desmilitarizada, que no tenga la lógica del enemigo interno, que no sea que cuando vea manifestaciones se transforme en un castigador o lo que sufrimos en octubre de 2019", agregó la presidenta de la AFEP.

Las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por Carabineros

Desde la formación de Carabineros de Chile (policía militarizada) el 27 de abril de 1927 hasta el presente, funcionarios de la institución han participado en crímenes atroces, desde matanzas realizadas a campesinos y trabajadores previo a la dictadura militar, su rol en los crímenes de lesa humanidad durante 1973 y 1990, hasta las graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019.

Los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) fueron lapidarios en contra del Gobierno de Chile por la actuación de los agentes del Estado, especialmente de Carabineros, a partir del 18 de octubre de 2019: Chile violó masiva y gravemente los derechos humanos.

El informe de la CIDH sobre las protestas en Chile deja constancia de la violación al derecho a la vida; del uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones, incluidas lesiones a personal que realizaba labores de auxilio y asistencia médica; constata un elevado número de personas que han sufrido traumas oculares como consecuencias del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas usados por Carabineros. Además, consagra casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contexto de las detenciones, donde se denuncian "simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes", entre otros actos.

Alicia Lira comentó que "es un avance importante la desmilitarización de Carabineros, porque la historia ha demostrado que durante décadas las masacres a campesinos o trabajadores en distintas partes del país, ha habido masacre por parte de Carabineros con esa lógica de someter, reprimir y asesinar".

"Lo vivimos en el golpe de Estado [de 1973], lo vivimos el 2019 en adelante con el Gobierno de Sebastián Piñera y se vivieron antes. Yo creo que necesitamos una Policía al servicio del país, una policía que tenga integridad y que esté por fuera de lo que es la corrupción", agregó Lira.

Respeto "irrestricto" a los derechos humanos

El pleno del órgano constituyente también aprobó que las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia en la forma y condiciones que determine la Constitución y la ley.

Asimismo, se aprobó que "el ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos".

"Yo celebro que Chile no tenga una policía militarizada, que sean obedientes y no deliberantes. Por supuesto deben cumplir con los requisitos que la acerquen a la ciudadanía sin la necesidad de que sea el funcionario policial mirado con miedo, sino que mirado como un servidor público que busca componer aquello que sea un conflicto entre las personas", señaló Woldarsky.

"La paz es un camino difícil, pero es el camino que la humanidad, como integrantes de la misma especie debemos caminar y el ejercicio del control del orden público, de la seguridad individual, como derechos garantizados no solo por la Constitución, sino que también por los tratados internacionales, tiene que estar asociado a que ese control se ejerza por civiles y de la manera más restringida posible por personal militar o con policial de carácter militarizado", finalizó el constituyente.

El artículo pasó al borrador de nueva Constitución que presentará el pleno del órgano el próximo 16 de mayo en la ciudad de Antofagasta y será la ciudadanía la que decidirá el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución.

8 meses atrás la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional había aprobado  sustituir a Carabineros de Chile por otra institución, en una medida que debe pasar primero por el pleno de la Sala, aunque algunos miembros ya advierten la inconstitucionalidad de la propuesta. (Ver Video).