(VIDEO) Colombia: Movimientos sociales denuncian violencia sistemática contra el pueblo en general

23.09.20 - Movimientos populares y organizaciones sociales en Colombia hacen un llamado de atención frente a las continuas persecuciones, amenazas y asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.

A raíz del reciente asesinato de Javier Ordóñez, los primeros días de septiembre estuvieron convulsos en el vecino país. Jóvenes, mujeres y ciudadanxs en general se movilizaron en diversas partes de Colombia para protestar contra la represión policial.



Recordemos que el pasado 9 de septiembre, el ingeniero, abogado y taxista Javier Ordóñez fue torturado y asesinado por representantes de la policía cuando este se encontraba en su comunidad, ubicada en la localidad de Engativá, al noroccidente de la capital. El informe preliminar de la necropsia, publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, detalló que Ordóñez tenía lesiones en sus órganos internos y nueve fracturas en el cráneo.

Dos policías lo agredieron a quemarropa con una pistola taser (eléctrica). Minutos antes de su muerte, Ordóñez les clamó que pararan estas acciones pero continuaron los maltratos físicos sin importarles los testigos presentes. Luego, la víctima fue llevada al Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz, donde falleció.

Sobre este caso, hay siete policías implicados, se trata de seis patrulleros y un subintendente. Sin embargo, hasta el momento sólo se han detenido a dos de ellos. En entrevista para Alba TV, Andrés Felipe, militante del Centro de Educación Popular Chipacuy, señaló que la dirección de estos juicios posiblemente demuestre una dilatación detonante en la decisión del juez que lleva este caso de asesinato.

“Precisamente la defensa de los policías abogará que fue un acto de servicio, que lo debe juzgar la Justicia Penal Militar. Uno de estos dos policías ahora se intentó suicidar y lo llevarán a una clínica psiquiátrica. Son formas de dilatar, y eso no es nuevo en Colombia. Lo mismo pasó con el caso de Diego Felipe Becerra, en aquel momento se le iba dictar al policía que disparó a este joven grafitero en la localidad de Suba en el año 2011, pero a punta de dilatación el acusado terminó planeando su fuga”, señaló Andrés Felipe.

Represión policial: una constante en Colombia

Las protestas en contra de la represión policial, que se desataron por el asesinato al estudiante de Derecho y taxista Javier Ordóñez, dejaron un saldo de 13 muertos y más de 400 heridos entre Soacha y Bogotá. El medio de comunicación Contagio Radio publicó un artículo en el que se exponen alrededor de diez delitos cometidos por la policía nacional colombiana en el marco de las movilizaciones. Se refiere a las detenciones arbitrarias, homicidios, tortura y amenaza, tentativa de homicidio, desaparición forzada, entre otras vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo por este ente de seguridad.

Por otro lado, Felipe reflexionó que los cuerpos policiales y militares siguen la implementación del entrenamiento recibido durante la Escuela de las Américas.

“Existía y existe el repertorio de represiones en contra del supuesto enemigo interno, la ejecución de programas como la Doctrina de Seguridad Nacional, los Estados de Sitio, desapariciones forzadas, secuestros masivos por parte de las Fuerzas Armadas, creación de paramilitares, son muestras de una dictadura. Lo que hacen los policías no sólo pasa en Bogotá, en el campo se vive más fuerte, donde no hay cámaras siquiera para grabar y denunciar los hechos”, expuso Andrés Felipe.

Por su parte, Henry Gómez, docente de la capital, sindicalista e integrante del Colectivo ISHA WAIYA de la localidad de Usme al sur de la ciudad, acotó que “Colombia es uno de los países que tiene una policía de carácter represivo y militar, adjunta al Ministerio de Defensa y no al Ministerio de Interior. Eso hace que esta institución actúe como un organismo de represión y persecución”.

Comunidades, lideresas y lideres sociales y jóvenes son los más afectados

“La mayoría de las y los ciudadanos nos vemos afectados. La Policía usa la violencia de manera recurrente. Cuando la o el ciudadano protesta, defiende sus derechos o graba, le decomisan el celular o son golpeados de manera sistemática. En las protestas y movilizaciones sociales, la represión es constante junto al ESMAD, que también es otro aparato de la policía que cuenta con armas de tipo letal, con las que han asesinado a estudiantes, les han sacado los ojos, y sus protocolos no son respetuosos de los derechos humanos. Allí se ven afectados los ciudadanos de a pie y quienes salen a protestar”, explicó Henry Gómez.

Gómez afirmó que existe una vinculación entre el paramilitarismo y la represión estatal en los territorios. “A cualquier tipo de protesta social, hay represión. Pero de la mano de eso están las recientes amenazas de las Águilas Negras contra dirigentes. No es una estructura que se sepa existe sino que sospechamos que puede ser el mismo Estado, porque no tiene comandante ni centro de operaciones, distinto a las otras estructuras paramilitares en las regiones. Sin embargo, estas amenazas, el amedrentamiento y encarcelamiento reciente de compañeros son parte de una política para frenar la movilización social, el inconformismo y organización que crece en Colombia, y la posible derrota en miras de las próximas comicios electorales”.

Zue Quintana Arciniegas coincide en que las agresiones de la Policía Nacional no sólo se da en estos días. “También la policía mantiene lógicas de microtráficos al interior de los barrios, su posición al interior de los territorios es de control social. Las amenazas de limpieza social contra líderes y comunidades son apoyadas por este ente y por los militares. Por eso hablamos de una política constante que implica la represión hacia cualquier persona que piense diferente, independientemente si es niño, niña y adolescente, o persona de la tercera edad. En las recientes protestas, un niño de 17 años fue asesinado”.

“Esta política no es contra un sector en específico, sino contra el pensamiento crítico, antigubernamental y un pensamiento de la esperanza de que una realidad diferente es posible. Creemos que las y los sujetos más afectados por la violación de los derechos humanos es la comunidad en general, al interior del proletariado. A la élite económica y política no le va a llegar con violencia a sus territorios el ESMAD o la Policía Nacional, por ejemplo”, aseguró Quintana.

Situación actual en las localidades de Suba y Engativá, noroccidente de Bogotá

Asimismo, Felipe comentó que en las localidades de Suba y Engativá, zonas donde se padecieron los hechos de mayor violencia contra la ciudadanía, la situación ha estado un poco tensa. “La persecución contra los jóvenes por parte de los patrulleros de los CAI’s se ha arreciado. También juegan en doble sentido con la comunidad adulta mayor, que es el capital político del uribismo. Hacen actividades culturales con esta población, arraigándose de la religión para recuperar su confianza y legitimidad”.

Felipe indicó que la inteligencia militar, policial y medios de comunicación llevan a cabo una campaña mediática de estigmatización contra los procesos comunitarios. “Los definen como bases urbanas de disidencias de grupos armados. Son tan descabellados al argumentar que son réplicas de colectivos chavistas”.

“Pero realmente los sectores populares organizados han venido trabajando para blindarse en los derechos humanos, sin dejar de lado prácticas artísticas y culturales, a pesar de que se ha declarado una persecución por parte del gobierno”, expresó Andrés Felipe, militante del Centro de Educación Popular Chipacuy.

Reestructuración del aparato policial y demandas al Estado Colombiano

Una de las peticiones que elevan las organizaciones sociales tiene que ver con la reforma dentro de la Policía Nacional. “Esta reestructuración pasa por quitarle el carácter militar, para que sea parte del Ministerio de Interior como un organismo civil, e institución que respete los derechos humanos. Con la función de brindar la seguridad de la ciudadanía y no un aparato que reprime. Para esto es necesario el cambio en sus protocolos, funcionamiento y acciones. Desmontar también el ESMAD para que haya otro tipo de policía en las manifestaciones. Este debate está postergado desde la Constitución de 1991”, agregó Henry Gómez.

Aunque tal reforma puede ofrecer mejores condiciones para la agenda popular, Zue Quintana resaltó que no involucra una transformación absoluta en la orientación del gobierno de impulsar la represión en los territorios, universidades, barrios y localidades.

“Porque creemos que es un comportamiento sistémico, que obedece al capitalismo, el cual quiere neutralizar el pensamiento crítico y lucha por el Buen Vivir. Una reforma no implica una seguridad total, sería una victoria parcial, porque siguen estando los militares y ellos son instrumentos que asesinan, matan, violan y masacran. No hay una reforma de todo el instrumento que ejerce el monopolio del poder del gobierno y el Estado donde vivimos”, aseveró Quintana.

Así, las denuncias sobre amenazas, estigmatización, impunidad, hostigamientos y homicidios en Colombia develan una política genocida contra personas de a pie, líderes(as) sociales, DDHH y minorías sociales, en la que el Estado tiene un sinnúmero de acusaciones y responsabilidades.

Según el último informe de Indepaz, de enero al 21 de septiembre de este año, se registran 61 masacres que han dejado 218 muertes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, una investigación realizada por esta organización, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, revela que 971 líderes han sido asesinadxs, en el marco del incumplimiento de garantías para la paz.

En este sentido, el caso de Javier Ordóñez no es un hecho aislado sino que responde a formas de exterminio, terrorismo y exclusión, tan racistas e igualmente clasistas. Rememoremos a Dylan Cruz, un joven estudiante que cuando participaba en un cacerolazo, el pasado 23 de noviembre de 2019, fue asesinado por un representante del ESMAD.

A casi un año de ese momento, sindicatos, organizaciones populares, comunidades y ciudadanos, en defensa de la vida, vuelven a tomar las calles este 21 de septiembre de 2020, para visibilizar las lógicas estatales de persecución, discriminación y estigmatización contra el pueblo.

Con un amplio pliego de emergencia nacional, también denuncian el pago obligatorio de la renta básica que afecta directamente a las comunidades más vulnerables; por otro lado, los sindicatos de los magisterios manifiestan el no regreso a clases mientras el Estado colombiano no invierta en las medidas de bioseguridad necesarias; y otras reivindicaciones de diferentes sectores sociales que conforman la agenda pautada para este día.



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La fuente original de este documento es:
albaTV (http://www.albatv.org/Movimientos-sociales-en-Colombia-denuncian-violencia-sistematica-contra-el.html)



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