6 de mayo de 2022.- Agrupaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia denunciaron este jueves, un supuesto paro armado en distintos departamentos, ordenado por el Clan del Golfo, que mantiene a la población en diversas comunidades confinadas.
El anuncio del presunto paro tuvo lugar luego de la extradición a Estados Unidos del cabecilla de esa banda narcoparamilitar, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, reportó la agencia cubana de noticias Prensa Latina.
Los departamentos afectados serian Antioquia, Atlántico, Córdoba, Chocó, Bolívar, Magdalena y Sucre, precisó un comunicado emitido por la Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la labor de líderes y personas defensoras de derechos humanos de Antioquia.
En el caso de Antioquia las regiones más afectadas son el Bajo Cauca, Urabá y los municipios de Amalfi, Segovia y Remedios de la región del Nordeste y Puerto Berrio en el Magdalena Medio, donde residen alrededor de 881 mil 525 personas, añade el texto.
En estas zonas se ha denunciado de manera sistemática la grave crisis humanitaria, la violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pese a la fuerte presencia de la fuerza pública, señala.
Las personas se encuentran afectadas por el cierre del comercio, la prohibición del libre tránsito de las comunidades, quienes se encuentran confinadas al no poder salir de sus viviendas y en el caso del transporte terrestre y marítimo quedó prohibida toda circulación.
El mensaje ha sido: "la persona o la empresa o cualquier otra que no acate esta orden, no se responde, y será declarado objetivo militar", detalla.
Lo mismo acontece en el Urabá Antioqueño, donde varios bloques del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se le conoce, establecieron que todas las "actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas, entre el 5 y el 10 de mayo a las 12 de la noche", agrega el comunicado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario; a la fuerza pública respetar y proteger a la población civil, y a las instituciones del gobierno, el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales en esas regiones.
Solicitan a la Comunidad Internacional dar seguimiento a esta situación en los territorios y realizar acciones de incidencia ante la institucionalidad para que se implementen operaciones que garanticen la protección de la población.
Anoche, el gobierno de Colombia extraditó hacia Estados Unidos a alias Otoniel y la tal decisión tuvo lugar luego que el Consejo de Estado levantó una medida cautelar para impedir la entrega del narcotraficante y paramilitar.
Este jueves, Otoniel se declaró no culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos y se ordenó su detención en Nueva York a la espera de un juicio.
